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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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02 Octubre 2017 04:08:00
Banderazo a las candidaturas independientes
En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes.

Primero: ¿Cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido) ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas, o la
obstaculiza.

Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cual se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario, o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto en Zapopan, de Alfonso Martínez en Morelia y de Manuel Clouthier en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.

Asimismo, veremos si el poco éxito –por lo menos frente a las expectativas– de las candidaturas independientes en 2017 desa-lienta o no a diversos aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos del Senado. Hay un premio para el Senado: por la vía de primera minoría, puede ser más fácil ganar que una diputación uninominal. Supongo que ese es el cálculo de Kumamoto en Jalisco. Para las alcaldías de la capital del país, o para los nueve gubernaturas, tal vez no proliferen las independientes, aunque en la Ciudad de México, después de la movilización pos-sismo, es posible que la tentación –y la realidad– de captar el mismo entusiasmo por la acción solidaria y el mismo hartazgo con los partidos induzca a ciudadanos de a pie a presentarse. El problema sería el tiempo.

Por último, habrá el tema de los aspirantes presidenciales sin partido. Llegó la fecha fatídica para decidir (no para recaudar el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable). Pedro Ferriz ya lo hizo; le deseo la mejor de las suertes, ya que fue el primero en arrancar, con mucho valor y mostrando mucha perseverancia. Doy por descontado que Armando Ríos Piter también lo hará en el transcurso de la semana, y desde luego cuenta con todo mi apoyo para juntar firmas y recursos. Emilio Álvarez Icaza declaró hace tiempo que sólo buscaría aparecer en la boleta si para agosto juntaba 80 mil firmas de apoyo –sin valor jurídico–, pero no he sabido si en efecto las reunió y si va a presentarse en el INE esta semana.

Y luego tenemos a Jaime Rodríguez, quien deberá resolver un dilema propio y otro que se le plantee al INE. Ha recorrido el país durante los fines de semana desde hace un año, tiene un nivel de reconocimiento adecuado, aunque estable, cuenta con los recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo menos para las firmas, y nadie duda de su ambición. Pero lanzarse por las firmas es lanzarse para la elección, porque con toda seguridad las podrá conseguir. ¿Estará dispuesto a renunciar a la Gubernatura para jugar una candidatura presidencial que en las encuestas hoy no supera los 5%? O el INE aceptará que busque firmas, incluyendo en su propio estado, siendo Gobernador en funciones? ¿Se vale que el Gobernador le pida su firma a un empleado en el Gobierno que encabeza? ¿O el PRI y sus votos en el Consejo del INE y en el Tribunal ni siquiera lo plantearán como pregunta?

Esta semana se despejarán las dudas citadas, y otras más. Nadie sabe para quien trabaja, pero albergo la satisfacción de haber trabajado para una idea que hoy se vuelve realidad. No siempre
sucede.
26 Febrero 2020 04:06:00
Por qué no le gustan los movimientos de mujeres a López Obrador
Ante la obvia incomodidad de López Obrador frente a movimientos sociales o demandas políticas que no controla o que no se ajustan a su agenda, muchos buscan descifrar el origen de su malestar.

Sorprende la insensibilidad de un político conocido justamente... por su sensibilidad, por lo menos en relación a procesos sociales mexicanos, con todo y sus atavismos.

He propuesto una explicación, que desde luego no está reñida con otras: la molestia ante la distracción; la supuesta manipulación por la derecha; la no pertenencia a la lista de metas prioritarias.

En efecto, movimientos sociales –de mujeres, indígenas, estudiantes, trabajadores de las maquiladoras, ambientalistas, centroamericanos o activistas de derechos humanos– que no cuadran con la estrategia de López Obrador pueden descarrilar sus proyectos, o en todo caso, retrasarlos.

Si sumamos a estos una cierta tentación autoritaria de parte del Presidente –aquí el que decide que va y que no va soy yo– se entiende parte de su reticencia ante lo que está sucediendo en estos días en el país.

La otra posibilidad consiste en que todo esto provenga de las raíces político-ideológicas de López Obrador, y hasta que punto su actitud se desprende de un viejo marxismo de antes de los años 70, o si se prefiere el término de Javier Tello, de la vieja izquierda internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, cercana a los partidos comunistas de entonces, pero también a muchos grupos maoístas, trotskistas y castristas. Hoy, algunos partidarios de Bernie Sanders retoman la misma problemática.

Las reivindicaciones sectoriales, para los marxistas de cepa o la vieja izquierda, eran secundarias, o de plano ilegítimas. Por una sencilla razón: se resolverían en automático cuando la contradicción principal (Mao) fuera superada.

¿Cuál era? En los países ricos, la de proletarios y burgueses.

En los países pobres no colonizados, la agraria/rural/campesina. En las colonias o semi-colonias, la liberación nacional. Las contradicciones secundarias –étnicas, religiosas, de género, generacionales, regionales o sub-nacionales– se enderezarían por si solas cuando se consumara el asalta al cielo, al Palacio de Invierno o al Cuartel Moncada.

Lenin vio siempre con desconfianza las demandas secundarias, inclusos nacionales dentro del imperio zarista. El Partido Comunista Francés desconfió del movimiento estudiantil y de jóvenes de mayo de 1968.

Fidel Castro nunca promovió una política de acción afirmativa a favor de la inclusión de afro-descendientes en las instancias dirigentes cubanas, a pesar de que la isla configuraba uno de los ejemplos más racistas de América Latina.

La vieja izquierda norteamericana vio con resquemores los movimientos por los derechos civiles a partir de los años 50, porque líderes como Martin Luther King eran demasiado “gremiales” o reformistas. Y a López Obrador no le gustan las manifestaciones callejeras, mediáticas o de la sociedad civil de las mujeres, porque cuando se consuma la 4T, todo eso se resolverá por su cuenta.

Algunos se preguntarán ¿Qué tienen que ver AMLO con Lenin, Fidel, el PCF o la vieja izquierda estadunidense? Mucho, por que al igual que todos nosotros, es hombre de su tiempo, de sus circunstancias, de la ideología dominante en su entorno, de la historia de la cual procede. Solo unos beatos o ignorantes pueden creerse el cuento de la línea directa de Madero al Peje
21 Febrero 2020 04:01:00
Los petates del muerto de Paco Calderón
Paco Calderón tiene toda la razón al tildar de petate del muerto las advertencias de López Obrador sobre el golpismo y los cantos de sirena al respecto. No existe absolutamente ninguna razón para pensar que sectores del Ejército siquiera contemplen la posibilidad de destituir al actual Presidente, no solo porque supuestamente son leales a la Constitución, a las instituciones, al pueblo, etc. La razón principal por la cual es inexistente tal peligro radica más bien en la perfecta felicidad de las Fuerzas Armadas con el gobernante actual, que les ha dado más oportunidades para crecer e ingresar a ámbitos de los cuales estaban vetados anteriormente y a quienes rinde pleitesía cada vez que puede.

Una razón adicional por la cual se trata, en efecto, de un petate de muerto, es que para que haya un golpe en un país, debe haber algún sector de la sociedad que esté harto del Gobierno en funciones y que busque sustituirlo por otro. Huelga decir que ninguno de los poderes fácticos que podamos analizar hoy -empresarios, Iglesia, Estados Unidos, vieja clase política, sindicatos, etc- alberga el más mínimo deseo de deshacerse de López Obrador. Pueden no estar contentos con él, pero ninguno de ellos tiene la voluntad -algunos dirían las agallas- de recurrir a esos métodos.     

Pero le faltó otro petate a Calderón. Me refiero al de la supuesta investigación de Enrique Peña Nieto por las autoridades mexicanas, entiéndase la Fiscalía, tal y como lo informó ayer el Wall Street Journal. El diario ofrece como fuente a un alto funcionario judicial mexicano, que solo pueden ser dos: el fiscal Gertz Manero o el jefe de la UIF, Santiago Nieto. Conociendo la discreción de Gertz en todos estos asuntos, no queda más que pensar que esta es otra volada de Santiago Nieto, que ya nos ha acostumbrado a muchas. Por más que López Obrador insinúe o afirme explícitamente que los negocios sucios de Agronitrogenados y Fertinal no podían haberse llevado a cabo sin el visto bueno de  “hasta arriba”, es decir Peña Nieto, de ahí a que se haya abierto una investigación y que se proceda al respecto, existe un buen trecho. Más bien lo que quiere hacer López Obrador, desesperadamente, es distraer la atención de sus múltiples frentes en crisis, empezando por los feminicidios, incluyendo la desaceleración económica en pleno agravamiento, y varias otras bombas de tiempo que siguen activadas.

Es una táctica que le ha funcionado muy bien a López Obrador en el pasado. A ella recurre también con frecuencia y con éxito Donald Trump. Cada vez que algo sale mal, inventa un nuevo problema para poner a la gente, a la comentocracia, y a las redes sociales, a discutirlo, y así dejar atrás la enésima crisis no resuelta. Esto es lo que está sucediendo ahora, tanto con el golpismo, como con Peña Nieto. La razón es cada vez más evidente. El Gobierno está rebasado por heridas autoinfligidas, accidentes imprevisibles, una gran insensibilidad frente a cierto tipo de temas, y por el curso natural de las cosas.

Esto último es desde luego el más preocupante. Conforme pasa el tiempo, es cada vez más claro que nadie está invirtiendo en México más allá del mantenimiento de los activos existentes y de la realización de proyectos anteriormente iniciados. De ahí que nos dirijamos cada vez más hacia un estancamiento económico más o menos permanente, con la consiguiente caída de ingresos para el erario, y la creciente caída del empleo.


19 Febrero 2020 04:00:00
López Obrador y la sordera de género
La indignación en la sociedad mexicana a propósito de los horrores recientes de género –Abril, Ingrid, Fátima– y de los feminicidios en general reviste mucha aristas.

Se extienden desde la discusión sobre la temporalidad del tema –las víctimas de Ciudad Juárez de los años 90 y principios de siglo nos dicen mucho sobre el asunto– hasta la discusión jurídica planteada por Alejandro Gertz –quizás sin la sensibilidad necesaria pero con innegable pertinencia–.

Involucran el problema de la violencia en general en México, y de su concentración en víctimas especialmente vulnerables o de larga historia en nuestro país. Pero la reacción en días recientes, tanto de López Obrador como de muchas mujeres y críticos del Gobierno, ilustran un aspecto particularmente escandaloso del asunto.

En muchos países del mundo hay expresiones de violencia que son, en momentos determinados, rechazados con mayor vigor, fuerza y decibeles que otros. Se debe a peculiaridades de la historia, de la actualidad, de sensibilidades sociales específicas.

Afectan a minorías víctimas de genocidio, a mayorías desprotegidas por la historia, a grupos condenados a vivir en las sombras durante siglos. Ejemplos abundan: la violencia anti-semita en Francia y Alemania en tiempos recientes; la violencia anti-musulmana en la India bajo Modi; la violencia de supremacistas blancos en ciudades del sur de los Estados Unidos; la violencia anti-LGBTTI en la Rusia de Putin o en la Cuba de Fidel Castro en los años 60; podríamos seguir.

En todos estos casos, se podría sostener que dichas manifestaciones de la violencia son parte de la violencia en general; que encierran causas generales y no necesariamente específicas; que los antídotos policíacos, judiciales, culturales y sociales existentes bastan para combatirlas; y que no todos los casos son iguales o asimilables. Pero quien asume estas posturas en cualquier de los países citados, o en México hoy, pasa por alto un elemento clave, que un político tan en sincronía con la opinión pública como López Obrador debiera detectar.

Una parte importante de la opinión pública hoy –lo muestran encuestas como las de Roy Campos en El Economista– quiere una respuesta específica, concreta, pro-activa contra los feminicidios y contra la violencia de género en general.

No espera respuestas abstractas, ni explicaciones teóricas ni enfoques que abarcan todo. Busca, y exige, una especie de política pública de acción afirmativa contra estas plagas en particular, a favor de estas víctimas en particular, en este momento en particular.

Que no es sencillo diseñar dicha política es indiscutible. Que los casos icónicos tomaron por sorpresa al Gobierno y a la sociedad en general es evidente. Que la respuesta de género a la violencia de este tipo se suma a la respuesta a otras formas violentas –intra-familiar, machismo, discriminación en el empleo, acoso en el trabajo o en la universidad– crea un torrente difícil de atender adecuadamente, es inocultable.

Dijimos en estas páginas hace un poco más de un año que las experiencias de gobiernos de izquierda en América Latina mostraba que suelen enfrentar el reto de ser rebasados por su izquierda. Esta puede ser ideológica, militar, política, social o cultural.

Por definición, el fenómeno es imprevisible; de poder vaticinarse, se evitaría. Le llegó ese momento a López Obrador. Vemos que su agilidad para atenderlo deja mucho que desear.


14 Febrero 2020 04:06:00
La simulación de los programas sociales de AMLO
México siempre ha sido el país de la simulación. En esto la 4T no ha traído novedad alguna. Pero en ocasiones parece que de plano se llevan la vaca. Los programas sociales de López Obrador son un buen ejemplo.

Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) acaba de publicar un estudio titulado Universidades en el Limbo, sobre el esquema de 100 Universidades para el Bie-nestar Benito Juárez (UBBJ). En él, MCCI revela y demuestra la enorme simulación y la infame manipulación que caracterizan el proyecto.

Ya antes, MCCI y otras fuentes, incluyendo al propio Gobierno, habían mostrado que otros programas, cómo Jóvenes Construyendo el Futuro, o Sembrando Vida, también resultaron constituir magnos fraudes y embustes. En cuanto a los “ninis”, de 900 mil jóvenes supuestamente incorporados a algún aprendizaje en empresas, solo 22 mil fueron contratados al final del año de vigencia del programa: 0.02 por ciento. El presupuesto fue recortado 40%, y todo indica que el programa será cancelado.

Sobre los arbolitos de AMLO, inspirados en el famoso y fracasado cinturón castrista de La Habana de los años 60, la Secretaría del Bienestar Social declaró el 30 de enero que su dependencia solo entregó 14% de los insumos previstos para el 2019. Entre la sequía, el estiaje, la falta de viveros del Ejército, la escasez de mallas sombra, de bolsas de plástico y de agua, fue imposible cumplir con más que ese porcentaje del proyecto. Pero los campesinos del sur-sureste tumbaron y quemaron cerros enteros para plantar arbolitos que nunca llegaron. Gran resultado.

Ahora MCCI nos informa, a partir de un estudio de campo de 30 universidades UBBJ, que solo 37% de los planteles se encuentra en municipios de alta o muy alta marginación, como era el propósito. De los 96 mil estudiantes propuestos como meta para 2019, solo 39 mil se inscribieron y 59% de las universidades se encuentra en municipios gobernados por Morena o sus aliados. Durante los tres primeros trimestres de 2019 no se ejerció un solo peso de los mil millones presupuestados para el ejercicio 2019.

Ninguna de las 30 universidades analizadas posee el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEP, sin el cual no se pueden expedir títulos.  Solo cuatro universidades cuentan con más de 400 estudiantes; el promedio de las otras 26 estudiadas es de 94. El número promedio de profesores por plantel es de 4; 26 de las 30 escudriñadas imparten solo una carrera.

En pocas palabras, en tres de los programas sociales icónicos de AMLO, no pasó casi nada. Se entiende: primer año de sexenio, curva de aprendizaje, qué sé yo. Pero cuando nos dicen que gracias a todo esto mejoró la distribución del ingreso, será imposible derrotar a Morena en el 2021, no importa el crecimiento, etc, etc, no podemos creer nada. Lo que sí sabemos, es que seguimos siendo el país de la simulación, ahora versión 4.0.


12 Febrero 2020 04:06:00
El empresario solitario y la rifa del avión
Se supone que este miércoles el presidente López Obrador recibirá a merendar (como decía mi abuelita) a un grupo importante de empresarios en Palacio Nacional. Algunas versiones hablan del Consejo Asesor Empresarial; otras mencionan un conjunto más nutrido. Todas concuerdan que el tema será la famosa no rifa del no avión y de quien comprará los no cachitos del no sorteo de la Lotería.

El encuentro podría ser una magnifica oportunidad para que por lo menos un magnate mexicano le diga por fin que no a López Obrador, en privado pero también en público, como lo insinúa Leo Zuckerman en su columna de hoy. Por una sencilla razón: se trata de un sablazo a la mexicana, “shake-down” en inglés, o vil extorsión en el odioso lenguaje leguleyo de los abogados.

Se entiende que AMLO busque distraer con la tontería del avión presidencial. Es lógico también que nadie piense que vale realmente la pena subrayar la multitud de errores que encierra esta tragicomedia nacional en particular. Fue un error no usar la flotilla de aviones del EMP, incluyendo el TP-01, aunque a la gente le guste. La gente se equivoca, como hemos comprobado en numerosos países a lo largo del último par de siglos. Fue un error tratar de venderlo; fue un error intentar enajenarlo vía una rifa, y es un peor error engañar a la gente que comprará boletos del sorteo pensando que se puede ganar un avión. Finalmente, todo eso ¿Qué importa?

Pero como AMLO y su gente saben que las cuentas no cuadran –no hay manera de vender “espontáneamente” más de 300 mil cachitos– se han visto obligados a transformar el sorteo en una colecta forzada. No faltará quién en algún momento equipare la compra de boletos con los donativos de campesinos y señoras alhajadas al fondo de Lázaro Cárdenas para pagarle a las compañías petroleras. Toda la burocracia federal y en los estados de Morena se verá instada o francamente obligada a comprar boletos. Igual no alcanza.

De allí el sablazo a los empresarios, que se parece como dos gotas de agua al de Carlos Salinas en 1993, a favor de la campaña presidencial del PRI, el famoso pase de charola encomendado a Antonio Ortiz Mena. En aquella ocasión, surgieron múltiples rumores de quiénes se negaron a apoquinar los 25 millones de dólares exigidos. Nunca se supo con certeza quién sí, y quién no. Pero ha transcurrido más de un cuarto de siglo.

¿No habrá, en la merienda de tamales de mañana, un empresario mexicano que se niegue a aportar, y que lo diga? ¿Es a tal punto sólida la convicción del CCE y del CMN de que hay que evitar a toda costa cualquier enfrentamiento con López Obrador que nadie se atreverá a negarse a la extorsión, y a proclamarlo? Sin excesos, sin aspavientos, sin estridencia: solo salir de Palacio, convocar a la prensa y responder así a la pregunta inevitable de ¿qué pasó?: “Nos pidieron una contribución a la compra de los boletos de la rifa; yo dije que no”. ¿Ni uno?
07 Febrero 2020 04:00:00
Necesidades de la sociedad mexicana
Conforme pasan los meses y se agudiza el fenómeno de tijeras en la sociedad mexicana, proliferan las preguntas sobre el porqué de tan extraño comportamiento. ¿A qué me refiero? A un par de hechos muy sencillos y reseñados con gran elocuencia y frecuencia por muchos analistas y comentaristas.

López Obrador se mantiene arriba en las encuestas de aprobación personal, de calificación, incluso en algunos casos, de gestión de su gobierno. Al mismo tiempo, los resultados de su gestión -los datos duros de desempeño- son cada vez peores. La curva se va abriendo cada vez más entre los malos resultados de la realidad y los buenos resultados de las encuestas. Parece incomprensible, por más que uno busque del lado de las encuestas, por ejemplo, una creciente reprobación del desempeño gubernamental en áreas específicas: seguridad, salud, combate a la corrupción, combate a la pobreza, etc.

Muchos colegas tienden a buscar del lado de López Obrador las explicaciones. Descubren o subrayan sus dotes de comunicador; su habilidad para conectar con amplios sectores de la sociedad mexicana; su dominio de los medios de comunicación a través de la mañanera; la publicidad gubernamental (o la falta de la misma) y la sumisión de los dueños de los medios; la ausencia de cualquier oposición; los buenos resultados en algunos aspectos de la gestión gubernamental. Sin discutir estos razonamientos, me pregunto si no convendría buscar la explicación del lado de la sociedad mexicana y no del lado de López Obrador.

Tal vez el enigma se encuentre en las necesidades, los anhelos y los fantasmas de esa sociedad mexicana y no tanto en lo que haga o no haga AMLO. Es cierto que en otras sociedades -Estados Unidos, Brasil, Filipinas, Hungría, a su manera el Reino Unido- se han producido fenómenos que podrían parecer semejantes: líderes populistas con una conexión demagógica pero real con las masas, donde los resultados no necesariamente coinciden con los decibeles de aplauso. Pero México podría ser un caso diferente.

¿Qué hay en la sociedad mexicana que permite la emergencia de alguien como López Obrador? ¿Cómo se ha ido transformando esa sociedad que acepta de buena gana, incluso con entusiasmo, un desempeño gubernamental tan mediocre, si no es que francamente deleznable? ¿Qué tan necesitada está esa sociedad de algún tipo de esperanza, por falsa que sea, de algún tipo de interlocución con el otro, o si se quiere, el famoso “respeto”, que está dispuesta a tolerar ridiculeces, imbecilidades, mentiras y decepciones, sin cobrarle la factura al autor de todas estas? Me parece que los encuestadores, los analistas políticos, los economistas y los sociólogos, tienen mucho menos que decirnos sobre todo esto, que los novelistas y los antropólogos, que siempre entienden mejor a sus sociedades que todos los expertos habidos y por haber.

05 Febrero 2020 04:06:00
“No tengo información”
La mañanera del martes nos ofreció un espectáculo hasta cierto punto inédito y a la vez sintomático del comportamiento del Presidente ante los medios y de los medios ante el Presidente. Resulta interesante ver la interacción en este caso particular que, aunque sin duda no es el primero ni el único, es quizás el más revelador.

Según parece, la reportera de Radio Fórmula en la fuente presidencial desde hace años, Sara Pablo, tuvo el valor y la dignidad de hacer una pregunta obligada que nadie más hizo: qué sabía López Obrador de la boda de la hija de “El Chapo” Guzmán en Culiacán hace unos 10 días, tal y como fue divulgado por varios medios y notablemente por Reforma. Incluso, preguntó qué sabía el Presidente sobre la posible asistencia de Ovidio Guzmán, medio hermano de la novia e hijo del “Chapo”, recién escapado del cerco de Culiacán. López Obrador respondió de una manera absolutamente inverosímil: “sobre eso no tengo información”.

Inverosímil por que simplemente no hay manera de dar por buena, es decir por cierta, esa respuesta. En todo caso, leyó los periódicos, o alguna de su gente le informó de lo que los periódicos decían. Tal vez, como preguntó la reportera, no recibió ningún informe de inteligencia al respecto, pero pudo haberlo pedido. De no haberlo recibido porque no quiso, o porque no fueron capaces sus servicios de producirlo, pudo haberlo solicitado a otras fuentes de inteligencia, empezando por Estados Unidos. La respuesta es totalmente inaceptable para un Jefe de Estado, a menos de que hubiera proporcionado su contestación de otra manera: “sobre eso no pienso hacer ningún comentario en este momento”.

Pero igual de sintomático y de insólito fue el comportamiento de los medios. Se puede entender que después de haberse atrevido con mucha valentía a formular la pregunta, la reportera no quiso insistir, a través de lo que los norteamericanos llaman un “follow-up”: “¿qué quiere usted decir con eso Presidente?” ,“¿Cómo que no tiene ninguna información?” Pero hasta donde pude ver de lo que siguió en la mañanera después de esa pregunta, ningún otro reportero volvió sobre el tema. Nadie se atrevió a preguntarle a López Obrador qué quería decir con “no tengo esa información”.

El Presidente logró lo que logra de alguna manera todos los días. No dió ninguna respuesta, pero tampoco fue increpado, interrogado o puesto en evidencia por los medios que cubren la mañanera. López Obrador se salió con la suya, y los medios, salvo la reportera, no supieron qué hacer.

31 Enero 2020 04:06:00
El tamaño del pastel
El otro día en una discusión ante inversionistas con mi amigo y colega Javier Tello, surgió un punto de desacuerdo matizado entre el comentarista de Es La Hora de Opinar y yo. Ambos coincidíamos en que dado el bajo crecimiento de la economía previsto para este año y probablemente para por lo menos el siguiente, los ambiciosos programas sociales de López Obrador, difícilmente podrán ser financiados sin algún tipo de complemento. La pregunta era de dónde van a venir esos recursos tanto desde el punto de vista estrictamente fiscal como desde una perspectiva más social. Insistía yo: si el pastel no crece y se quiere seguir redistribuyendo como dice López Obrador, hay que quitarles a algunos para darle a otros, o si se prefiere hay que restarle a los que más tienen para entregárselo a los que menos tienen.

Si esos mayores recursos no provienen del crecimiento, y los márgenes de endeudamiento, aunque no menores, no son infinitos, todo sugiere que la fuente más eficiente, productiva y factible de aumentar recursos, es una reforma fiscal de fondo en México. López Obrador ha dicho que no quiere hacerla hasta después de las elecciones de 2021. Más allá del error estratégico de esta postura –hace unos días me comentó el expresidente Juan Manuel Santos que lo que no se hace en el primer año de un Gobierno en materia fiscal, suele no hacerse– ya el plazo para AMLO se amplió. Al colocar la revocación de mandato hasta marzo de 2022, casi podemos aseverar sin mayores posibilidades de equivocarnos, que no habrá reforma fiscal antes de esa fecha. Ir a un plebiscito habiendo apenas aumentado los impuestos a quien sea, es ir al suicidio electoral.

El tema va a ser cómo llevar a cabo una reforma fiscal antes, sin que parezca una reforma fiscal, o que sea una reforma que solo afecte a la gente más pudiente. Además del aumento al impuesto sobre intereses de 1% a 1.45% que entró en vigor el 1 de enero, es muy posible que la discusión en Estados Unidos sobre el impuesto patrimonial –propuesto tanto por Elizabeth Warren como por Bernie Sanders– pueda pronto trasladarse a México. Y la racionalidad es muy sencilla: si ha habido una enorme concentración de la riqueza en Estados Unidos, en Europa Occidental, en China, en la India y desde luego en México en los últimos 30 años, la única manera de contrarrestarla es con un impuesto ya no únicamente sobre el ingreso sino sobre lo que se ha concentrado, a saber, la riqueza.

En México el único impuesto patrimonial que tenemos, es como en casi todos los países, el predial. Pero recaudamos menos como porcentaje del PIB por el predial que la mayoría de los países en América Latina, sin hablar desde luego de los países ricos. Un impuesto patrimonial en México sería altamente recaudatorio, probablemente eficaz en la medida que el SAT ya tiene los instrumentos para detectar y contabilizar el patrimonio de los sectores de mayor riqueza en el país, y tendría una connotación de justicia muy evidente.

¿Difícil hacerlo en México porque los ricos llevarían su patrimonio a otros países? ¿Como por ejemplo a Estados Unidos? ¿Y qué tal que Estados Unidos ya tiene su propio impuesto patrimonial?

29 Enero 2020 04:06:00
Un estado de ánimo errático y voluble
Algunos observadores podrán preguntarse por qué López Obrador se encuentra de peor humor e incurre en más excesos y exabruptos que de costumbre estos días. Desde su rifa incomprensible hasta sus pregoneros y momias, pasando por la aceptación del comportamiento patético de sus seguidores y colaboradores, debe haber una explicación de tan extraña conducta. De nuevo, como a principios del año pasado, ésta yace en la multiplicidad de frentes que de repente se le han descompuesto, pero sobre todo, de la continua contracción económica que pone en riesgo todo su proyecto.

Los frentes de la salud y de la seguridad se han debilitado en las últimas semanas, por errores autoinducidos, por el legado anterior (bueno y malo en salud) y por la complejidad intrínseca del tema. Si en efecto Washington ya obligó a reemprender la guerra contra el narco, la violencia seguirá creciendo. Los proyectos faraónicos del sexenio se hallan todos en dificultades, por no decir en crisis, y cuando uno recuerda el cariño (o la obsesión) de AMLO por ellos, comprende como su empantanamiento lo puede perturbar seriamente.

Lo mismo sucede con sus proyectos sociales. Al concluir el undécimo mes de puesta en vigor del esquema de Jóvenes Construyendo el Futuro, resulta que de los 900 mil afiliados, solo 22 mil han conseguido empleo al terminar su plazo. Para eso era, justamente, no para entregarles un estipendio por un año. Pero lo peor de todo, para variar, es la economía. En el fondo, quizás a AMLO no le preocuparía un sexenio de crecimiento nulo mientras pudiera conservar el valor del peso. Pero sus colaboradores saben que eso no es viable. Y las cifras son alarmantes.

Sabemos que en 2019 no crecimos; es posible que la economía se haya contraído 0.2% a lo largo de todo el año pasado. Para 2020, aunque la mayoría de las estimaciones siguen en 1%, ya Barclay’s, un banco que le atinó de los primeros al 2019, redujo su previsión a 0.6%. Un banquero mexicano que también acertó desde temprano para 2019, vaticina ahora que este año, no creceremos. México padeció dos años consecutivos de crecimiento neto más o menos nulo, unas cuantas veces en tiempos recientes: 2009-2010, 2001-2002, 1995-1996. Los primeros dos casos fueron claramente inducidos por el exterior; la del error de noviembre-diciembre se debió a las vicisitudes de la sucesión presidencial mexicana. Esta será la primera vez que suceda algo parecido sin factor externo ni sucesorio. Ni hablemos de un tercer año semejante.

Lo más grave, sin embargo, es que la esperanza falsamente despertada entre la gente por López Obrador y la 4T, no puede ni remotamente ser satisfecha sin crecimiento. Los colaboradores de AMLO lo saben, aunque él no lo acepte. Sí se lo dicen, y de allí su estado de ánimo cada vez más errático y voluble.

24 Enero 2020 04:09:00
¿Ya no somos como los centroamericanos?
Una de las premisas implícitas en la atroz conducta del Gobierno de López Obrador con los centroamericanos en la frontera sur (y norte) consiste en sostener que ahora sí podemos maltratar a los migrantes que desean entrar sin papeles a México, porque nosotros ya no somos un país emisor. Los tontos útiles de buena fe (y desde luego para los de mala fe) recurren con frecuencia a la tesis del “net zero” para adoptar esta posición infame, que permite golpear a mujeres y niños. También les autoriza a repetir incansablemente la idiotez según la cual los hondureños deben respetar las leyes mexicanas, como si millones de mexicanos a lo largo del último siglo hubieran respetado las leyes norteamericanas.

La tesis de la migración neta nula o negativa nació hace unos cinco o seis años en Estados Unidos, ante la supuesta evidencia de que las cifras de indocumentados en ese país permanecía estable, o incluso decrecía ligeramente a partir de 2010. Algunos estudiosos estadunidenses la hicieron suya por motivos políticos: parecía más fácil ser partidario de una gran reforma migratoria integral si se argumentaba que ya empezaba a desaparecer el problema: más mexicanos salían de Estados Unidos que aquellos que entraban.

La tesis hacía caso omiso de varios hechos. En primer lugar, las deportaciones masivas de Obama, sobre todo entre 2010 y 2014, con un pico en 2011. Solo un ignorante o un malvado puede considerar que dichas deportaciones constituyen retornos “normales”. Asimismo, cualquier partidario de la tesis citada tendría que explicar por qué las remesas han seguido creciendo, alcanzando niveles nunca vistos en 2019. ¿Cómo es que menos mexicanos mandan más dinero? ¿Ganan más? ¿Mandan más? ¿Son envíos del narco? ¿All of the above?

Sobre todo, dicha tesis pasa por alto un dato fundamental de la migración mexicana hacia Estados Unidos del último decenio: el aumento considerable del flujo legal, temporal y circular. Obama comenzó a poner en práctica diversos reglamentos y decretos que permitían darle la vuelta a las restricciones del Congreso para las visas H2A (para trabajo agrícola) y en menor medida H2B (construcción, industria hospitalaria, salud, etc). Trump siguió con la misma política.

En el ejercicio 2019 (octubre a septiembre) Washington otorgó 260 mil visas H2, un aumento de 13% frente al año anterior; los incrementos en los dos años previos fueron ligeramente superiores. Si sumamos a estos (los más) otras categorías (reunificación familiar permanente, visas H1, E1) son casi 300 mil mexicanos que parten a Estados Unidos cada año. Los H2 van y vienen; son en muchos casos los mismos. Muchos permanecen en Estados Unidos cuando expiran sus permisos. Si por lo menos 100 mil mexicanos al año parten al norte sin papeles -quizás un poco más- encontramos que entre 400 mil y 500 mil compatriotas se desplazan anualmente. ¿Ya no somos un país de emigración?

¿En serio?

Algunos alegarán que justamente estos mexicanos con visas “H” a los que me refiero, son “legales”. Pero lo son, en todo caso, como resultado de décadas de lucha, de opresión, de denuncias desde México y en Estados Unidos, por su maltrato, su deportación, su encarcelamiento. Además, su situación “legal” no obsta para que sean objeto de discriminación, explotación, estafas, extorsiones y demás.

¿A quién demonios se le ocurre pensar que podemos tratar como la Guardia Nacional ha tratado a los centroamericanos estos últimos días y meses, y al mismo tiempo seguir defendiendo con un mínimo de autoridad moral a los mexicanos en Estados Unidos con papeles o sin ellos? A menos, desde luego, que consideremos que los que se han ido son traidores y que debieran haberse quedado en México. Porque, como dice López Obrador, como México no hay dos.

22 Enero 2020 04:03:00
Vergonzoso papel de las autoridades mexicanas
Más de las lamentables imágenes procedentes de la frontera sur, en las cuales la Guardia Nacional reprime, detiene y deporta a centroamericanos indefensos, y de las absurdas declaraciones de los altos funcionarios gubernamentales repitiendo como pericos que solo buscan una migración “segura, ordenada y regular, con estricto apego a los derechos humanos”, la actuación del Gobierno mexicano, en coordinación con el de Estados Unidos, confirma lo que comentamos hace más de un año.

Por un lado, Estados Unidos, como me le contó un alto funcionario en Washington hace unas semanas, para todos fines prácticos ha suprimido el derecho de asilo en su frontera sur. Ni centroamericanos, ni brasileños, ni cubanos (con algunas excepciones) ni africanos pueden recibir asilo ya. Según Eunice Rendón y su Agenda Migrante, de más de 66 mil personas devueltas a México bajo el programa MPP o Permanecer en México, y en espera de una respuesta, solo 11 han recibido asilo en Estados Unidos. Once entre 66 mil.

Los solicitantes mexicanos serán enviados a Guatemala. Los guatemaltecos, a México. Los hondureños deberán pedir asilo primero en Guatemala o El Salvador; los salvadoreños en Honduras o Guatemala, junto con todos los demás: cubanos, africanos, brasileños, etc. En otras palabras, los cuatro países se han convertido en terceros países seguros, de facto o de jure. Nadie, ni siquiera los mexicanos, pueden solicitar asilo en Estados Unidos; deben hacerlo en otro país, que no sea el suyo, desde luego.

Sin la presencia y la acción represiva y disuasiva de todo el aparato de seguridad mexicano, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, el esquema de Washington no funcionaría. La estrategia de Estados Unidos es muy obvia, para los hondureños, los polleros y López Obrador. Se trata de crear condiciones tan adversas para los centroamericanos, tanto en Guatemala como en México como en la frontera norte del país, que los propios migrantes/refugiados en potencia entiendan que no tiene sentido para ellos seguir intentando llegar a Estados Unidos. Para eso, México cumple un papel clave. Tiene la obligación de sellar hasta donde pueda la frontera sur; interceptar hasta donde pueda a quienes logran pasar por el primer cerrojo y se encuentran en las distintas rutas hacia el norte ya fuera de Chiapas o de Tabasco. Luego, en los caminos al norte, seguir capturando y deportando a centroamericanos. Finalmente, con los que llegan al norte, apostarse en distintos puntos para que nadie salga de territorio mexicano hacia Estados Unidos.

Al igual que en 2014, pero con una dimensión muy superior, este diseño ha funcionado. El número de personas que entran a Estados Unidos y solicitan asilo ha disminuido radicalmente: de 130 mil en mayo, a 40 mil apenas en diciembre. Al mismo tiempo se ha disparado el número de personas que permanecen en México, ya sea en el sur, ya sea en las ciudades narcoinvadidas del norte. Los que no entran a Estados Unidos, entran a México; los que entran a México y son perseguidos, permanecen en México y algunos son deportados a sus países de origen. Sin la colaboración mexicana, esta estrategia fracasaría.

Hace un par de semanas en una nota un poco escondida en la prensa norteamericana y hasta donde tengo recuerdo no apareció en los medios nacionales, el presidente del Comité Jurídico de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, anunció que iniciaría audiencias y una investigación sobre los efectos del programa MPP o Permanecer en México, y en particular las consecuencias para los centroamericanos devueltos a México y su estancia en nuestro país. Debido a que Nadler también es uno de los dos principales acusadores de Trump en el proceso de destitución hoy en el Senado, estas investigaciones aún no comienzan, pero arrancarán muy pronto. A ver si el carácter decisivo del papel de López Obrador en toda esta tragedia es aplaudido por los congresistas norteamericanos o es lamentado y denunciado por ellos al igual que por muchos mexicanos.

17 Enero 2020 04:06:00
García Luna y Sarkozy
Muchos sabrán que el próximo martes conoceremos algunos datos duros sobre el destino de Genaro García Luna, quien a menos de que se posponga su audiencia, comparecerá ante la Corte Federal en Brooklyn para formalizar –o no– su declaración de inocencia. Mientras, conviene seguir ofreciendo razones por las cuales algunos nos alegramos de la detención del superflic de Calderón. Me referiré hoy al caso de Florence Cassez.

Hace unos días, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ofreció una entrevista al semanario L’Express a propósito de la detención de García Luna. Algunos lectores recordarán que el entonces director de la AFI fue quien, en 2005, realizó la dizque detención de la dizque banda de dizque secuestradores, incluyendo a Cassez, para después producir el montaje televisivo de todo el numerito. Traduzco y reproduzco algunos pasajes de la entrevista de Sarkozy, en particular sobre su relación con Calderón. Mientras este no proporcione su propia versión, me quedo con la del francés.

Sobre el arresto de García Luna: “No sabía yo ni cuándo ni cómo sucedería pero desde hace tiempo pensaba yo que algún día sucedería”.

Sobre la inocencia de Cassez: “Rápidamente constatamos muchas incoherencias, comenzando por el extravagante montaje de su arresto. (...) No se necesita ser Sherlock Holmes ni el comisario Maigret para darse cuenta de la farsa del montaje. Para mí, era inaceptable que algo así sucediera en una democracia como la de México, país al que admiro”.

Sobre su visita a México: “En una comida privada con el jefe de Estado y nuestras esposas en la Hacienda de Placatecpan, a dos horas de la Ciudad de México, todo al principio iba muy bien. Ellos (nuestros anfitriones) se muestran simpáticos y muy accesibles (...) hasta que en algún momento le digo al presidente Calderón que en el caso Cassez no puedo ceder. Fui muy claro al respecto. Le dije que entendía muy bien que el tema de secuestros en México era un tema muy sensible, pero que Florence Cassez debía ser trasladada a Francia en virtud de los tratados internacionales. A partir de ese momento todo cambió. Mi interlocutor se mostró rígido y molesto. La conversación subió de tono y hubo un enfrentamiento. Fue brutal. El gritó ‘jamás!’. Según él, ‘jamás habrá un traslado’ porque el clima político lo hacía imposible. Había un completo bloqueo”.

Sobre su discurso ante el Senado mexicano: “En tono amistoso pero sin ambages, dije que en una democracia hay cosas que simplemente no son posibles. Casi la totalidad de la prensa mexicana se me fue encima presentándome como el defensor de criminales. Esto tomó proporciones terribles”.

Quien ríe al último ríe mejor. Ahora resulta que la mano derecha del Presidente defensor del estado de derecho en México; de aplicar todo el rigor de la ley a los secuestradores; de despreciar las delicadeces diplomáticas para complacer a la señora Wallace, era narco, según el Gobierno de Estados Unidos. Quienes nos involucramos en el caso Cassez, desde años antes de que se resolviera mediante la valiente decisión de la Suprema Corte, sabemos que sin la presión del Gobierno francés, no hubiera salido nunca de la cárcel.

También sabemos hoy que la defensa que hizo Calderón de García Luna y sus triquiñuelas fue una defensa de un criminal, en el mejor de los casos asesino y corrupto, en el peor, socio del “Chapo”. Porto mi Légion d’Honneur (rango de comandante, a título de académico mexicano, firmada años antes por Jacques Chirac) con más orgullo que nunca. Otra vez: Vive la République.


15 Enero 2020 04:04:00
El fiasco del avión presidencial
No puedo ya, en aras de la legítima corrección política, citar en su totalidad la expresión mexicana según la cual “No es la culpa del… sino del que lo hizo compadre”. Pero creo que sirve para entender el fondo del fiasco del avión presidencial, que anda ambulando (por no decir volando) por el mundo, en busca de comprador. El TP-01 no tiene quién lo compre, aunque ni Obama lo tenga.

Dejemos a un lado lo que ya se ha dicho y escrito hasta la saciedad. La compra fue una tontería –en el mejor de los casos– de Calderón; Airbus le había ofrecido una nave equivalente a un precio muy inferior. Venderlo ahora es ridículo, porque en el mejor de los casos se podría conseguir la mitad de lo que costó, apenas hace siete años, según el avalúo que el propio Gobierno de AMLO publicó. El costo de arrendamiento, mantenimiento y estacionamiento, es superior al costo de operación de haberse utilizado este año. Además, los desplazamientos de AMLO en línea comercial son todo menos que gratuitos. Junto con él, viajan su avanzada, la seguridad, su gente de prensa, de enlace y de comunicaciones. Las líneas aéreas cobran las tarifas más caras, porque pueden y porque el avión donde viaja el Presidente inmediatamente se “convierte” en el TP-01, con un costo importante para las empresas.

Todo esto es, en mi opinión, lo de menos. Lo de más es cómo la prensa nacional y extranjera (en este caso ha sido igual de desidiosa e ignorante que la mexicana), la oposición, la clase política y hasta las encuestadoras han atendido este asunto. En las encuestas, justamente, la venta del avión figura entre las decisiones mejor vistas, o más aprobadas por la sociedad mexicana, junto con la cancelación de las pensiones a los expresidentes, el cierre de Los Pinos, y los viajes en vuelo comercial, que va junto con pegado. Pero GEA, por ejemplo, una empresa seria y sólida, formula así la pregunta: “¿Cuál ha sido el mayor acierto del Gobierno de AMLO? Vender el avión presidencial”.

En otras palabras, los mexicanos aplauden una venta inexistente; califican ese hecho –ficticio– como otros, más o menos ciertos. La gente piensa que se vendió el avión y que con los consiguientes recursos se podrá financiar cualquiera de los proyectos delirantes que a cada quien se le ocurran. Los medios masivos de comunicación no supieron informar con suficiente claridad y constancia de que no se había vendido el avión, que probablemente no se vendería, y que todo consistía en un enorme engaño.

La oposición, sobre todo el PRI y PAN, se aterró ante la idea de criticar una “decisión” popular, sobre todo a la luz de su complicidad: Calderón por comprar el Dreamliner, Peña por utilizarlo. No tuvo las agallas necesarias para denunciar desde un principio que la idea de viajar en vuelos comerciales, de vender la flotilla de aviones del EMP y de rematar el TP-01 constituía una imbecilidad mayúscula, más allá del riesgo para la seguridad presidencial.

¿Quién tiene la culpa del fiasco? ¿López Obrador y sus ocurrencias y necedades? ¿O quien lo hizo compadre?

A saber: la sociedad mexicana, en su fe ciega e infinita propensión por creer lo que el Tlatoani dice, y las élites mexicanas, incapaces de confrontar a un Presidente fuerte, en un tema popular, pero aberrante.

10 Enero 2020 04:00:00
La guerra de Irán no tendrá lugar (versión farsi de Giraudoux)
El lunes en la noche los colegas de La Hora de Opinar comentamos que difícilmente Irán se atrevería a llevar a cabo una respuesta contundente al asesinato del general Soleimani por Estados Unidos. Lo afirmamos todos a pesar de ignorar en ese momento la magnitud y la intensidad de la reacción del pueblo iraní, la emotividad del duelo y la unidad nacional que suscitó la decisión norteamericana.

Por mi parte, basé mi escepticismo en un cálculo sencillo. Los gobernantes de Irán tienen una cabal conciencia de la aplastante superioridad militar de EU, así como del carácter imprevisible (siendo generosos) de Donald Trump.

Una respuesta iraní con bajas norteamericanas corría el riesgo de provocar la ira entera irracional y delirante de Trump, traduciéndose en un conflicto donde Teherán saldría perdiendo. Ya si Trump en realidad es mucho más cuerdo de lo que se cree, y solo recurre al ardid de la Madman Theory -acuñada por Kissinger a propósito de Nixon durante las negociaciones con Vietnam-, o si realmente el actual Mandatario pierde en ocasiones los estribos, es irrelevante. El riesgo resultaba excesivo.

Después de la aparente represalia de Irán el martes, lanzando unos 20 misiles contra dos bases en Irak ocupadas por tropas de ese país y de EU, parecía que perderíamos nuestra apuesta. Sin embargo, rápidamente se supo que dichos misiles fueron dirigidos a zonas de infraestructura de dichas bases y que Teherán avisó al Gobierno de Irak que era inminente el lanzamiento para que este notificara a EU. Un poco más tarde, el canciller iraní declaró que con este ataque concluía la respuesta de su país. La posible participación iraní en la destrucción de un avión de Ukraine International Airlines no altera la ecuación; en caso de no haber sido un accidente, fue un error.

¿Qué sigue? Como lo señaló mi amigo Ian Bremmer, de Eurasia Group, puede venir ahora una negociación provechosa para todos. Él la limita a temas circunscritos al ámbito nuclear, pero no es imposible pensar que Trump aprovechará su pequeño triunfo (homicida y quizá violatorio del Derecho norteamericano e internacional) para plantear un esquema más ambicioso.

Desde la época de Obama se dijo que Irán constituía un interlocutor regional e islámico para Occidente mucho más moderno, sofisticado y confiable que Arabia Saudita. Por ser chiitas en lugar de practicar el wahabismo sunita de Riyadh, por ser una nación mucho más poblada, homogénea, urbana y con una clase media casi mayoritaria -y con vínculos estrechos con Rusia y en menor medida con China- Irán, a pesar de los ayatollahs, podría realmente transformarse en un socio serio para EU y Europa Occidental. Con algunas concesiones mayúsculas de ambas partes.

Por parte de Washington, levantar todas las sanciones vigentes, descongelar todos los activos iraníes pendientes, y normalizar relaciones entre los dos países, como Obama con Cuba. Para Teherán, abandonar su programa de enriquecimiento de uranio para siempre, sin cláusulas de atardecer ni tiempos de break-out, limitar su arsenal de misiles a dispositivos de corto alcance, y desistir de su apoyo a diversos actores violentos en Medio Oriente, desde Yemen hasta Líbano, pasando por Gaza, la Ribera occidental y Siria.

¿Irreal? Probablemente, pero menos que en cualquier otro momento desde el acuerdo de Irán con Estados Unidos y el P-6. Y quizá desde 1979, cuando las masas iraníes enardecidas por la presencia del Shah en Nueva York tomaron la embajada estadunidense en Teherán y a 52 rehenes. En todo caso, guerra no habrá, por ahora. Paz, lo que se dice paz, tampoco.

08 Enero 2020 04:04:00
Las desapariciones de Calderón, Peña y AMLO
El lunes, Karla Quintana, la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, reveló que la cifra de desaparecidos en México durante las últimas seis décadas era sustancialmente más elevada de lo que se había calculado antes. Anunció que entre 1964 y 2019 la cifra alcanzó un total escalofriante de 61 mil 637 personas, en lugar de los 40 mil y pico que este Gobierno había estimado hace un año, y superior también a las cifras ofrecidas por el régimen anterior. La diferencia es de casi 50 por ciento.

La prensa mexicana e internacional reprodujo la noticia con gran despliegue. El Universal, Excélsior y The Washington Post publicaron un dato aún más aterrador. En una de las gráficas medio escondidas de la presentación de Alejandro Encinas y de Karla Quintana -Personas desparecidas por año al 31 de diciembre- se presentan unas cifras insólitas. Entre los “años 60” -en alguna parte creo que se menciona el año 1964- y 2006, desaparecieron mil 777 personas, o aproximadamente 2.6 % del total. Pero entre 2007 (incluido) a 2019, es decir, los años de la guerra de Calderón, Peña Nieto y López Obrador, desaparecieron 59 mil 860 personas, es decir, 97.3 por ciento. De todas las desapariciones sucedidas en México durante los últimos 55 años, 97% ocurrieron a partir de Calderón, y 3 % ocurrieron antes. Estas son las cifras de un gobierno de izquierda, popular, transformador, etc, etc, etc.

Saco dos conclusiones de estos números. La primera se refiere a un comparativo internacional. Chile casi inventó, en tiempos modernos, la idea y la realidad de las desapariciones forzadas como forma masiva de represión o asesinato. Cuando concluye la dictadura de Pinochet, se llevan a cabo varias investigaciones para tratar de encontrar por lo menos los restos de los de-saparecidos, y para contabilizar el número de personas que padecieron ese horror. La Comisión Rettig en 1991 calculó unas mil 800 desapariciones entre 1973 y 1989, pero búsquedas posteriores arrojaron un total de 3 mil 400.

En otras palabras, en Chile, durante 16 años de dictadura, desaparecieron 17 veces menos personas que en México durante 13 años. Obviamente, el país sudamericano encierra una población mucho menor a la de México: en promedio durante los últimos 45 años, unas siete veces más pequeña. Si la hecatombe mexicana fuera igual a la tragedia chilena -que sería mucho decir-, habría siete veces más desapariciones, en el mismo número de años. Aquí hubo 17 veces más en tres años menos.

La segunda reflexión abarca la determinación de las causas de un desequilibrio de esa magnitud entre lo ocurrido antes de 2007, y después. He escuchado de todo. Los narcos se volvieron más violentos (¿por qué?); el país se volvió consumidor (los inventos de Medina Mora); todas las desapariciones son de narcos contra narcos o civiles, antes eran del ejército a “guerrilleros heroicos”; fueron los gringos (que se volvieron más malandros a partir de 2007; antes no lo eran tanto). Todo esto es ilógico y absurdo.

En el sentido más amplio, lo que importa no es quién desapareció a quién, ni por qué. Solo cuenta la política pública puesta en práctica en coincidencia con la explosión de las desapariciones. El único cambio que se produjo en 2007, que elevó estratosféricamente el número de desapariciones forzadas, fue la declaración de guerra de Calderón. No hay ningún otro quiebre, ninguna otra ruptura en esas fechas, que podría explicar lo que sucedió. Es la causa madre, eficiente, omnímoda. Se puede pensar que fue preferible la guerra a las alternativas; que nos hubiera podido ir peor (no sé muy bien qué sería peor que 60 mil desaparecidos), pero no que no se trata de una relación de causa y efecto. Los números y la coincidencia son simplemente abrumadores.


25 Diciembre 2019 04:08:00
La prueba del añejo
La mayoría de los pocos lectores que vean esto, no sabrán lo que fue “la prueba del añejo”, es decir, el comercial de Ron Añejo Bacardí de los años 70 y 80. Pero algunos sí lo recordarán y a ellos dedico esta nota. La prueba del añejo del acuerdo que el Gobierno de México celebró con Estrados Unidos y en menor medida con Canadá hace unos días sobre el llamado T-MEC 2.0, o TLCAN 3.0, es el siguiente.

En un caso se trata de algo de relativamente corto plazo –un año, digamos– y en el otro caso se trata de los próximos 10 o 15 años de la evolución de la economía mexicana. En primer lugar, el acuerdo deberá pasar la prueba del añejo de noviembre del 2020. Me refiero desde luego a la elección presidencial norteamericana.

Si Donald Trump es reelecto, y si su victoria en el llamado Colegio Electoral se debe a que logró una mayoría exigua, pero decisiva de votos en 3 estados clave –Pennsylvania, Michigan y Wisconsin– mucha gente en Estados Unidos y algunos –no más de 5– en México, se preguntarán si el haberle regalado a Trump la medalla de este T-MEC 2.0, no contribuyó de manera crucial a su reelección. No es evidente.

De la misma manera que algunas personas en esos tres estados –industrializados, globalizados y que han perdido empleos a lo largo de los últimos 25 años debido al desplazamiento de manufacturas a China y a México– hayan votado de una manera o de otra por ese motivo.

Algunos pueden haberse molestado con Trump por volver a negociar un acuerdo con México; otros se pueden molestar con los demócratas por haberle entregado este premio a Trump; y otros más pueden pensar que todos están en su contra y que mejor ya ni votan.

Lo sabremos de alguna manera en noviembre del 2020. Pero conviene lanzar la advertencia. Si la visita de Trump a México en 2016 contribuyó algo, poco o mucho a su victoria, habrá que determinar si la firma de este acuerdo –benéfico para México en el corto plazo– contribuyó a la reelección del presidente más antimexicano que ha habido en Estados Unidos desde Calvin Coolidge.

Segunda prueba del añejo. López Obrador decidió con mucho pragmatismo, cinismo dirían algunos, pero en todo caso con pleno conocimiento de causa, que debía aceptar prácticamente lo que fuera, a cambio de una firma. Los negociadores mexicanos lo presentan de otra manera.

Se ganó lo de los inspectores y el Presidente metió la pierna. Los más enterados reconocen que agregados laborales y ambientales no son muy distintos a inspectores en estas mismas materias.

Pero en todo caso es un hecho que tanto Peña Nieto, con la anuencia de López Obrador, como el propio AMLO ahora, decidieron que era preferible aceptar todo lo que los republicanos, Trump, los demócratas y los sindicatos norteamericanos exigieran, que quedarse sin nada.

Es imposible hoy determinar si tuvieron razón o no.

Pero en algunos años sí podremos definirlo.

O bien, el protectorado laboral y ambiental –con el que estoy plenamente de acuerdo– que Estados Unidos le impuso a AMLO, para atraer mayor inversión extranjera y mexicana, y por lo tanto mayor creación de empleos y una elevación de los salarios en México, en cuyo caso habrá valido la pena.

O bien al eliminar una de las más importantes ventajas comparativas que México tenía, vergonzosamente, ante el mundo –para atraer inversión extranjera y mexicana– a saber, los bajos salarios mexicanos, y la podredumbre y corrupción infinitas del movimiento obrero mexicano, al desaparecer, desalentará la inversión que se recibía.

Una persona muy inteligente dijo el otro día que Peña Nieto contribuyó de manera significativa a la elección de Trump al recibirlo en México en agosto del 2016. Y López Obrador hizo lo propio con la firma de un acuerdo quizás benéfico a largo plazo para México, pero inconveniente en lo inmediato.

20 Diciembre 2019 04:07:00
El alcance del ventilador
Sobra la especulación sobre los motivos de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos. Asimismo, afloran rumores y acusaciones veladas en torno a su posible comportamiento al ser presentado ya ante un juez en Brooklyn. Abundan, por último, los chismes sobre la identidad de sus principales colaboradores, cómplices o colegas en México. Trataré de poner un poco de orden en todo esto.

La pregunta en labios de todos es obvia: ¿Por qué cambió de opinión el Gobierno de Estados Unidos en relativamente poco tiempo? García Luna pasó de ser el secretario o policía consentido de las agencias norteamericanas, hasta 2012 como funcionario en activo, y hasta hace pocos meses como residente permanente en pleno proceso de naturalización. Se ofrecen varias explicaciones.

La primera, seguramente cierta, pero no suficiente, consiste en concluir que las acusaciones surgidas en el juicio del Chapo en Nueva York, sobre las cantidades de dinero que recibió García Luna, no habían aparecido antes. Tal vez los fiscales que hablaron con el hermano o con el hijo del Mayo Zambada las habían escuchado antes, pero no escalaron en la jerarquía del aparato estatal estadunidense. Empezaron a investigar esas acusaciones y brincaron muchas más; comenzó una vigilancia estrecha a García Luna, y cuando se hallaron conformes los fiscales del Eastern District de Nueva York, solicitaron una orden de aprehensión a un gran jurado. Esta es la fácil, y no debe descartarse en vista del caos que es la Administración Trump y de la mecánica infernal del sistema de justicia de Estados Unidos. No todo viene desde arriba.

Una segunda explicación radica en una maniobra electoral de Trump. ¿Habría decidido volver a la cargada con su antimexicanismo de 2016, buscando movilizar a su base a través de las denuncias de una invasión migratoria, de una inundación de drogas, sobre todo fentanilo y heroína procedentes de México, y de la corrupción generalizada en el país vecino? Qué mejor ejemplo y caso que el de García Luna. A esta se le puede agregar una variante: encarcelar y juzgar a García Luna equivaldría a condenar al gobierno de Obama. ¿Quiénes eran los amigos de García Luna? Eric Holder, Hillary Clinton, la directora de la DEA, el embajador en México, y desde luego, el vicepresidente Biden. ¿No es para tanto? Visto el papel del tema de la corrupción en el caso de Ucrania y el impeachment de Trump, nada se puede descartar.

Sobre la decisión de García Luna ante la justicia norteamericana, ya sabemos, según lo declaró uno de sus abogados, que por ahora, por lo menos, la opción de declararse culpable y negociar una sentencia está descartada. Esto encierra varias implicaciones, pero entre otras, figura la casi inevitabilidad de un juicio público, de una ofensiva de los fiscales de EDNY, de la necesidad de llamar a testigos de defensa. Puede resultar en un juicio del sistema político y administración de justicia de México, mucho más demoledor que el del Chapo. Es algo que nunca hemos visto.

Por último, el tema de los amigos de García Luna en México puede también revestir implicaciones graves para el sexenio de Calderón (y en menor medida de Fox). Ya empiezan la congelación de cuentas, las filtraciones, las versiones de corrupción desvinculadas del caso estadunidense. Allí hay mucha gente implicada, en el aparato de seguridad y el gobierno de Calderón desde luego, pero también en las fuerzas armadas y en el empresariado. El alcance del ventilador se puede volver incontrolable.
18 Diciembre 2019 04:04:00
El nuevo protectorado
Los enredos del Gobierno con los detalles del T-MEC y el alcance de diversas concesiones realizadas por López Obrador a última hora le han ofrecido a caricaturistas,
comentócratas, políticos, funcionarios y empresarios una magnifica oportunidad para inundarnos de lugares comunes y de tonterías. Me limitaré a las más evidentes, no sin antes subrayar un par de aspectos de la guerra de los agregados o de la letra chiquita que no han recibido la suficiente atención.

En primer lugar, todos los reflectores se han dirigido al tema laboral del T-MEC, pero el aspecto ambiental reviste la misma importancia, si no es que más. La sección 811 del Implementing Legislation Act enviada al Congreso de Estados Unidos estipula que habrá un Comité Intersecretarial sobre Medio Ambiente, cuya tarea consistirá en monitorear y hacer cumplir (enforce) las leyes ambientales mexicanas.

Habrá tres attachés o agregados ambientales en la Embajada o los consulados norteamericanos en México. Al igual que sus colegas laborales, deberán recibir y recopilar información sobre prácticas ambientales en México; informar trimestralmente al Comité Intersecretarial, y en su caso, echar a andar el mecanismo de paneles de solución
de disputas.

El mejor término para nombrar al conjunto de disposiciones ambientales y laborales aceptadas por López Obrador y el Senado es el de un protectorado ambiental y laboral. Se establece un régimen de vigilancia y puesta en práctica –enforcement– en estos ámbitos que obliga a respetar una legislación interna, bajo pena de sanciones comerciales en caso de no hacerlo.

Ya veremos si los sindicatos mexicanos, las ONG ambientalistas, los disidentes obreros, los maestros, petroleros o empleados de Walmart optan por recurrir a estos instrumentos para hacer avanzar sus derechos. El patrioterismo ramplón de la 4T tal vez los intimide. O no.

Entre los lugares comunes más divertidos estos días figura sin duda aquel que reza que los agregados laborales y ambientales deberán sujetarse a las leyes mexicanas. No solo es redundante y obvio; contradice otro lugar común, a saber, que no puede haber inspectores porque la ley mexicana no lo permite. ¿Por fin? Quizás un poquito de historia les serviría a todos.

Hay inspectores norteamericanos de la Food and Drug Administration que revisan los cargamentos de frutas, verduras, carne, camarón y atún de México a Estados Unidos desde hace casi un siglo. Hay agentes del FBI desde la Segunda Guerra Mundial, y de la DEA desde los años 70.

Los agregados, inspectores, agentes ambientales y laborales, o como se les quiera llamar, actuarán en México como todos los funcionarios estadunidenses desde tiempos inmemoriales: más o menos como se les da la gana.

Un Gobierno en Washington antiobrero o antiambiental como el de Trump posiblemente los conmine a hacerse de la vista gorda frente a las barbaridades ambientales y laborales que se cometen en México. Un Gobierno prosindical y “verde” hará lo contrario. Dependerá cuál nos toque.
11 Diciembre 2019 04:09:00
Por fin: García Luna al bote (aunque sea en Estados Unidos)
Ya habrá oportunidad esta misma semana, de abordar el tema del nuevo acuerdo TLCAN 3.0 o T-MEC 2.0 convenido por México, Estados Unidos y Canadá el martes. Pero de entrada tendría que ser muy inconsistente si no me congratulara con el vigoroso régimen de inspección –eufemísticamente titulado de cumplimiento a través de “agregados” a “attachés”– de las disposiciones laborales y ambientales del nuevo acuerdo. Quienes siempre hemos pensado que es imposible que México por su cuenta pueda crear realmente una democracia sindical y un movimiento obrero democrático, no podemos más que recibir este riguroso e injerencista acuerdo de inspección. Ya si a los empresarios mexicanos les gusta o no, es asunto de ellos.

Pero por ahora prefiero comentar una gran noticia, que a todos quienes siempre hemos denunciado a Genaro García Luna como un funcionario corrupto y asesino, no puede más que brindarnos una gran dosis de júbilo. Como ya se sabe fue detenido el día de ayer en Dallas por las autoridades norteamericanas, aparentemente sin ninguna solicitud por parte de México, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa y en particular de “El Chapo” Guzmán, y de tráfico de cocaína a Estados Unidos. Lo agarran por narcotraficante y no por asesino pero lo bueno es que lo agarran.

Se recordará que además de ser el autor del montaje y detención de Florence Cassez en 2005 cuando era director de la AFI, García Luna fue sorpresivamente nombrado Secretario de Seguridad Pública por Felipe Calderón y se dedicó durante seis años, no solo a poner en práctica la matanza y desaparición de decenas de miles de mexicanos, sino también de comprar enormes cantidades de artefactos de todo tipo, a Estados Unidos.

El tema de corrupción de García Luna surgió durante el juicio de “El Chapo” el año pasado cuando el hermano de Ismael “El Mayo” Zambada y otros testigos lo acusaron de haber recibido esos sobornos. También fueron mencionados, en ese mismo sentido, los expresidentes Calderón y Peña Nieto. Siempre resultaba difícil, como lo comentamos en mi entonces columna de El Financiero, que en un juzgado norteamericano, el juez, el jurado y la Fiscalía de Nueva York, dieran por bueno el testimonio de Jesús “El Rey” Zambada y de otros en torno a “El Chapo”, mas no en torno a los sobornos que “El Chapo” realizaba de altos funcionarios mexicanos. En aquel momento, todos estos testimonios fueron dejados de lado, ya sea porque el juez así lo exigió por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos, ya sea porque se dejaron para después.

Pero ahora ya no fue posible, o deseable para el Departamento de Justicia, mantener esa separación levemente artificial. Es difícil saber cómo avanzará este juicio, pero podemos decir de entrada algo inusitado. Tengo entendido que desde el 2013 o incluso finales del 2012, Washington le entregó una tarjeta de residencia a García Luna para que se instalara tranquilamente en la ciudad de Tampa en Florida y se dedicara a sus negocios. Se le entregó esa residencia a un “amigo de Estados Unidos”. Parece que ya no tan amigo.
06 Diciembre 2019 04:08:00
Informe final de la OEA sobre Bolivia y el ocaso de Evo
Ya se hizo público el informe de la OEA sobre el fraude en las elecciones de Bolivia del 20 de octubre pasado. Como se recordará, hace poco más de un mes, la OEA entregó una versión preliminar de sus conclusiones, que llevó a la renuncia de Evo Morales y al principio de la convocatoria de nuevas elecciones. Ahora la OEA entrega la totalidad de sus conclusiones.

El contenido es detallado, técnico y un poco tedioso, pero devastador para Morales, su gobierno, y su partido, el MAS. Básicamente cometieron un enorme delito electoral, parecido solamente en tiempos recientes al que sucedió en México en 1988.

Cito el resumen que publica el diario El País: “El documento del organismo aclara que las ‘manipulaciones’ e ‘irregularidades’ cometidas durante los comicios impiden saber con certeza el margen entre Morales y el candidato opositor Carlos Masa. ‘Lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas’… la ‘manipulación dolosa’ se dio en dos escenarios: en la alteración de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas y en el conteo de los resultados. El flujo de los datos se redireccionó en un momento a dos servidores ocultos que no eran controlados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los mismos empleados del Tribunal permitieron que esto sucediera, según el informe, ‘destruyendo toda confianza en el proceso electoral’”.

Según El País, el documento de la OEA “apunta que Morales ganó debido a ‘un aumento masivo e inexplicable’ de los votos del Movimiento al Socialismo (MAS) en el 5% final del cómputo”… “El análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable”.

Aunque desde luego los académicos partidarios de Evo Morales en Estados Unidos y en Europa hayan llegado a conclusiones distintas, es obvio que no tuvieron acceso a la información con la que si contó la comisión de auditoría de la OEA de más de 100 integrantes que tuvieron acceso a los servidores, a las actas, a los funcionarios electorales, etc.

Puede uno tener la opinión que se quiera del comportamiento de Luis Almagro, secretario General de la OEA, en todo este proceso, incluyendo su apoyo a la candidatura inconstitucional de Evo Morales hace más de un año, pero es difícil suponer que Almagro pudo manipular a un centenar de funcionarios de muchos países.

Hubo un fraude electoral significativo, que en México por ejemplo, con la legislación electoral actual, se configuraría un delito electoral. Hasta ahora sabemos que los militares bolivianos no han tomado el poder. Habrán contribuido junto con muchos otros factores a la salida de Evo de la presidencia, pero no la ocuparon en su lugar. Y finalmente todo parece indicar que habrá elecciones nuevas en Bolivia, donde podrán competir todos los candidatos que así lo deseen, salvo Morales y García Linera, en vista de la puesta en práctica meticulosa de las disposiciones constitucionales que el propio Morales redactó hace muchos años.

El partido de Evo Morales, el MAS, votó junto con todos los sectores de la oposición tanto en el senado como en la cámara de diputados, a favor de la manera de celebrar el proceso electoral.

Si tomamos en cuenta estos elementos que quizás no estaban del todo presentes el día de la renuncia de Evo Morales, podemos concluir que si acaso fue un golpe, lo fue de manera muy sui generis: después de un intento de fraude electoral generalizado; acompañado de un enorme movimiento popular en contra de ese fraude electoral; sin que los militares tomaran el poder; y con nuevas elecciones ya convocadas, y que tendrán lugar bajo una rigurosa observación internacional. ¿Están seguros de lo del golpe?
04 Diciembre 2019 04:06:00
¿Y si alguien quiere revertir lo irreversible?
Quizás una de las características más consagradas y aceptadas de la democracia representativa consiste en la posibilidad siempre existente de la alternancia.

No necesariamente de su consumación, desde luego: en Suecia y en la India, por ejemplo, un solo partido ejerció el poder durante decenios, pero nunca desapareció la posibilidad de que lo perdiera, como en efecto ocurrió.

El corolario de la alternancia –lo contrario de un proceso revolucionario– reside por fuerza en la posibilidad de revertir las decisiones, las medidas, el programa de un Gobierno, cuando los votantes eligen a otro.

La opción de revertir por otro Gobierno lo que un antecesor realizó constituye la esencia de la alternancia y de la democracia representativa.

A unos les pueden gustar las políticas públicas de Lula y del Partido de los Trabajadores en Brasil, o de Obama y los Demócratas en Estados Unidos.

Sus gobiernos pueden intentar afianzarlas lo más posible dentro de la ley.

Pero si los votantes eligen a un Bolsonaro o a un Trump, quienes claramente anunciaron que cancelarían las realizaciones de sus predecesores, ni modo: van para atrás.

Lo único que no va para atrás es la revolución, o el socialismo del siglo 21, o todo el poder a los soviets.

López Obrador anunció el domingo que necesita un año más para lograr que la llamada cuarta transformación se vuelva irreversible; para que nunca más México regrese al neoliberalismo, al racismo, a la corrupción, al elitismo, etc.

El problema es qué pasa si electores mexicanos –el pueblo sabio– se equivocan –se vuelve un pueblo tonto– y votan por adentrarse de nuevo en ese infierno que comenzó en 1982.

La historia evidencia que en muchos países muchos pueblos se han equivocado, en muchas ocasiones.

Tal vez no se dieron cuenta de inmediato, pero el dilema con celebrar elecciones es que un demagogo –Hitler, Trump, Chávez, Bolsonaro– puede venderle a distintos pueblos en distintos países, una gran cantidad de cuentas de vidrio.

Y entonces, ¿qué hacemos?
Intentar imprimirle un sello irreversible a las llamadas transformaciones de AMLO delata un pensamiento a la vez revolucionario y autoritario.

Revolucionario porque pretende hacer definitivo lo que debe ser pasajero: un programa contra la pobreza que puede o no funcionar; un sistema de salud o de educación funcional para un nivel de desarrollo, no para otro; un esquema electoral de transición; una reforma del Estado deseable para unos, detestable para otros.

Autoritario porque se trata de evitar que se modifique lo hecho; ya se decidió una vez, y no hay motivo para cambiar de opinión.

Decía Javier Tello en La Hora de Opinar que la irreversibilidad no implica autoritarismo alguno, porque en seis años Andrés Manuel López Obrador busca transformar al mexicano de tal suerte que ya no querrá volver hacia atrás.

Es decir, el dilema es inexistente: no es necesaria la posibilidad de revertir la 4T porque los mexicanos también se transformarán al grado que esa opción resultará redundante.

El mexicano nuevo no deseará regresar al neoliberalismo, y por lo tanto no requerirá de la oportunidad de hacerlo.

Confieso que en mi antigua regla de cálculo no alcanzo a determinar cuántos años se necesitan para cambiar a un pueblo, o para crear un mexicano nuevo. Creo que más de un sexenio.
29 Noviembre 2019 04:07:00
Serán narcos, pero son nuestros narcos
La amenaza de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) ha encendido las pasiones patrias. Políticos, activistas, la comentocracia, se envuelven en la bandera, gritan que ¡no pasarán! y nos inundan de lugares comunes sobre el respeto, la firmeza y la soberanía nacional.

Trump seguramente se ríe, y López Obrador se limita a desearle un “Happy Thanksgiving” al pueblo norteamericano. No es para tanto, pero puede resultar interesante especular sobre las razones de tanta virulencia e indignación.

Desde un punto de vista jurídico y de combate al narco, de cumplirse la advertencia de Trump, los dispositivos adicionales con los que contaría Estados Unidos en México, o contra nuestros narcos allende el Bravo, o bien son redundantes, o bien son inutilizables.

La congelación de cuentas, la cancelación de visas, la detención o la deportación desde Estados Unidos por ser narco, o poseer algún tipo de asociación, vinculación o complicidad (por ejemplo, suministrar armas) con los narcos es una realidad desde hace años.

José Díaz-Briseño en Reforma lo explica con toda precisión el jueves. La Kingpin Act de 1999 ya lo permite; es semejante el alcance de la designación vía el procedimiento de Specially Designated Persons.

No autoriza sanciones contra el país o el Estado mexicano, ni permite operaciones militares norteamericanas en México, ni va a desembocar en acusaciones generalizadas contra ciudadanos mexicanos de a pie. Y lo que sí podría suceder, a saber, que un empresario mexicano que pagara derecho de piso a un cártel designado como FTO fuera perseguido por Estados Unidos sería lamentable, pero al final del día poco probable e individual.

La extraterritorialidad de la Patriot Act de 2001 es odiosa, pero incide poco en el caso de México. Lo que sí es cierto es que la posible decisión de Trump afectará la imagen, ya de por sí catastrófica, del país en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Asimismo, posiblemente entrañe un aletargamiento del comercio entre los dos países, debido a más papeleo, revisiones y falsos positivos en la frontera. Pero la gran víctima de la amenaza de Trump, en caso de cumplirse, sería la narrativa de AMLO sobre su relación con Washington.

Desde la elección, López Obrador ha insistido en su buena relación –de respeto– con Trump. No se ha enganchado, y aceptó todas las exigencias del Gobierno norteamericano hasta la ignominia, en materia migratoria.

Incluso está a punto de imponerle a los empresarios mexicanos las demandas del sindicalismo estadunidenses para lograr la aprobación del T-MEC. Evita, a toda costa, cualquier conflicto con el norte.

Esta narrativa se debilita, si no es que se derrumba, con la designación de los cárteles mexicanos como FTO. No es un acto amistoso, o por lo menos AMLO y Ebrard lo volvieron un acto hostil al denunciarlo y rechazarlo. AMLO podrá callarse todo lo que quiera, pero más o menos sabemos lo que va a suceder.

Mandará a Ebrard a Washington a dizque celebrar negociaciones “históricas” como en Viena (1815) o París (1919 y 1972), de las cuales emergerá como héroe, evitando la designación (al igual que los aranceles), al aceptarle a Trump todas sus imposiciones.

Estas incluirán volver a las posturas de Calderón y Peña Nieto de búsqueda de capos o cabecillas, de decomisos y quemas de sembradíos, de retenes y despliegue de más efectivos militares. Se abandonará la política –consciente o no, y en cualquier caso, acertada, en mi opinión– de hacerse de la vista gorda con el narco. Se acabarán los abrazos, resurgirán los balazos, pero eso sí, nadie designará a nuestros cárteles como terroristas. Serán narcos, pero son nuestros narcos.
27 Noviembre 2019 04:08:00
T-Mec y Thanksgiving
Hace casi exactamente un año se firmó el llamado T-MEC en Buenos Aires, en las últimas horas del sexenio de Peña Nieto. Trump y Trudeau aceptaron un procedimiento un poco extraño, justamente por las prisas, y para darle gusto a López Obrador. Firmándolo Peña Nieto, el nuevo Presidente mexicano no se veía obligado a negociar nada, podía afirmar que a él le entregaron un documento ya cerrado, y que no le quedaba más que suscribirlo. La ratificación por los poderes legislativos de los tres países se daba por hecha, aunque ya en ese momento el partido de Trump había perdido la mayoría en la Cámara baja del Capitolio en Washington, y eso auguraba un proceso de aprobación más complejo de lo esperado.

Hoy estamos en la víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, fecha que hasta los más optimistas –entre mexicanos y estadunidenses; los canadienses no opinan mucho– habían fijado como plazo para ratificar el acuerdo. Después de Thanksgiving, quedan pocos días hábiles en el Congreso antes del receso de Navidad y fin de año. Ya para mediados de enero existe la tradición según la cual no se aprueban convenios comerciales en un año de elecciones presidenciales –el único ha sido con Australia– y la configuración del elenco demócrata torna casi imposible la aprobación en plenas primarias. Conviene recordar que seis de los aspirantes son senadores, y se verían obligados a votar en plena campaña, seguramente con posiciones encontradas.

Sin embargo, la esperanza es lo último que muere, y tanto López Obrador como Trump, tanto Ebrard como Lighthizer (Jesús Seade menos, según los reportes de prensa) mantienen un optimismo a toda prueba, por lo menos de fachada. Más aún, insisten en insistir que el T-MEC debe aprobarse ya. Seguramente los mexicanos creen que lo pueden presentar como un triunfo de la 4T y convertirlo en una palanca para la inversión nacional y extranjera.

Dado el calendario, es prácticamente imposible que el T-MEC siquiera comience a ser discutido en las cámaras este año. Para 2021, aún si se sortearan los obstáculos ya descritos, existe un pequeño estorbo, insinuado ayer por el propio Seade, que puede enredar todo. Los sindicatos norteamericanos, de enorme importancia para el partido Demócrata en año electoral, exigen mecanismos de cumplimiento –enforcement– mucho más rigurosos que aquellos actualmente asentados en el documento.

En particular, parece que piden la aplicación de la llamada fórmula peruana, es decir, inspecciones in situ, sin aviso, por inspectores norteamericanos, del cumplimiento de las nuevas disposiciones laborales mexicanas. López Obrador reitera que México ya cumplió, al establecer un nuevo marco jurídico. La AFL-CIO y varios congresistas demócratas, así como por lo menos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, responden que justamente, ya no se trata de leyes mexicanas, sino de mecanismos no mexicanos para asegurar el cumplimiento de aquellas. Cuando en Washington alguien dice que ya casi hay un acuerdo entre Pelosi y Lighthizer, se refieren a esto, pero hacen caso omiso, por ahora, del necesario acuerdo entre los mexicanos y Lighthizer.

En vista de la postura actual de los empresarios mexicanos, si AMLO se los pide no se puede descartar que al final acepten las inspecciones descritas. Les repugnan, con algo de razón en vista del carácter supranacional del dispositivo. Pero si ese es el precio a pagar, lo asumirían. Sin embargo, todo esto toma tiempo, y es lo que menos hay. Tal vez ellos y AMLO debieran examinar otra opción: una propuesta de México de posponer la discusión y ratificación del T-MEC hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre próximo. A menos de que se haga un milagro el 12 de diciembre.

22 Noviembre 2019 04:02:00
El aislamiento de AMLO en América Latina
Entre las muchas babosadas que en materia de política exterior suelen repetir los priistas y la izquierda –en este rubro son los mismos– figura destacadamente la necesidad de “recuperar” o de “conservar”, según el momento, el “liderazgo” de México en América Latina. Nunca he entendido cuando existió dicho liderazgo.

Si se refieren a acontecimientos icónicos como el voto de México en la Conferencia de Caracas de 1954 sobre Guatemala, o la no ruptura con Cuba durante los años 60, o la ruptura con Pinochet en los 70, o al apoyo a los sandinistas y al FMLN algunos años después, ejercimos todo menos que liderazgo. Tuvimos razón, en mi opinión, pero la tuvimos solos. Nadie nos siguió, en buena medida porque la región se encontraba gobernada por regímenes militares subordinados a Estados Unidos.

Más adelante, un puñado de países nos acompañaron en la negociación del fin de las guerras centroamericanas, pero el liderazgo lo ejerció Óscar Arias, quien por eso obtuvo un Premio Nobel de la Paz. No México.

Pero si antes estábamos solos y no mal acompañados, ahora nos encontramos más solos y muy mal acompañados. Nunca habíamos hecho un ridículo semejante al que exhibimos el miércoles en la OEA a propósito de un proyecto de resolución presentado por Brasil y Colombia sobre la situación en Bolivia. El texto simplemente llamaba a la celebración de elecciones lo más pronto posible y al cese de la violencia. Exigía el respeto a los derechos humanos y responsabiliza al Gobierno boliviano “por cualquier violación a los mismos”.

Veintiséis países (de los 34 miembros) votaron a favor, incluyendo a los patrocinadores, a Estados Unidos y Canadá, a Perú, República Dominicana, Ecuador y Costa Rica, y a gobiernos de centro-derecha como Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala.

Se produjeron cuatro abstenciones (Barbados, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay), y tres países votaron en contra. El primero, San Vicente y Granadinas; el segundo, la Nicaragua de Daniel Ortega; el tercero, el México de la 4T.

Aunque la representante de México pronunció un discurso leguleyo que hubiera podido ser redactado por Evo Morales, nuestro país no dio propiamente una explicación de voto. Pero en el fondo, votamos en contra porque la resolución no mencionaba el “golpe de Estado” denunciado por Morales y López Obrador, porque el grupo patrocinador no convocó a México a las negociaciones para redactar el texto, y porque a Cuba, Maduro y Morales no les hubiera gustado. O sea, votamos con un país y una islita del Caribe de 118 mil habitantes y no nos invitaron a negociar. Vaya liderazgo.

Habrá unos nostálgicos trasnochados que buscarán equiparar esta vergüenza mexicana con la postura de México en Costa Rica y Punta del Este sobre Cuba en los años 60. Nada más absurdo y falso. Todos los países que votaron a favor el miércoles son democracias, o pretenden serlo (Venezuela, representada por el gobierno de Guaidó, o el Gobierno interino de Bolivia); la única dictadura en la OEA hoy es Nicaragua, nuestra compañerita. Estamos completamente aislados en la América Latina real, no en la de las fantasías eróticas de los funcionarios de la 4T.
20 Noviembre 2019 04:01:00
Acción afirmativa tropicalizada
Una vez más, López Obrador ha echado a andar un debate nacional sobre un tema importante, pero de la peor manera, y sin saber muy bien de lo que habla. Me refiero a su propuesta de entregar apoyos, a partir de ahora, a los adultos mayores a partir de los 68 años –si son mestizos– y a los 65 –si son indígenas–.

Aunque esto excluye inconscientemente a quienes no son lo uno ni lo otro –lapsus freudiano, sin duda– plantea una discusión interesante sobre la acción afirmativa en México. Quienes han rechazado de entrada la propuesta de AMLO en esta materia, tildándola de racista o de divisiva, olvidan que uno de los principios del Derecho, de la política social, y de las políticas públicas en general en los países democráticos, es el trato desigual a desiguales.

Justamente porque determinados sectores de la sociedad –minorías étnicas, regionales, raciales, lingüísticas, o mujeres– han padecido exclusiones, discriminación, genocidio, esclavitud o simple marginación, en varios países se ha intentado reparar el daño, y corregir la situación.

Los partidarios de López Obrador tienen razón en este sentido. Entregarle un estipendio superior a un grupo desfavorecido de la sociedad mexicana puede ser asimilado, superficialmente, a la acción afirmativa a favor de los afroamericanos o latinos en Estados Unidos, de los miembros de castas oprimidas en la India, de franceses de origen árabe, o de afrodescendientes en Brasil, por ejemplo.

El dilema de cómo identificar a los beneficiarios legítimos y potenciales de dicho trato discriminatorio positivo se resuelve fácilmente, tanto en los países mencionados como en aquellos firmantes de convenios de la OIT, como en México.

La solución radica en la autoidentificación: es negro en EU quien así se declara, denomina o se identifica. En ocasiones esta vía encierra abusos o ambigüedades: el caso de una exdirigente de la NAACP, la principal organización de color en Estados Unidos, que era blanca pero se sentía afroamericana, o de Elizabeth Warren, quien se catalogó como parcialmente Cherokee en algunos documentos de joven. Ni modo. Hasta aquí, quienes apoyan esta tesis de AMLO están en lo cierto.

Donde ya no aciertan es en el diseño de la política pública en cuestión. En todos los países citados, y algunos más, la acción afirmativa, cuando es constitucional –y en varios ha sido descartada por no serlo– se concentra en tres rubros: educación, vivienda y empleo.

En las universidades públicas o privadas que reciben financiamiento público y con admisiones selectivas, como las instituciones de educación superior en todas partes, se supone que dichas instituciones deben realizar un esfuerzo especial –afirmativo, o proactivo– para admitir a estudiantes pertenecientes a minorías discriminadas, o mujeres, sin llegar a un sistema de cuotas.

El propósito es doble: corregir una desigualdad previa y duradera, por un lado, y construir una mayor diversidad para evitar desigualdades futuras, por otro. Los mismos criterios existen en el empleo gubernamental –si dos candidatos con capacidades iguales compiten por un mismo cargo, debe recibirlo el o la que proviene de una minoría discriminada o es mujer– y en la vivienda pública o subsidiada.

En algunos casos, también se aplica la acción afirmativa en el otorgamiento de créditos a Pymes: una empresa propiedad de minorías o mujeres debe tener un acceso preferencial.

Existen sin duda otros rubros, pero, en lo fundamental se trata de oportunidades: se busca igualarlas, a través de un énfasis desigual, para corregir desigualdades anteriores.

Que yo sepa, no hay países donde las pensiones, o algún tipo de estipendios -Bolsa familia en Brasil, por ejemplo– o un ingreso básico universal, o un impuesto sobre la renta negativo (EITC) en EU, se aplique de manera desigual en función de etnias o razas.

Obviamente, los programas de combate a la pobreza son discriminatorios: se aplican a los pobres. Y existen programas especiales para los adultos mayores en muchos países; el Medicare de EU es el más cercano.

Pero difícilmente se encontrará una acción afirmativa basada únicamente en consideraciones étnicas o raciales y que implique una entrega en especie superior. AMLO ignora estas consideraciones, y sus partidarios hacen caso omiso del mito mexicano del mestizaje. Tal vez ya convenga defenestrarlo.
15 Noviembre 2019 04:07:00
La CNDH y el currículum
A la clase política mexicana y quizás a la sociedad mexicana en su conjunto, los temas de procedimiento, siempre son más interesantes y accesibles que los de sustancia. Parte de esto se debe al leguleyismo mexicano ya clásico, parte a la opción de confrontarse sobre temas secundarios y no esenciales, y parte porque es mucho más fácil entender temas de método que de fondo.

Un magnífico ejemplo de esto se nos presenta con la cínica, desfachatada e inaceptable imposición de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH por la aplanadora de Morena en el Senado. No creo que alguien pueda dudar del fraude electoral –parecido al de 1988 en México, al de Bolivia en 2019, y al que López Obrador dice que sucedió en México en el 2006– para elegir a Piedra. Simplemente las cuentas no salen.

Pero en realidad eso es lo de menos. Ella no debe ser presidenta de la CNDH, no por que su elección fue ilegal o manipulada o simplemente falsa. No debe ser presidenta de la CNDH porque no tiene las credenciales para serlo.

La primera objeción a su ocupación del cargo ha sido subrayada por muchos y es evidente. No solo es cercana a López Obrador y a Morena. Fue la secretaria de Derechos Humanos de Morena hasta hace poco. Y fue candidata de Morena a la cámara de Diputados el año pasado. Una cosa es que ni la ley –solo las reglas de procedimiento de la CNDH– prohiban que alguien que pertenece o perteneció recientemente a un partido político pueda pertenecer a ese cargo.

La moral, la eficacia, la sensatez, obviamente se contraponen con la designación de una funcionaria partidista para ocupar dicha presidencia. Ya hubiera querido ver si con Fox o Calderón, o Zedillo y Peña Nieto se hubiera designado a un militante panista o priista para el cargo. Sin por ello decir que algunos de los ocupantes de ese cargo han sido francamente funestos.

Pero la segunda razón es que Piedra no tiene ninguna credencial, en su historial o currículum de vida, para ocupar el cargo. Salvo ser hija de su madre y hermana de su hermano. Lo cual puede tener un enorme valor emocional, puede incluso en su caso darle estatuto de víctima y un conocimiento diferente a los temas de derechos humanos que puedan tener otros. Pero nada más.

En los buscadores de internet no encontré ninguna referencia sobre sus actividades académicas o de activismo –salvo Eureka– desde que salió de la universidad. No encuentro nada en su trayectoria –su formación, su activismo, su vida profesional, su bitácora de publicaciones, su participación en las grandes luchas de derechos humanos de los últimos 25 años, no solo en los años 70– para justificar su nombramiento. Todos sabemos que la única justificación es su cercanía a López Obrador. ¿A quién nombraría como presidenta de la CNDH sino a la secretaria de Derechos Humanos de su partido?
13 Noviembre 2019 04:08:00
Ardor por Evo
La 4T está ardida. Sabe, a pesar de sus cortinas de humo, sus mentiras y sus faramallas, que la caída de Evo Morales en Bolivia constituye un serio revés para el proyecto de López Obrador en México. Sobre todo, la 4T sabe realmente cuáles han sido las condiciones de esa caída, independientemente de lo que inventen sus funcionarios y sus voceros.

En primer lugar, más allá del papel exacto de las Fuerzas Armadas bolivianas en la salida de Evo Morales, el Gobierno mexicano sabe perfectamente que cayó Evo por el fraude electoral y por el hartazgo de la población hacia su Gobierno.

A pesar de éxitos innegables a lo largo de los últimos 13 años, en una elección fraudulenta, 53% del electorado votó contra Evo, es decir la misma proporción que votó a favor de AMLO. Sabe que el fraude fue detectado, denunciado y comprobado por una misión de observadores y de auditoría libremente consentidas, ambas, por el Gobierno de Evo Morales.

Sabe que hubo una gigantesca movilización popular, igual o mayor que la de Chile, en un país mucho más pequeño, contra Evo Morales, contra su fraude electoral y contra su intento de perpetuarse en el poder.

Sabe también el Gobierno mexicano que Evo constituía la última figura icónica de la llamada izquierda latinoamericana, o lo que un tiempo se llamó el socialismo del siglo 21. Lula ya no está preso, afortunadamente, pero no se encuentra en condiciones de liderazgo regional. Los cubanos están otra vez al borde de la miseria o ya se encuentran en ella; la Venezuela de Nicolás Maduro se halla en una situación más desesperada que nunca; la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua no va a ningún lado; y la única forma en que Alberto Fernández en Argentina pueda sacar adelante a su país, es tomando distancias frente a la demagogia latinoamericanista y “anti-neoliberal” del grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo.

Por último, el Gobierno de México sabe perfectamente que Evo no pidió asilo, sino que se lo ofreció; que va a tratar de volver a Bolivia desde México utilizando recursos de Morena, de los cubanos, de los venezolanos, y de sus propias cuentas de banco.

El Gobierno de López Obrador va a polarizar aún más a la sociedad mexicana, habiendo insistido, casi rogado, que Morales aceptara el ofrecimiento mexicano de asilo. Más allá de lo que haya sucedido en Bolivia –golpe de Estado, o no; ruptura del orden constitucional, o no; nuevas elecciones muy pronto, o no– López Obrador y la 4T saben que perdieron un partidario importante, emblemático, en su absurdo proyecto latinoamericanista trasnochado.

Por eso, cometen tanto errores como el haber felicitado a Evo por su supuesto triunfo electoral, en compañía únicamente de los dictadores de Cuba y de Venezuela. Por eso no han previsto la ropa sucia que aparezca en La Paz.
08 Noviembre 2019 04:00:00
¿Son las armas gringas?
A la comentocracia y a los gobiernos de México les encanta reclamarle a Estados Unidos el tráfico de armas a nuestro país. Desde hace ya medio siglo, insistimos en que nosotros ponemos las drogas y los muertos, y ellos las armas. Como el reclamo de que reduzcan el consumo de drogas ya no vuela, el de las armas se ha convertido en el lamento patriótico, retórico y moral predilecto contra la pérfida América (ya no Albión).

Haciendo a un lado el carácter inviable de la exigencia –la Segunda enmienda a la Constitución norteamericana no se va a modificar– o la naturaleza contradictoria de la exigencia –¿a quién le toca evitar la salida no autorizada de un país? ¿a las autoridades del país de salida, o de entrada? Piensen bien antes de contestar– e incluso el aspecto contraproducente de inspecciones de norte a sur, el tema es más complicado de lo que parece.

Está prohibido exportar armas de EU sin permiso, pero es imposible determinar la intención de un posible exportador, hasta que exporta. Si queremos que ellos eviten la salida de armas, como ha sostenido Carlos Puig, nos van a responder que nosotros evitemos la de mexicanos; hasta López Obrador, ningún Gobierno de México se había animado a hacerlo.

Desde 2009, Rubén Aguilar y yo, escribimos en La Guerra Fallida –cuando pocos se atrevían a cuestionar la estrategia de Calderón– que al colocar EU retenes de inspección en San Ysidro, del lado norte de la frontera con Tijuana, los primeros en alzarse casi en armas fueron los comerciantes tijuanenses. Las eternas colas para entrar a México hicieron que se desplomara el comercio; muy pronto el Gobierno de México pidió frías.

Lo más interesante no es todo esto. Reside en la tesis de Carlos Pascual, el exembajador de Estados Unidos en México entre 2009 y 2011, a propósito del reclamo de entonces del Gobierno de Calderón sobre el tráfico de armas, y de la acusación de que el incremento de la violencia en México se debía a eso.

En particular Calderón y su gente invocaban la prescripción, en septiembre de 2004, del Assault Weapons Ban (AWB), o prohibición de venta de fusiles de asalto. Pascual refutaba esta versión con un simple dato, que entrego al lector para que decida.

Según el Inegi, los años 2004-2007 fueron los menos violentos en la historia moderna de México, llegando a 8.3 homicidios por 100 mil habitantes, el nivel más bajo jamás registrado. Hoy –es decir en 2018– estamos, según el propio Inegi, en más de 29.
En otras palabras, la violencia en México descendió en los primeros cuatro años posteriores a la prescripción del AWB.

Comenzó a elevarse a partir de finales de 2007, cuando entró en vigor de lleno la guerra de Calderón. Se puede atribuir a muchos factores dicho incremento, pero no fácilmente a las exportaciones de fusiles de asalto de Estados Unidos a México.
06 Noviembre 2019 04:01:00
¿Cuál golpe?
Obviamente López Obrador no tiene la menor idea de lo que habla cuando invoca el peligro de un golpe de Estado. Empezando porque Hitler, uno de sus ejemplos, no dio ninguno. Llegó al poder en 1933 gracias a una elección democrática, y a la división criminal del Partido Socialista (SPD) y el Partido Comunista (KPD). Chávez, en cambio, intentó dar un golpe, en 1992, pero fracasó. Huelga decir que AMLO no lo menciona entre sus ejemplos de lo que no va a suceder en México.

Prefiere la versión nativa del tema: el golpe de Huerta contra Madero en 1913. Sólo que, como bien lo ha escrito Aguilar Camín, ese golpe no lo dio la prensa, sino la Embajada de Estados Unidos, con la complicidad de parte del Ejército, del “sobrino de su tío”, y de otros sectores porfiristas. Mientras que hoy, la Embajada es aliada incondicional del régimen, y los medios, con la excepción de la mayoría de las columnas, se encuentran en un estado de sumisión (Houellebecq) considerable.

Los que hemos estudiado los golpes de Estados de verdad, o quienes conocemos a quienes los han vivido, sabemos que López Obrador inventa. No hay nada en el paisaje político de México que invite a pensar que se pueda dar un golpe, pero no por las razones que el ofreció al día siguiente de su disparate. El rey del lugar común se equivoca. Dejando a un lado los casos de llamados golpes blancos, es decir no militares, una asonada implica al Ejército. Los ejércitos, en América Latina y en China, son leales, institucionales, y de origen popular, hasta que dejan de serlo. Las Fuerzas Armadas chilenas poseían una tradición de obediencia al mando civil mucho más antigua que la mexicana. La echaron por la borda cuando los intereses del empresariado chileno, de las clases medias chilenas, de los partidos políticos de oposición chilenos, de la Iglesia chilena, y de Estados Unidos se impusieron a su supuesta constitucionalidad.

En México, el Ejército no es más leal, popular o institucional que otros. No ha tenido hasta ahora ninguna ambición de gobernar, porque prefería dedicarse a otras labores. No se encontraba, ni se encuentra, preparado para la cosa pública. Una tercia de generales no hacen verano. Hoy ningún poder fáctico en el país promueve una ruptura del orden democrático, porque ningún interés importante ha sido lastimado. No ha pasado nada que perjudique a ninguno de los poderes fácticos, y menos que a nadie a Estados Unidos. López Obrador es la niña de los ojos de Trump, y lo dice un día sí y un día no. Los empresarios no invierten, ni invertirán, pero tampoco van a conspirar contra el Gobierno; no es lo suyo.

Cuando un gobernante inventa un cuento inverosímil en una coyuntura adversa, como López Obrador de manera creciente, es porque agotó otros recursos. Ningún mandatario serio puede evocar el peligro de un golpe de Estado cuando no existe, sin tener otros motivos para hacerlo. Ya iremos descubriendo cuáles son.
30 Octubre 2019 04:10:00
Un ejército anacrónico
Después de la debacle de Culiacán, podría resultar interesante una discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad mexicana. Huelga decir que no tendrá lugar, ya que la comentocracia le tiene un respeto reverencial a lo que los chilenos llaman “los milicos”, la oposición le tiene terror, y este Gobierno prefiere, al igual que sus predecesores, resignarse a una serie de lugares comunes o cursilerías.

A pesar de todo, vale la pena proponer algunos puntos de discusión que hipotéticamente podrían caber en un debate de esa naturaleza.

Primero: la persistencia anacrónica, primitiva y contraproducente de secretarios de la Defensa y de la Marina uniformados. Ningún país de la OCDE (a la que nunca debimos pertenecer: es un club de países ricos) carece de un ministerio unificado bajo mando civil, salvo Turquía, el otro socio pobre de la organización de París. Pero esos son mayoritariamente países desarrollados y viejas democracias.

Sin embargo, ningún país de América Latina –salvo Venezuela; Cuba no cuenta– conserva esa disposición obsoleta: ni los grandes con viejos ejércitos aristocráticos, ni los pequeños, más recientes en su construcción
castrense.

Ningún Presidente mexicano ha optado por modificar este esquema, sobre todo por respetar el antiguo acuerdo de los años 30: los militares no se meten en los asuntos de los civiles –gobernar– y los civiles se abstienen de intervenir en sus asuntos –definidos como cada quien prefiera–. Hoy se trata de un esquema disfuncional, anti-democrático, y que contribuye en gran medida a los siguientes anacronismos.

Se trata de la segregación o separación de los militares del resto de la sociedad. Además de provenir en su gran mayoría de los estratos más desfavorecidos –el equivalente de facto de un Ejército voluntario– viven en unidades habitacionales apartadas de las demás zonas de las ciudades. No conviven con los mexicanos de a pie, ni en sus moradas, las escuelas de sus hijos, los cines, hoteles, centros de diversión o deportivos.

Ellos y los demás mexicanos pertenecemos a compartimentos estancos. Lo del “pueblo uniformado” es un eufemismo, en cuanto a México se refiere: son una parte del pueblo, separada de los demás. Y en cuanto al mundo, son lo mismo que en otras naciones, mucho menos excepcional de lo que piensa López Obrador, sin que necesariamente sea lo ideal.

El país en el cual el Ejército es más “pueblo en uniforme” es Israel. Si la ley mexicana no permitiera que los militares fueran al estadio de futbol en uniforme, hay que cambiar la ley, como se hace todos los días en México. A menos de que no los quieran tanto como muchos sugieren.

El Artículo 404 del Código de Justicia Militar solo prohibe la portación del uniforme o de insignias militares a “quienes no les correspondan”. La verticalidad militar de la jerarquía, sin mando civil como en los países normales, junto con la segregación castrense, lleva a un tercer anacronismo, quizás el más antidemocrático y disfuncional de todos.

Se trata de la opacidad, o de la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. No me refiero a los temas de derechos humanos o de justicia civil; se ha avanzado. Se trata de la transparencia y la rendición de cuentas presupuestales, de compras y ventas, de asignaciones directas y de licitaciones, de formas ocultas de cooperación con otros países, de recurrir sistemáticamente a la reserva por motivos de “seguridad nacional” para no divulgar información comprometedora.

Esto debiera ser inaceptable en una democracia moderna, con límites razonables. A menos de que se piense que es innecesario vigilar y castigar la corrupción en el seno de las fuerzas armadas, porque no son corruptas. Porque son “el pueblo uniformado”.
23 Octubre 2019 04:05:00
Culiacán y la raza negra
Hay de declaraciones aberrantes a declaraciones aberrantes. Pero Francisco Garduño, el comisionado del Inami, se llevó la vaca. “Eso es un aviso para toda la migración transcontinental: de que así sean de Marte los vamos a mandar, hasta la India, hasta Camerún, hasta el Africa …El costo es muy alto, pero el costo político y el costo de tenerlos en nuestro país con el problema con Estados Unidos y el problema de la migración en el sur…no es posible mantenerlos aquí … No es posible ver compañeros o humanos de la raza negra con esa conducta en contra de los agentes migratorios, de los agentes de la Guardia Nacional, de los agentes que trabajan en Migración, lanzándoles botellas, siendo rehén en nuestro propio país de ese tipo de migración” (Reforma, 22 de octubre, p 2).

En cualquier país normal, un comentario tan descaradamente racista implicaría un cese fulminante, ni siquiera la renuncia. En un país expulsor de migrantes, como ha sido México desde el siglo 19, y que lo sigue siendo, debiera recibir además del despido, una sanción. Pero en un país donde la concentración de fuerzas dedicadas a cazar migrantes -autorizados o no ¿de cuándo acá aceptamos la distinción norteamericana para los nuestros?- impide ganar la batalla de Culiacán, es absolutamente increíble. Cuando la semana pasada plantee aquí la posibilidad de que el despliegue de tropas al servicio de la guerra de Trump contra la migración centroamericana podría desembocar en mayor violencia en México, parecía una hipótesis descabellada.

Esto afirmó Azam Ahmed, el corresponsal de The New York Times, a propósito de la batalla de Culiacán este fin de semana, sobre la Guardia Nacional: “En meses recientes, la nueva fuerza se ha adentrado incómodamente y de manera inesperada en otra misión: responder a la presión de Donald Trump. Su tarea consiste sobre todo en patrullar las fronteras y capturar a migrantes en tránsito por México hacia Estados Unidos. Esta tarea ha desviado a esas fuerzas hacia otros objetivos, además de la seguridad pública, lo cual ha dejado a algunas regiones con menores recursos.” Entonces el Gobierno de López Obrador monta operativos catastróficos, sin fuerza viva, que se dedican a otros menesteres, pero ese Gobierno sí deporta a todos los que se presenten, “aunque vinieran de Marte”, porque los de “raza negra” se portan mal. Chido.
16 Octubre 2019 03:59:00
¿Pisotear a nuestro país?
El pasado viernes, la Séptima Brigada de la Policía Militar y el Cuerpo de la Policía Militar de la Guardia Nacional contuvieron una caravana de entre 2 mil y 3 mil centroamericanos, cubanos y africanos que desde Tapachula emprendieron camino hacia la Ciudad de México y Tijuana.

El agente a cargo de la brigada, al instruir a los efectivos de la Guardia Nacional que iban a contener-detener-deportar a los migrantes, dijo: “nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra tierra”. Una barbaridad.

Desde que el Gobierno de López Obrador le encargó a la nueva Guardia Nacional, es decir, al Ejército, la tarea de sellar hasta donde fuera posible la frontera sur, el Istmo de Tehuantepec y la frontera norte, muchos advertimos que estaba colocando a las fuerzas armadas en una situación inmanejable.

No están entrenadas para esos propósitos, no lo saben hacer y están imbuidos de una ideología –que muy probablemente comparte un sector importante de la opinión pública mexicana– pero que no por eso deja de ser absurda y violatoria del derecho internacional de refugiados, ¿quiénes son los que van a venir a “pisotear nuestra tierra”?

Una de dos. O bien, se trata de migrantes económicos, en su mayoría sin papeles y sin duda transgrediendo la legislación mexicana, vienen a México para buscar trabajo en Estados Unidos. Es decir, están haciendo exactamente lo mismo que millones y millones de mexicanos han hecho desde hace más de un siglo, yendo a EU a buscar trabajo, sin papeles, en ocasiones con papeles, y en otros momentos en un limbo jurídico como es el caso de muchos de los centroamericanos.

O bien, se trata de los que llevaban meses en la estación migratoria de Tapachula, esperando algún tipo de documento mexicano, ya sea para viajar al norte, ya sea para conseguir trabajo legalmente dentro de México. Se trata de refugiados, es decir, personas huyendo de una situación de violencia generalizada, o de violencia intradoméstica, o de las pandillas de Honduras, El Salvador y Guatemala, o cubanos huyendo de la dictadura de la Isla.

En todos los casos, no son personas que vienen a “pisotear nuestra tierra”: son nacionales de otros países que huyen de los mismos y buscan refugio en México o buscan transitar por México para recibir ese refugio en EU.

El encargado de la Séptima Brigada de la Guardia Nacional obviamente no tenía la más remota idea de lo que decía. Simplemente repetía las mismas tonterías nacionalistas y xenófobas que mucha gente en México comparte. Pero precisamente por eso, a ellos no hay que encargarles esa tarea. No pueden con ella, pero además no deben poder con ella.
09 Octubre 2019 04:07:00
Medina Mora y Tom Hagen
La renuncia de Medina Mora obliga a muchas definiciones, que seguramente pocos intentarán divulgar. Primera: ¿debió haber sido ministro de la Corte? Mi opinión: no. Por dos razones: fue quien convenció a Calderón de lanzarse a una guerra inútil y sangrienta de la que aún no nos reponemos, con el argumento comprobadamente falso que México se había convertido en un país consumidor de drogas, y era funcionario directo de Peña Nieto y era su abogado personal, ambos hechos debiendo descalificarlo, sino legal, sí moralmente.

Segunda definición: ¿Por qué renunció? En vista de que ni Medina Mora ni López Obrador van a revelar las “causas graves” que lo llevaron a dejar el cargo mejor pagado en el Estado mexicano, que duraba hasta 2030, y también a la mejor pensión del Estado, se vale especular en el vacío que nos dejan. A menos de que exista una consideración de salud que desconocemos y que lo incapacita para ejercer el cargo –lo cual justificaría por completo la renuncia– la única explicación posible consiste en una amenaza de índole mafiosa o “romana” (como Pentangeli en El Padrino). Como lo afirma Loret de Mola en su columna del lunes, solo el peligro de consecuencias impagables, para una víctima indefensa, explica la renuncia. Impagables para el propio Medina Mora, para sus hermanos, o para sus hijos, o all of the above. No porque sea culpable de cualquiera de las acusaciones que se mencionan –la carta de Medina Mora refutando las versiones sobre depósitos en libras esterlinas y dólares es impecable– sino porque si López Obrador quiere su cabeza, lo que menos importa es la culpa o la inocencia, la justicia o la ley. Solo Palacio es susceptible de preferir una amenaza de esa gravedad y verosimilitud.

Indefenso (no indefendible), Medina Mora porque en el México de la 4T nadie defiende a nadie. Medina Mora trabajó para tres presidentes, tuvo casi 50 colegas de gabinete ampliado, y fue colega de 10 ministros de la Corte. Ninguno de todos ellos va a abrir la boca para respaldarlo.

Tercera definición: a pesar de los motivos para creer que nunca debió ser designado, y que aceptó una amenaza en silencio por parte de López Obrador, ¿su defenestración significa un peligro para México? Mi opinión es que sí, por el muy simple motivo de la correlación de fuerzas en la Corte. El sustituto de Medina Mora será el tercer ministro nombrado por AMLO; con Arturo Zaldívar cuenta ya con cuatro votos de 11 (no incondicionales, ni todos los días en todos los casos, pero sí en los más importantes o “transformativos”); de los siete restantes siempre habrá uno o dos más que temerán correr la misma suerte que Medina Mora si votan sistemáticamente contra Palacio.

Ya con la Corte blindada, López Obrador podrá albergar la certeza de que la mayoría, sino es que todos los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la oposición o la sociedad civil serán rechazados. Lo mismo con buena parte de los amparos, si llegan a la SCJN. Así la función de contrapeso –traducción ineluctable del Checks and Balances de Madison– se verá seriamente limitada, o de plano suprimida.

Por último, los integrantes de otras instituciones independientes o autónomas, desde el Banco de México hasta la Cofece, sabrán leer el mensaje. Si funcionarios en principio inamovibles, transexenales, de la institución más robusta y bien dotada de recursos y de protección, no se encuentran al abrigo del poder intimidatorio del Ejecutivo, nadie lo está. Creo que todos entenderán de qué se trata. ¿Hubiera preferido que la independencia de la Corte se hallará en manos distintas a las de Medina Mora? Obvio, pero como estaba en esas manos, no se puede más que lamentar su renuncia, después de un diálogo sin duda sustantivo y breve con el Tom Hagen de la 4T.


21 Agosto 2019 03:59:00
La otra recesión
Este es mi último artículo para El Financiero. Envío todo mi agradecimiento a Manuel Arroyo y a Enrique Quintana por su hospitalidad durante casi tres años; agradezco en particular la total libertad que me brindaron para escribir absolutamente todo lo que quise. En vista de ello, creo que tiene sentido comentar un tema de intersección entre la economía y la política; de eso han tratado muchas de las columnas que he propuesto al lector durante este tiempo.

Es difícil prever cuánto durará el aletargamiento de la economía mexicana. Todo sugiere que, para este año entero, el crecimiento apenas superará el 0%, si no es que se produce un pequeño retroceso. Los pronósticos para el año entrante, todavía basados en una expansión “normal” de la economía de Estados Unidos, digamos de entre 1.5 y 2%, oscilan en torno al 1.5% para México.

Pero desde hace días, y en realidad casi meses, ronda por los mercados el espectro de una recesión norteamericana. En los hechos, el propio Trump ya la acepta. Conviene recordar que el comercio internacional representa más de la mitad de la economía mexicana. De ese total, casi el 80% es con Estados Unidos (importaciones más exportaciones); en otras palabras, cerca del 40% de la economía mexicana se vincula directamente con nuestro vecino del norte.

Como vimos aquí hace unas semanas, ya no se da de manera tan automática como antes la alineación de ambas economías. Estados Unidos ya no nos arrastra como antes, pero sí nos puede hundir como antes: 2009, 2001, 1997, etc.

De tal suerte que cabe en la fatalidad que cuando la economía nacional se encuentre en vías de recuperación del enfriamiento autoinfligido de este año y la primera mitad del siguiente, nos peguen directamente los latigazos de la recesión estadunidense.

Esta puede durar mucho o poco; a estas alturas, como bien lo explica Valeria Moy en Milenio estos días, predecir la fecha de arranque y la duración de una contracción económica es casi imposible. El auge norteamericano ha sido el más largo ya de la historia (o por lo menos desde que hay registro): más de 120 meses consecutivos. La recesión venidera puede también durar un poco más que de costumbre, comience cuando comience.

Esto tiene dos implicaciones, una aquí, otra allá. Si la economía mexicana no crece durante los primeros dos años y medio del sexenio de López Obrador, se antoja difícil una mayoría absoluta de Morena en las elecciones para la Cámara de Diputados en 2021.

De unirse de una manera o de otra la oposición –PAN, PRI, PRD, MC– para que haya un solo candidato de facto en los 300 distritos, puede arrebatarle esa mayoría a Morena. Y si se diera la revocación de mandato en diciembre del 2021, al cumplirse tres años en la presidencia de López Obrador, el no podría ganar. ¿Sueños guajiros? Quizás, pero también son datos duros.

La segunda consecuencia será en EU. Trump basa toda su reelección en el buen desempeño de la economía bajo su mando. Sabe que con una recesión en plena campaña, todo el racismo del mundo y toda la belicosidad imaginable contra sus adversarios no bastarán para ganar.

Las encuestas son inclementes: una parte importante –17%– de los que aprueban su manejo de la economía no piensa votar por él, incluso ahora. Si se viene abajo el crecimiento, la bolsa y el empleo, los 12 puntos de ventaja que hoy le saca Biden en encuestas nacionales –que ciertamente no equivalen a una victoria en el llamado Colegio electoral– se pueden transformar en más de 15. En fin, veremos. Solo lamento no poder compartir con los lectores la comprobación de mi error, o de mi acierto, al pronosticar una derrota de Trump en 2020.
19 Agosto 2019 03:56:00
58 mil en la frontera norte
Solo por no dejar, insisto en el tema migratorio, y en uno de los peores capítulos del largo libro de ignominia del Estado mexicano. Llevamos ya casi tres meses desde que López Obrador aceptó la imposición de Trump de convertir a México en un “tercer país seguro” y en la sala de espera de audiencias de asilo que o bien no tendrán lugar, o bien se demorarán meses si no es que más.

Los medios y la oposición mexicana, por razones lógicas –a la sociedad mexicana el tema no le importa– callan al respecto, y si fuera solo por ellos, no sabríamos de que cifras estamos hablando. Afortunadamente aún existen medios en el resto del mundo que sí enfocan la tragedia, y nos ofrecen algunos datos, sin duda incompletos, pero que nos dan idea de la magnitud de la barbarie en curso.

Este domingo The New York Times publicó números relativos a los dos registros de extranjeros hacinados en las ciudades fronterizas mexicanas del norte. Digo del norte porque circulan versiones –no confirmadas– de qué López Obrador ha comenzado a enviar a los extranjeros varados en la frontera norte a Tapachula, para que esperen su audiencia con las autoridades norteamericanas allí. En todo caso, nos podemos limitar a las cifras del norte.

Existen dos categorías de extranjeros en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. La primera se compone de los extranjeros –principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, con algunos cubanos y haitianos– que llegaron a la frontera por su cuenta.

Ellos decidieron esperar allí su oportunidad de cruzar y solicitar asilo en una primera audiencia. Para ellos, Estados Unidos estableció un procedimiento denominado “metering” o “goteo”, administrado por los mexicanos. Se le entrega un número a cada extranjero, y cuando es llamado, cruza, es entrevistado por CBP o alguna otra agencia norteamericana, y es devuelto a México mientras se resuelve su caso.

Según las cifras investigadas y publicadas por el rotativo neoyorquino, se trataba, a principios de agosto, de 26 mil personas. Desde entonces, es probable que el número haya crecido, ya que el ascenso ha sido vertiginoso en los últimos dos meses.

La segunda categoría incluye a aquellos que ingresaron sin papeles a Estados Unidos en tiempos recientes, y que gracias al programa Remain in Mexico, impuesto por Washington y aceptado por Palacio Nacional desde principios de año, son devueltos a México mientras se programa su audiencia de asilo. El total de extranjeros devueltos a México y actualmente bajo proceso en Estados Unidos suma 32 mil personas. La mitad de este número ha sido devuelta durante el último mes; es decir, el ritmo también crece a pasos agigantados.

En otras palabras, hay ya por lo menos 58 mil extranjeros, la mayoría centroamericanos, en las ciudades fronterizas mexicanas. La distribución no es pareja, lógicamente. Hay más en Tijuana, Mexicali, Juárez y Matamoros que en las demás aglomeraciones. Además, según ACNUR, unos 80 mil centroamericanos solicitarán asilo en México este año, ya que en los hechos, no podrán hacerlo en Estados Unidos.

Este es el trabajo sucio que López Obrador le hace a Trump; ni Peña lo hizo. Para fin de año, alcanzaremos la cifra de 100 mil centroamericanos hacinados en un puñado de ciudades fronterizas. Todos ellos, en condiciones abominables, descritas por la prensa internacional, y amenazados por la violencia de algunas de las urbes más inseguras del mundo. Seguramente permanecerán allí mucho tiempo, porque en los hechos, Estados Unidos ya ha cerrado la puerta al asilo por parte de solicitantes procedentes de estos países.

Quizás valdría la pena preguntarle a López Obrador un día cuál es la diferencia entre esta situación y la de tercer país seguro que según él, México no acepta. Y también, cuántos centroamericanos le va a recibir a Estados Unidos, aun pagando Washington por su presencia. Este es el tamaño del muro mexicano, o de la sala de espera, o del centro de detención –a cada quien su metáfora- en la que se ha convertido México.
16 Agosto 2019 04:03:00
El silencio que rodea a Rosario
Pocos distinguidos miembros de la comentocracia o de la oposición han prestado atención a un hecho curioso, aunque previsible, de estos días. Creo que solo Ciro Gómez Leyva, en su noticiero televisivo, lo advirtió: el legado de Peña Nieto se ha desvanecido, su equipo se encuentra bajo fuego, pero nadie defiende a Rosario Robles. Me centraré en este último punto.

Hasta hace menos de un año, Rosario Robles era integrante del gabinete legal presidencial. Si no me equivocó, tenía 17 colegas, una decena más de compañeros del gabinete ampliado, y otra docena de colaboradores cercanos del presidente Peña Nieto en Los Pinos. En Sedesol y Sedatu, contaba también con un gran número de subalternos, amigos o cómplices, como se les quiera llamar. Hasta esta hora -la noche del jueves 15- no he visto una sola declaración de cualquiera de ellos, sin hablar del propio Peña Nieto, tomando su defensa, hablando de su inocencia o integridad, o manifestando algún tipo de solidaridad.

En el caso de Emilio Lozoya, se entiende que nadie quiera defender a un prófugo. Proclamar su inocencia se riñe con su comportamiento, aunque tenga toda la razón Lozoya en afirmar que no hay condiciones para que se haga justicia en México, ni a él ni a nadie. Pero Robles no solo no huyó, regresó a México para presentarse ante un juez que nunca debió aceptar fungir en este caso. Sus abogados o no sabían que era sobrino político de René Bejarano, o les dio lo mismo, como si el Señor de las Ligas no tuviera motivación alguna para ver a Robles tras las rejas.

En realidad, no debiera sorprenderme esta actitud de los compañeros de Robles. Es la misma de los priistas de Echeverría, cuando López Portillo encarceló a varios; de los de López Portillo, cuando los persiguió De la Madrid; de los de este último, cuando los mandó apresar Salinas; y de los de Salinas, cuando acabaron en el Altiplano, sin hablar de los que apresó Peña Nieto. En algunos casos se trató de líderes sindicales; en otros de secretarios de Estado; en varios, de hombres poderosos de un sexenio, con o sin cargo, sacrificados en el altar de la continuidad priista.

No he leído o escuchado la declaración de un(a) colega de Rosario Robles donde se afirme que la conocieron, trabajaron de cerca con ella dos, cuatro o seis años, y que meten las manos al fuego por su honestidad.  No he leído o escuchado la declaración de un(a) colega de Rosario Robles alzar la voz para denunciar el “terrorismo procesal” del que fue objeto en su audiencia. No he leído o escuchado la declaración de un(a) colega de Rosario decir que le consta que en reuniones del gabinete le informó a Peña Nieto de la Estafa Maestra, o que ella no fue, ni con mucho, la única que lo hacía.

La han dejado sola. La pregunta más interesante no es por qué; siempre ha sucedido lo mismo. ¿Se trata de una mezquindad de los priistas, que jamás le han sido leales a alguien en desgracia? ¿O más bien nos hallamos ante un comportamiento típico de la clase política nacional, del PRI, del PAN o de Morena, que simplemente no se juega nunca por nadie? Difícil de saber. El problema para el equipo de Peña es que si se acabó el pacto, o nunca hubo, o no los incluyó, la lista de prisiones preventivas oficiosas (votada por el PRI) puede ser larga. Y el silencio de los amigos de antaño, ensordecedor.

14 Agosto 2019 03:51:00
Ahora sí ¿el fin del pacto?
La detención de Rosario Robles puede (o no) marcar el final del pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto. Dije esto mismo cuando hace ya varios meses salió la noticia de la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya. Subrayé que podían producirse varios escenarios en ese caso, y que los partidarios del régimen no debían echar las campanas al vuelo. Seguimos en espera de la noticia de la captura de Lozoya, pero la de Robles ya es un hecho.

A menos, desde luego, que no lo sea. Es decir, que una decisión un poco extraña de un juez evidentemente hostil sea revertida en apelación, y Robles pueda defenderse en libertad de las acusaciones en su contra. Lo cual parecería lógico, ya que se trata de delitos, por ahora, que sí prevén la libertad bajo fianza. El supuesto riesgo de fuga, por una posible conexión costarricense, resulta poco creíble, en vista de la disposición de Robles de presentarse ante el juez, de no haber aprovechado los tres días entre una audiencia y otra para huir, y de la posibilidad de retirarle su pasaporte y tarjetas de crédito, congelarle cuentas, y reforzar la vigilancia en los puntos de salida del territorio nacional.

Desde que surgieron los primeros reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre la llamada Estafa Maestra, se antojaba innegable una idea central, que Robles y sus colaboradores nunca negaron como tal. Se trataba de un esquema de desvío de recursos para las campañas del PRI, no de enriquecimiento personal, que a estas alturas debió haberse descubierto en caso de existir. Robaban, por así decirlo, para la corona, como Francis Drake. En el caso particular de Rosario Robles, todo indica que su pecado –o delito– consistió en hacerse de la vista gorda ante lo que obviamente sabía, en lugar de haberlo impedido, o de haber renunciado cuando informó a su superior –si lo hizo– y éste, a su vez, también pecó por omisión.

El problema con un delito de omisión, si se confirma que en eso consiste la acusación central, es que no tiene fin. Siempre hay alguien más que pudo haberse enterado, o se enteró, y que tampoco dio paso alguno para detener la hemorragia. El primer involucrado sería Peña Nieto, obviamente, pero también los tres sucesores de Robles en Sedesol, que por definición firmaron actas de entrega-recepción.

Muchos pensamos desde el período de transición que el pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador tendría, como los tres sobres de la época priista, fecha probable de caducidad. Duraría hasta que se le complicaran las cosas al Gobierno actual, que justamente por su extracción priista, procedería como en los viejos tiempos. Uno por uno, los funcionarios anteriores más vulnerables o menos afines personalmente al titular del ejecutivo irían cayendo. Su culpabilidad o inocencia podría ser un factor importante, pero no decisivo.

El deterioro de la situación económica, las crecientes dificultades con Estados Unidos, la violencia que no cesa y la corrupción en los programas y contratos de este Gobierno (ver el reportaje de Milenio sobre los ninis) son todos ellos asuntos que requieren de distracción para seguir navegando con las mismas banderas. Los mil y un dichos, públicos y privados, de López Obrador sobre su rechazo a la venganza y su deseo de mirar hacia adelante, pierden toda pertinencia al descomponerse varios frentes.

¿Qué le dirá Peña a Robles, a Collado, a Lozoya si lo encuentran, y a los que se acumulen? Hice lo posible, pero no pude lo imposible, y no me cumplieron. Se les debió haber ocurrido antes.
09 Agosto 2019 04:03:00
El Gini de Peña Nieto
Entre muchas cifras interesantes que arrojó la Encuesta Nacional de Ingreso/Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2018 (publicada la semana pasada) y los subsiguientes cálculos del Coneval, destaca la evolución del coeficiente Gini entre 2008 y 2018. Muestra una tendencia sorprendente.

El coeficiente Gini (así denominado por el sociólogo italiano Corrado Gini) es el instrumento individual de mayor uso entre los economistas y estudiosos en general para medir y comparar la desigualdad en materia de ingreso. Entre más bajo el Gini, mayor igualdad; un coeficiente Gini de cero implica una igualdad perfecta: el ingreso nacional estaría perfectamente repartido entre todos los habitantes de un país. Un Gini de 1.00 implicaría una desigualdad completa: todo el ingreso de un país se ubicaría en manos de un solo individuo. Los coeficientes Gini son especialmente útiles para evaluar tendencias históricas y realizar comparaciones entre países.

Todas estas mediciones entrañan discusiones y contradicciones. En muchos países (incluyendo a México), se suele presentar el Gini antes de impuestos y transferencias, y después de los mismos, para medir la “corrección” de desigualdad generada por las políticas públicas. En la mayoría de los países no ricos, descansar únicamente en las ENIGH para conocer el ingreso del decil de mayor ingreso de una sociedad es muy discutible. Si bien los integrantes de todos los deciles subreportan su ingreso (por razones fiscales, de elegibilidad para determinados programas, etc.), los ricos tienden a subreportar más. Por ello, en varios países se corrige el ingreso del decil de mayor ingreso con los datos del fisco o de las cuentas nacionales.

Dicho todo esto, el Coneval nos informa que entre 2008 y 2016, en dos series distintas pero comparables, el Gini en México se mantuvo prácticamente inmóvil. Pasó de 0.505 en 2008 a 0.509 (sin redondeo, a diferencia del doble redondeo que hizo el Inegi con el PIB del segundo trimestre), a 0.498 en 2012, a 0.503 en 2014 y 0.498 en 2016. Para todos fines prácticos, la desigualdad en México permaneció idéntica durante esos ocho años, incluyendo la recesión aguda de 2009.

Pero en 2018, el Gini bajó a 0.469, una caída estadísticamente significativa (los movimientos del Gini son de esta magnitud). Durante los últimos dos años del sexenio de Peña Nieto, la desigualdad en México se redujo de manera importante, aunque sigue siendo la más elevada de la OCDE y una de las más altas del mundo. Es cierto que si se corrigiera con los datos del fisco (el ejercicio se hizo de manera puramente académica en 2017; el director del Inegi publicó un artículo al respecto en la revista Nexos), el Gini se salta a más 0.60; también es un hecho que México es el país de la OCDE donde la diferencia es menor entre antes y después de impuestos y transferencias.

Será el sereno, pero Peña sí le dio un pequeño pero innegable llegue a la desigualdad. Quienes criticamos sin cesar al régimen anterior cuando estaba en el poder (no ahora, cuando es fácil), debemos reconocerlo. Asimismo, conviene subrayar que a menos de que tanto el Inegi como el Coneval hagan travesuras cuando se levante la siguiente ENIGH en 2020 y se presente en 2021, va a resultar difícil comprobar una mejora semejante. López Obrador dice que con él la economía tal vez no crezca, pero la riqueza (en este caso, el ingreso) se distribuye mejor. Ya veremos; por lo pronto, con Peña, ya se distribuyó mejor. 
05 Agosto 2019 04:03:00
La tragedia
Los dos tiroteos o masacres del sábado en El Paso y Dayton en Estados Unidos, responden a muchos factores que ya han sido expuestos y denunciados desde hace tiempo. Existe un conjunto propio de todos los trágicos y odiosos episodios que se reproducen una y otra vez. Y en el caso de la ciudad texana, se suma un ingrediente nuevo.

The New York Times publica el domingo un largo artículo subrayando lo que ya se ha demostrado, pero que ahora conviene reiterar. La única correlación existente entre masacres de esta naturaleza y un factor explicativo constante a escala internacional es el número de armas.

No hay más locos en EU que en otros países; no conforman una sociedad más violenta, medida por asaltos, violaciones, secuestros. Lo que hay son más, muchísimas más, armas en EU que en cualquier otro país del mundo. Mientras eso no cambie, o no se impongan controles mucho más rigurosos a su venta, posesión y uso, proseguirán los horrores, y por las mismas razones.

Lo nuevo, lo específico de la tragedia de El Paso, no es solo que hayan muerto seis mexicanos, y hayan resultado heridos otros siete (las cifras pueden cambiar en estas horas).

Recordemos que gracias a la guerra del narco mueren ahora en promedio 100 mexicanos todos los días, en México.

Lo verdaderamente nuevo yace en la intención manifiesta del asesino. Quería matar mexicanos, y viajó desde Dallas hasta la ciudad fronteriza porque “allí hay más mexicanos”. No es producto de la casualidad el número de mexicanos abatidos; es el resultado de una acción deliberada y consciente, divulgada en un manifiesto subido a redes sociales poco tiempo antes de la barbarie en Walmart.

Ahora bien, ese acto espantoso y explícitamente reconocido por el asesino, es a su vez producto de otra cosa. Se llama el discurso del odio. Los progresistas, latinos, demócratas, católicos en Estados Unidos, tienen toda la razón cuando denuncian la responsabilidad de Donald Trump en este crimen.

El delirio racista y xenófobo del criminal es una consecuencia del discurso racista y xenófobo de Trump desde hace ya cuatro años, cuando bajando la escalera mecánica de su edificio en Nueva York, acusó a los migrantes mexicanos de ser violadores y narcotraficantes.

No ha cesado desde entonces, incluso la semana pasada, cuando se refirió a los centroamericanos en la frontera, a los negros de Baltimore, o a las legisladoras del “escuadrón” en los términos deplorables que todos conocemos.

En muchos países del mundo el discurso del odio se encuentra prohibido. En Estados Unidos, gracias a la primera enmienda a la constitución de 1787, no es el caso. En México, tampoco. Aquí cada quien puede, y es, tan antisemita, racista o despectivo en público o privado, como se le da su regalada gana. Pero nadie debe llamarse a engaño: el meollo de la tragedia de El Paso reside en el discurso del odio de Trump.

Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu y Luis Videgaray nunca consideraron conveniente responderle al precandidato Trump (para no hacerle el caldo gordo), al candidato Trump (para no meternos entre las patas de los caballos), o al presidente Trump (para no hacer peligrar otros temas de la relación bilateral). Prefirieron permanecer callados.

López Obrador y Ebrard, con la excusa absurda de la no intervención y de su absoluto pavor ante EU, tampoco han buscado contestar. Ahora nos salen con una bola de tonterías, llegando hasta pedir la extradición de Patrick Crusius, y de hablar de terrorismo antimexicano, pero olvidando el discurso del odio antimexicano y su principal vocero.

Es como si ante un discurso antisemita explícito y vociferante del Presidente de Hungría, por ejemplo, y ante la masacre de una decena de judíos en Budapest, el Estado de Israel protestara contra la legislación de armas en Hungría, llamara a “lograr la paz, nada del uso de armas, de fuego, destructivas, amarnos, querernos unos con otros, no odiarnos, hacer a un lado la discordia, buscar siempre la unidad de todos los seres humanos. Abrazos no balazos”. (AMLO, ayer, según Reforma), y divagara con interponer una “denuncia, la primera en su tipo, por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de EU”, pero sin jamás mencionar el discurso antisemita recurrente del Presidente de Hungría. Hasta a Netanyahu lo lincharían en Israel por una actitud semejante.


02 Agosto 2019 04:03:00
El Viet Minh en Chiapas
Hace unos 10 años, cuando en el seno de la comentocracia se hallaba de moda la guerra de Calderón, y no éramos muchos en denunciarla, recorrí a la vieja parábola de The Quiet American para describir la trampa en la que Calderón nos había metido. Algunos lectores recordarán cómo en la novela de Graham Greene de principios de los años 50 un líder del Viet Minh (antecesores del Viet Cong) buscaba explicarle al corresponsal inglés su estrategia en el delta del río Mekong.

El guerrillero le relata a Thomas Fowler cómo los ocupantes franceses (estamos a tres años de su debacle en Dien Bien Phu en 1954) solo controlan el territorio que pisan. Allí donde se despliegan, pacifican a los campesinos y neutralizan a los insurgentes. Pero cuando se retiran, porque simplemente no les alcanzan los efectivos para permanecer desplegados indefinidamente, el Viet Minh vuelve y ocupa de nuevo el territorio, es decir, los pequeños pueblos y los arrozales.

Sostuve que lo mismo sucedía con el Ejército Mexicano y el narco. Mientras se mantenía en alguna zona –estado, sierra, ruta o plaza– los narcos se desvanecían. Al replegarse las fuerzas armadas, los narcos volvían. El Ejército dominaba el territorio que pisaba; al dejar de pisarlo, lo perdía.

Al cabo ya de casi 13 años de la guerra de Calderón y de Peña Nieto, todo indica que la hipótesis de la novela de Greene era pertinente. La violencia se mantiene en niveles muy superiores a los de 2006-2007; los flujos de estupefacientes diversos en dirección a Estados Unidos siguen iguales o superiores; el fin de la guerra se antoja tan remoto como nunca; casi 300 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos fueron en vano.

La analogía vale también para la guerra de López Obrador contra los migrantes centroamericanos. El Gobierno presume que ha disminuido el número de detenciones en la frontera con Estados Unidos, incluso ya en el mes de julio. No es imposible que además de originarse en la consabida reducción estacional debido a los calores del verano en toda la ruta del Triángulo del Norte al río Bravo o a Tijuana, en parte la merma se debe al despliegue de casi 25 mil tropas en ambas fronteras mexicanas. En el sur buscan impedir la entrada de migrantes; en el norte, se trata de impedir su salida. Mientras pisen territorio los soldados mexicanos y repriman a mujeres y niños, es probable que los flujos sigan bajando. Cuando resulte demasiado oneroso el costo del esfuerzo, y comience el repliegue, las cifras volverán a crecer.

La película ya la vimos entre finales de 2014 y 2017. Peña Nieto sucumbió a la presión de Obama y detuvo por la fuerza la oleada de menores no acompañados. Aunque es justo subrayar que ni él se atrevió a utilizar al Ejército Mexicano para impedir la salida de centroamericanos de México. Descendieron las deportaciones de Estados Unidos a Centroamérica; se elevaron las de México. Cuando ya no resultó factible ni costeable mantener el llamado Plan Frontera Sur, subieron de nuevo los flujos y nos encontramos en la situación de principios de 2018, cuando todo se descompuso.

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos de los migrantes no son óbice para que López Obrador mantenga su política represiva y sumisa. La sociedad mexicana ve con buenos ojos que maltratemos a los migrantes, corolario inevitable de buscar contenerlos o repelerlos. Entre más extorsiones, violaciones, abusos y asaltos, mejor. Trump está contento con su aliado electoral mexicano. Pero allí sigue el Viet Minh, y volverá de la selva cuando los franceses se retiren.
31 Julio 2019 04:00:00
Weber en México
Comentaba en una nota anterior que el tema del Coneval, del despido de Gonzalo Hernández Licona, y de la ofensiva en general del Gobierno de López Obrador contra los entes autónomos, tiene una cierta lógica, como la tuvo también la creación de dichos organismos. Pero en realidad el tema es más amplio y debe verse más en relación a la burocracia y la alternancia que en torno a detalles de la coyuntura, por importantes que sean.

En algunos países democráticos el arco de variaciones de políticas públicas es más o menos ancho, según la historia, y en ocasiones la coyuntura. Es obvio, por ejemplo, que entre los años 30 y la actualidad en Estados Unidos, la anchura de la variación entre republicanos y demócratas ha sido reducida. Con la excepción, por un lado, de Roosevelt entre 1932 y 1945, y de Ronald Reagan entre 1980 y 1988, los demás gobiernos de lo que ya se va convirtiendo en casi un siglo, se han parecido mucho tanto en su política económica, social e internacional. Falta tiempo todavía para pronunciarse sobre el caso de Trump.

En Inglaterra y en Francia, con ciertas excepciones –Margaret Thatcher en los años 80, Harold Wilson en los 60 y 70, y sobre todo los laboristas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial; los primeros dos años de Mitterrand en 1981-1983, y la fundación de la Quinta República por De Gaulle a finales de los 50 y principios de los 60– es igualmente cierto que no se dan grandes cambios con la alternancia. Más aún, algunos sostendrían que la condición de existencia de la alternancia es justamente que el “cambio” sea pequeño.

En algunos países latinoamericanos o de otras partes del llamado tercer mundo, esto ha sido más o menos cierto. Obviamente los regímenes revolucionarios, o aquellos que pretendieron serlo –como Allende en Chile, aunque fuera por la vía pacífica– buscaban ensanchar al extremo ese margen. No se trataba de la alternancia sino más bien de “un cambio de régimen” como se dice ahora. Con la marea rosa o la llegada al poder, por la vía democrática, de múltiples regímenes de izquierda entre 1999 y principios de la actual década, con excepción de Venezuela, y quizás de Bolivia, tampoco se han producido cambios extremos, ni de régimen. Al final de cuentas, el PT en Brasil logró muchas cosas durante los dos cuatrienios de Lula, menos durante el primero de Dilma Rousseff, y un verdadero desastre en el segundo de esta última, pero en ningún momento se planteó algo más que una alternancia más o menos ortodoxa. Lo mismo se puede decir de los casos de Uruguay, incluso de la Argentina, y por supuesto de Chile con Lagos y Bachelet, o del FMLN en El Salvador.

¿Qué es lo que permite esto? Quizás lo más importante, si nos remontamos a Weber, es la existencia de una burocracia –Whitehall en Inglaterra, la Inspection Générale des Finances, la Cour des Comptes y el Conseil d’État en Francia– que asegura que es como un lastre en el buen sentido de la palabra. No es que impida el avance, ni que conspire contra el cambio, sino más bien existe para acotar los límites del cambio. Desde un punto de vista revolucionario, es el verdadero enemigo de fondo: por eso Lenin siempre insistió tanto en la necesidad de “destruir el Estado”, sobre todo en su clásico El Estado y la Revolución, porque no hay mayor enemigo de una revolución que una burocracia. A la inversa, si lo que se busca es una alternancia a la vez lo más ancha posible dentro de la estrechez, y lo más factible posible dentro de lo improbable, la burocracia es una condición sine qua non de la misma.

Cuando López Obrador habla del elefante reumático, a su manera, y en su ignorancia, se refiere a esa burocracia. Y esa burocracia, cuando se resiste de manera muy inconsciente, en unas ocasiones corrupta, y en otras por pura pereza, a lo que el Gobierno de turno le exige, en los hechos está cumpliendo con las funciones weberianas. Si lo que se busca es una revolución, el enemigo es la burocracia; si lo que se busca es, como lo ha dicho hasta la saciedad mi exjefe René Delgado, la alternancia sin alternativa, la burocracia es el mejor aliado.
26 Julio 2019 04:06:00
La autonomía de las instituciones en la era de la 4T
La destitución del anterior director del Coneval dio pretexto a Andrés Manuel López Obrador para lanzar una discusión sobre –y proseguir con su cruzada contra– los entes autónomos en México. Más allá del debate a propósito de los años –casi 14– durante los cuales Gonzalo Hernández Licona permaneció al frente del órgano evaluador de la pobreza, de las virtudes de la austeridad republicana en instituciones de esta naturaleza, y de la posible coincidencia de la salida del titular con la inminente publicación de las cifras de pobreza, y luego de la desigualdad de 2018, AMLO planteó un dilema más de fondo.

En los países democráticos –ricos, pero también pobres, como India– desde hace decenios si no es que más, se ha tratado de establecer una diferencia entre Estado y Gobierno. El Gobierno cambia con cada elección; el Estado permanece. ¿Que permanece? Lo obvio desde luego: el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el fisco, etc. Pero con el advenimiento de la modernidad y la complejidad de las sociedades del siglo 20, se vio como la vieja separación de poderes no bastaba. Fue creciendo la lista de entes estatales cuyos empleados, funciones e inclinaciones escapaban a la alternancia de gobiernos, al vaivén natural de las elecciones, al estado de ánimo de la opinión pública.

Se nutrió el conjunto de instituciones autónomas, independientes o “estatales”. En la mayoría de los países democráticos, el banco central, por ejemplo, tendió a adquirir un carácter propio, separado del gobierno de turno. La mayoría de los órganos reguladores –de competencia, de los mercados financieros, de comunicaciones, de salud, de ciertas industrias (la aviación, por ejemplo)– pasaron a adquirir esa autonomía.

Se pensaba que sus características técnicas, apolíticas y “desideologizadas” permitían y exigían este tipo de independencia. Nunca fue del todo real la versión según la cual se trataba de instituciones por completo externas al ámbito de la política, sobre todo los bancos centrales, por ejemplo, pero eran más “externas” que otras.

En los países menos ricos y que durante los últimos años del siglo 20 fueron saliendo de la penumbra autoritaria –en América Latina, en Asia y en África– se buscó ampliar el espectro de la autonomía por otras razones. Muchos partidarios y luchadores por la democracia temían que hubiera un retroceso en las transiciones en curso, y buscaban asegurarse lo más posible que el Estado dependiera lo menos posible del Gobierno. Fue el caso en México, desde luego, pero en muchos otros países también.

El caso más evidente en nuestro país fue el Instituto Federal Electoral, en vista de la larga historia de fraude en materia comicial que había padecido México. Otros fueron el Inegi, gracias a la manipulación estadística por parte del antiguo régimen, y muchos de los entes que fueron surgiendo ya sea en el contexto de la democratización del país, ya sea a raíz de los convenios internacionales que firmamos. La proliferación sin duda fue excesiva; se produjeron varias duplicaciones de funciones; cada órgano tendió a adquirir vida propia, con las consabidas consecuencias: mayor presupuesto, mayor burocracia, expansión de competencias y facultades, etc. Eran gajes del oficio, que debían y deben corregirse, pero que correspondían a una etapa de la vida del país y a reclamos justos de una sociedad profunda y justificadamente desconfiada de sus gobiernos.

Hoy López Obrador busca debilitar, neutralizar o suprimir los entes autónomos justamente por las razones que les dieron vida. Estorban para gobernar; acotan los mandatos y los márgenes de maniobra de cualquier Gobierno, sobre todo de los más propensos al cambio radical. Para eso sirven: para permitir la alternancia al limitar las alternativas.
Al igual que los tratados internacionales, son especies de camisas de fuerza que los países democráticos se colocan a sí mismos para reducir la tentación de bandazos en distintos ámbitos. Hay cosas que a pesar de los resultados electorales, simplemente no se pueden.

En ocasiones, como el Brexit en el Reino Unido, las sociedades se rebelan contra entes autónomos supranacionales y dicen basta. En otros momentos, se exige el fin de la autonomía de instituciones “salvajes”, es decir que se han vuelto autoritarias y por completo carentes de rendición de cuentas. ¿Hemos llegado a eso en México? ¿O la embestida de AMLO corresponde únicamente a su afán de eliminar contrapesos?

24 Julio 2019 04:05:00
El debate de los medios
La última ofensiva de Andrés Manuel López Obrador contra algunos medios de comunicación ha vuelto a poner en el centro del debate nacional el tema del alcance del llamado derecho de réplica del Presidente.

Sus ataques a Proceso y a Reforma de esta semana, más los que se acumulen, son justificados por el propio AMLO como por sus partidarios, en tanto parte de un sano debate entre una figura política que es criticado –o si se quiere atacado– por diversos medios, y esos mismos medios que reciben una “sopa de su propio chocolate”.

Muchos distinguidos miembros de la comentocracia ya han explicado que no hay simetría posible entre el Presidente y un medio, un columnista, o un conductor. El uno tiene tras de sí todo el poder del Estado, que no siempre o no únicamente se puede utilizar de las formas más burdas que conocimos hace muchos añosen México.

En cambio, el crítico del Gobierno no tiene más que su computadora, su voz o su rostro en la televisión, y se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad –en todos los sentidos de la palabra– sobre todo ahora en la era de las redes sociales. Es absurda la pretensión de López Obrador de tratar de establecer una igualdad entre él y sus críticos, como si fueran personas similares. Como diría Selena, somos de distintas sociedades.

Tal vez una de las razones de esta confusión, si no en la mente presidencial sí en algunos de sus partidarios, reside en la asimetría entre el Estado y los críticos. Esta asimetría reviste muchas facetas, pero quisiera enfatizar dos de ellas.

La primera es la existencia de una multiplicidad de instrumentos de los cuales dispone el Estado para presionar de una forma u otra a los medios de comunicación. La abierta censura es, en la mayor parte de los países hoy, lo de menos. Incluso en México prácticamente ha desaparecido, aunque de vez en cuando alza su siniestra cabeza. Son otros los medios al alcance del Estado.

Por supuesto, está la publicidad gubernamental que mientras siga siendo discrecional –como lo es ahora– será un instrumento de presión, trátese de mucho dinero –bajo Peña Nieto– o de menos dinero, bajo AMLO. Pero incluso la publicidad gubernamental no es la única, y tal vez ni siquiera, la más importante.

Ya que López Obrador mencionó a Julio Scherer padre, conviene recordar, como lo hice en una conferencia organizada por Mario Vargas Llosa en Guadalajara a finales de mayo, cómo se originó el golpe del expresidente Luis Echeverría contra Excélsior. Primero, les pidió a los anunciantes que dejaran de comprar publicidad; ya muy debilitado por esta maniobra, la dirección encabezada por Scherer no pudo capotear la insurrección que dirigió Regino Díaz Redondo.

Hoy en México es difícil saber si la razón por la cual ha descendido la publicidad privada en algunos medios proviene del enfriamiento de la economía en su conjunto, o de una acción preventiva por anunciantes para “quedar bien” con Palacio.

De la misma manera que es difícil saber, en aquellos numerosos casos en que dueños de medios han reducido el pago y/o han despedido a distintos colaboradores de sus páginas, o de sus emisiones, si se debe a problemas económicos innegables o a un deseo de complacer al poder.

Un segundo elemento de asimetría fue muy bien descrito por Salvador Camarena hace un par de días. Se trata de la división perpetua de los medios, la comentocracia y la profesión periodística en México. El Estado, de manera más o menos consciente, opera de modo unificado. No necesariamente tiene que haber órdenes desde arriba hasta abajo mostrando el camino. Hasta los más mediocres funcionarios de la 4T entienden lo que es “la línea”, sobre todo aquellos que provienen de un origen de izquierda.

En cambio, el otro bando se encuentra en un estado de perpetua dispersión. Nunca se alían, salvo en respuestas gremiales a supuestas críticas a su “profesión”. Pero los directores de medios no necesariamente actúan juntos; la comentocracia con grandes dificultades se une en torno a estos temas, y la defensa de cualquier integrante de la misma que sea víctima de un atropello; y entre los reporteros, salvo esa reacción gremial, más bien es la competencia la que domina.

¿Es sano este debate? Probablemente sí, aunque no necesariamente de la manera en que lo está planteando López Obrador. Pero en todo caso es el debate que hay y conviene pronunciarse al respecto.
22 Julio 2019 04:05:00
La conexión México-EU ya no es la misma
La desconexión entre las economías de México y Estados Unidos es quizás el rasgo macroeconómico más significativo de los últimos dos años. No comienza con el Gobierno de López Obrador, pero se agudiza y se consolida. Debe ser motivo de preocupación tanto para el futuro inmediato (asunto de este régimen) como del porvenir lejano (asunto de todos).

Si bien existen discusiones sobre la mejor manera de medir y comparar el crecimiento económico trimestre por trimestre –nuestro director, Enrique Quintana, las ha descrito con precisión y claridad– el hecho es que desde el comienzo de 2018, e incluso un tiempo antes, la economía norteamericana crece bastante más que la mexicana. Esto no debiera suceder y no había sucedido. Casi 60% de la economía nacional se centra en las exportaciones o importaciones (es decir, el total del comercio exterior), y alrededor del 80% de ese total se concentra con EU –más en las exportaciones que las importaciones–. En otras palabras, casi la mitad del PIB es directamente sensible al desempeño de la economía de EU, que nos arrastra –o nos estanca–. Las curvas mexicanas de PIB, de bienes comerciables en general, de industria y de otras actividades –minería, agricultura, etcétera– seguían casi a la perfección las curvas de EU.

Durante el primer trimestre de este año, la economía norteamericana creció 3.2 por ciento. La mexicana decreció ligeramente, si utilizamos el mismo criterio para medir ambos desempeños. Para el semestre en su totalidad, las cifras de Washington saldrán esta semana, pero si observamos los datos de creación de empleos mes a mes, es probable que el semestre arroje una expansión de por lo menos 3 por ciento. Se trata de un crecimiento elevado, para una economía madura, y en ello descansan las perspectivas de reelección de Donald Trump. Hay quienes siguen vaticinando un enfriamiento inminente, que tal vez se vislumbre ya en los números de junio, pero por ahora no ha sucedido.

Las autoridades mexicanas van a divulgar las cifras del movimiento del PIB para el segundo trimestre a fin de mes. Sin embargo, todos los datos preliminares o parciales sugieren un nuevo estancamiento: cero expansión, en el mejor de los casos. Para todo el semestre, si nos quedamos en una expansión nula, podemos darnos por bien servidos. Con el paradigma anterior, que funciona –con oscilaciones pero tendencialmente exacto– no debiera ser el caso. Algo está sucediendo.

Otros factores han contribuido al crecimiento –sin duda mediocre– de la economía mexicana durante el último cuarto de siglo. Incluyen sobre todo el consumo privado y del Estado. Pero uno de los motores fundamentales había sido la exportación, y en México ventas al exterior significa ventas a EU, nos guste o no.

Si el patrón del último semestre, y de los últimos años, se confirma resulta obvio que ya no nos jalan como antes. O ha bajado el consumo de bienes mexicanos en EU o ha descendido la proporción de las exportaciones a EU en el PIB; o el resto de la economía está creciendo tan poco que ya ni Trump ni EU nos pueden remolcar.

Se puede tratar de un fenómeno coyuntural, o algo de más largo plazo. Seguramente los técnicos del Banco de México y de Hacienda están contemplando estos datos e indagando su significado. Ojalá López Obrador también.

19 Julio 2019 04:05:00
Hace 40 años en Nicaragua
Hoy se cumplen 40 años de la entrada a Managua de las columnas y los dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al cabo de una guerra sangrienta, de una negociación internacional compleja, y de un levantamiento popular importante, el dictador Anastasio Somoza se vio obligado a huir del país, a la larga refugiándose en Paraguay, donde sería ejecutado por exguerrilleros argentinos poco más de año después.

No queda mucho de esa revolución; no hay mucho que festejar. Estados Unidos le hizo la vida imposible al Gobierno sandinista a partir de 1981, obligándolo primero a librar una nueva guerra contra la “contra”, luego a celebrar elecciones, y finalmente a perderlas en 1990. Pero los sandinistas y sus amigos cubanos cometieron todos los errores imaginables en aquellos años, potenciando la agresión de Ronald Reagan, y el descontento popular, sobre todo en el campo. Entre 1990 y 2005, Nicaragua intentó reparar los daños causados por casi 15 años de guerra; no pudo.

Al grado que en 2007 fue electo presidente Daniel Ortega, quien había ocupado el cargo primero como producto de la Revolución, y luego gracias a elecciones ilegítimas celebradas en 1984. Desde entonces gobierna Ortega, ya en un esquema dinástico, acompañado por su esposa, Rosario Murillo, actualmente vicepresidente y futura candidata a suceder a su marido.

¿Qué podemos concluir de estos 40 años transcurridos? ¿Es válida la consigna de los manifestantes estudiantiles de 2018: Ortega, Somoza, son la misma cosa? Primero, que no basta con derrocar, o sustituir, un régimen odioso, represivo, corrupto y anacrónico, para que todo mejore en un determinado país. Lo terrible del status quo ante es que no garantiza un futuro más prometedor, o francamente superior.

Después de la Revolución, todo puede salir mejor, o peor. No hay seguros contra el retroceso.

En segundo lugar, que Estados Unidos, por lo menos en países pequeños como Nicaragua –y varios más– sí puede elevar estratosféricamente el costo de seguir adelante por la vía revolucionaria. Puede transformar el famoso “morir de pie” (en lugar de vivir de rodillas) en un verdadero infierno para millones de personas. A la larga, la guerra de Reagan concluyó gracias a una negociación promovida por Oscar Arias de Costa Rica, pero el precio de la guerra que pagaron los nicaragüenses fue exorbitante.

Cuando tuvieron la oportunidad de votar para manifestar su opinión, prefirieron abandonar el camino de la Revolución si implicaba seguir en guerra. Fidel Castro tuvo razón: no había que darle la oportunidad a los nicaragüenses de escoger, como nunca se la brindó a los cubanos. Si la gente puede decidir, y los sacrificios son enormes, la inmensa mayoría opta por la solución menos heroica, pero más soportable.

Finalmente, la experiencia de Nicaragua nos muestra que es preferible actuar a tiempo para desplazar a un régimen dictatorial que esperar a que se caiga solo. Somoza debió haber salido de su bunker de Managua meses, sino años, antes. Solo los titubeos de Carter le permitieron sobrevivir.

Hoy en día, urge que la comunidad hemisférica, incluyendo desde luego a Estados Unidos, haga lo necesario para que Ortega y Murillo se marchen a La Habana lo más pronto posible, que se realicen elecciones libres y supervisadas cuanto antes, y que el nuevo calvario que padece ese pobre país termine lo más pronto posible. Se lo debemos a quienes sí creyeron y lucharon por un nuevo mundo hace 40 años.
17 Julio 2019 04:06:00
Tercer país seguro: ¿No que no?
La decisión de Donald Trump de imponer el estatus de tercer país seguro a México y Guatemala por la vía unilateral debiera ser inaceptable para el Gobierno de López Obrador. No tiene sentido tratar de disimular el hecho: eso implica el Interim Final Rule publicado en el Diario Oficial de Estados Unidos.

A partir de ayer, ninguna persona que llegue a Estados Unidos y solicite asilo, habiendo pasado por un “tercer país” que no sea el suyo (un guatemalteco, salvadoreño, hondureño o cubano, por ejemplo, pasando por México) podrá siquiera solicitar asilo, a menos de que lo haya solicitado antes en el “tercer país” y se le haya negado.

A diferencia de lo que declararon –equivocadamente– los funcionarios mexicanos a propósito del acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, los “trámites” no se desahogarán en México, por la sencilla razón de que ya no habrá trámites. El no-mexicano, no-norteamericano, que entre a Estados Unidos por los puentes o las brechas, será inmediatamente devuelto, sin audiencia preliminar, mucho menos con audiencia definitiva ante un juez.

¿Devuelto a dónde? Aquí es donde todo se complica. México da a entender, sin afirmarlo, que el hondureño será devuelto por Estados Unidos a Honduras, supongo que por avión, ya que la vía terrestre necesariamente pasa por México y Guatemala. Washington da a entender que el hondureño será devuelto a... México, para ver que hace López Obrador con él. Ya no se encontrará en espera de su audiencia, porque ya no habrá audiencia. En todo caso, el hondureño podrá solicitar asilo en México, o a hacerle como quiera. En junio, cuando descendieron las cifras, más de 100 mil personas fueron detenidas por las autoridades norteamericanas en la línea.

¿Que pasó? ¿Por qué se quedó en letra muerta el acuerdo de junio entre Ebrard y Pompeo? ¿A qué se debe que Washington haya decidido proceder unilateralmente para declarar a México tercer país seguro si se suponía que ese debía ser fruto de la revisión de cifras y de negociaciones? Aventuro una hipótesis, basada en un artículo publicado on line por Jonathan Blitzer en la revista The New Yorker, anteayer.

Estados Unidos venía presionando fuertemente a Guatemala para firmar un acuerdo de tercer país seguro que obligara principalmente a salvadoreños y hondureños a solicitar asilo en Guatemala antes de ingresar a México o a Estados Unidos. El domingo pasado, el documento ya había sido finiquitado, e incluía una serie de cláusulas muy excesivas, que según el autor de la nota, los guatemaltecos ni siquiera habían asimilado y que iban mucho más allá de lo negociado. El presidente Jimmy Morales, ya a menos de seis meses de su salida, pensaba volar a Washington el domingo para firmar el texto con Trump el lunes.

Pero diversos sectores de la sociedad civil y de la oposición guatemalteca habían interpuesto varios recursos de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Afortunadamente eso no va a suceder en México, en relación a temas tan secundarios como la migración; aquí la sociedad civil, la oposición y la Suprema Corte tienen cosas más importantes qué hacer. Y milagrosamente, la Corte falló que Jimmy Morales no podía firmar el acuerdo con Trump sin la autorización previa del Congreso, la cual era imposible por carecer Morales o el próximo Presidente de una mayoría en dicho Congreso.

Se canceló el viaje presidencial a Washington, la firma del acuerdo y todo el tinglado del acuerdo regional de tercer país seguro. Este había sido anunciado por Ebrard como taparrabos por si López Obrador no resistía la presión de Trump y accedía a lo que quisiera al cabo de los 45 días de prueba. Ya no iba a ser posible, por ahora. Trump montó en cólera con los guatemaltecos, y decidió proceder por la vía unilateral, y llevarse a México de corbata, sin que el Gobierno mexicano objetara en lo más mínimo.

Dos comentarios finales. Parece que no están muy contentos los norteamericanos porque después de la caída de las cifras de aprehensiones en junio, la semana pasada volvieron a crecer. Segundo, el corresponsal de Reforma en Washington especula por Twitter que la esperanza de México descansa en los recursos jurídicos que interpondrán grupos como la American Civil Liberties Union. Invocarán el Artículo 1158 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Asilo, inciso (a), Autoridad para solicitar asilo, Apartado 2, Excepciones, inciso (A), tercer país seguro: “El párrafo uno no se aplicará... si el extranjero puede ser deportado en aplicación de un acuerdo bilateral o multilateral con otro país”. Al día de hoy no hay tal acuerdo.
15 Julio 2019 04:00:00
¿Debe la oposición ratificar a Herrera?
En los próximos días la Cámara de Diputados se reunirá en sesión extraordinaria para ratificar al nuevo secretario de Hacienda. Como Morena cuenta con una amplia mayoría, no se encuentra en duda la aprobación de Arturo Herrera como titular. Lo único relevante del proceso estribará, por un lado, en las respuestas que Herrera pueda ofrecer a preguntas derivadas de la carta de renuncia y de la entrevista de su predecesor, y en la manera en que votarán los partidos de oposición.

En un reportaje online del diario Reforma del domingo, tanto el líder de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado, como Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Hacienda, dan a entender que la ratificación podrá ser por unanimidad. En otras palabras, anuncian que los diputados del PAN, del PRI, del PRD y de MC votarán a favor de Herrera.

Qué hacer en estos casos siempre encierra un dilema para cualquier oposición. Votar a favor de alguien que en principio reúne los requisitos técnicos pertinentes, y que moral y profesionalmente no presenta objeciones evidentes, implica sin embargo avalar una política determinada, quiérase o no. Votar en contra, por oponerse a esa política determinada, lleva a cuestionar a una persona a quien el Presidente tiene todo el derecho a designar, y que no presenta ninguna objeción personal para ocupar el cargo en cuestión.

En la mayoría de las democracias con régimen Presidencial –el problema no se presenta en los regímenes parlamentarios– las oposiciones oscilan entre el voto contrario sistemático y la aprobación “leal” y de “Estado”. ¿Qué deben hacer PAN, PRI y MC con Herrera, es decir con López Obrador y la 4T?

En mi opinión, deben votar en contra. No porque su pronunciamiento haga la diferencia: Herrera será el próximo secretario de Hacienda. No porque la persona carezca de méritos para ocupar el cargo; sin ser ideal, como lo sugiere ya sistemáticamente el empresariado frente a cualquier decisión del Gobierno, pertenece a la medianía del universo de los titulares de Hacienda del último medio siglo: ni al tercio superior, ni al tercio inferior. Tampoco porque se piense que Herrera va a definir la política marcoeconómica del Gobierno; esa se decide en las oficinas de Palacio que ocupa López Obrador, no aquellas donde se instalará Herrera.

Deben votar en contra, en mi opinión, por dos sencillas razones. En primer lugar, porque en la polarización actual, no le corresponde a la oposición hacerle ninguna concesión al Gobierno. Lo correcto es decir no a todo, como lo hizo Andrés Manuel durante 18 años. No existe motivo alguno para darle votos a un Secretario de Hacienda que pondrá en práctica la política económica de su jefe sin negociar ni consensuar absolutamente nada. Tiene el pleno derecho de no hacerlo.

Pero, en segundo lugar, el PAN, el PRI, el PRD y MC deben negarle sus votos a Herrera para que después no les vayan a restregar en la cara su voto a favor. Cuando vengan los siguientes recortes –impuestos por Hacienda–; cuando venga la continuación de las obras de AMLO –financiadas por Hacienda–; cuando venga el siguiente plan de negocios de Pemex –avalado por Hacienda–; cuando vengan los siguientes conflictos con nuestros socios como Canadá –impulsados por Hacienda–; para nada le conviene a la oposición ser asociada con todo esto.

Dirán los tradicionalistas en la oposición: no ratificamos nada de eso, solo a la persona de Herrera. Suerte con ese tipo de matices frente a Delgado, Muñoz Ledo, Batres y Monreal. Sin hablar de las mañaneras. Un voto en contra es una definición clara, y gratis. Es la que conviene. Dudo que sea la que tenga lugar.
12 Julio 2019 04:02:00
Más deportaciones… de mexicanos
El escándalo de la prolongación de Mandato de la Gubernatura de Baja California es enorme, incluso para los criterios de la 4T. Lo único que falta es que uno de estos días Morena decida, junto con los votos que pueda comprar, que su candidato finalmente no perdió alguna elección.

Por una razón: después de efectuada, se modifican las reglas de la misma, de tal suerte que no baste haber ganado por un voto, sino que era necesario ganar por 10 puntos porcentuales, por ejemplo, y como el adversario de Morena no venció por 10 sino solo por dos o tres, ganó Morena en automático. ¿Excesivo? No. Es lo que están haciendo en Baja California, obviamente con línea del Presidente de la República.

Pero como sigo comprobando que el tema migratorio escapa al interés de la mayoría de los colegas de la comentocracia, me siento obligado a volver sobre el punto. Según las autoridades estadunidenses, este domingo comenzará una serie de redadas en una decena de ciudades norteamericanas por parte de ICE y quizás algunas policías municipales o estatales, contra migrantes indocumentados.
No contra todos, desde luego. En este momento van a concentrar sus esfuerzos contra aquellos que ya tienen una orden definitiva de deportación, es decir, que ya hayan recorrido todo el proceso de audiencias, juicios y que en última instancia un juez de migración haya decidido no atender sus solicitudes de permanencia en Estados Unidos.

Los funcionarios de Homeland Security y de ICE han declarado en días recientes que el número total de indocumentados con este tipo de órdenes formales de rechazo a sus apelaciones supera el millón. Obviamente las redadas no van a deportar de la noche a la mañana a un millón de personas; The New York Times informó el jueves que este primer domingo “solo” se verían afectadas unas 2 mil familias. Pero ya no se trata de hondureños solicitantes de asilo en la frontera con México; ni de haitianos o cubanos; esta vez se tratará en su gran mayoría de mexicanos.

En efecto, la mitad de la población indocumentada en EU es mexicana. Se nos olvida. Trátese de recién llegados, o de personas que llevan 20 años en el país; tengan antecedentes penales o no; hayan pasado por el proceso de audiencias, juicios y apelaciones o no; la mitad son mexicanos. Por lo tanto, la mitad de los deportados, sean 2 mil, sean un millón, serán mexicanos.

El Gobierno de López Obrador ha dicho que los consulados están preparados para defender a los mexicanos que pudieran ser deportados en estas redadas. Tal vez cuenten con los recursos, los abogados o funcionarios necesarios para ello; ojalá. Sin embargo, les falta algo muy importante: una narrativa, o si se prefiere, un discurso de defensa.

Después de las barbaridades cometidas por el Gobierno de México contra los centroamericanos, el discurso tradicional de defensa de los mexicanos en EU vale muy poco. Trump podrá decir con toda razón: “No se hagan tontos, ustedes y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo; a cada quien sus deportados”.

México dice que solo deporta a los centroamericanos que no tienen sus papeles en orden; eso dice Trump de los mexicanos. México dice que solo deporta a los que pueden haber incurrido en trata de personas, narcotráfico u otros delitos; Trump dice lo mismo. México dice que no puede permitir el libre paso de centroamericanos hacia EU que violan las leyes mexicanas; Trump dice lo mismo.

Que mejor ejemplo que el comunicado del cónsul de Guatemala en Comitán, retomado por el periódico Reforma, sobre el grupo de 87 guatemaltecos detenidos por la Policía Municipal, sin la presencia del Inami: “Los municipales llevaron al grupo de migrantes hacia la estación de la Policía Municipal; incluidos mujeres, niños y adultos mayores, cabe mencionar que de acuerdo a sus relatos, este grupo sufrió alguna forma de trauma, derivado del anómalo procedimiento al momento que los capturan, donde según nos indican, las autoridades portaban armas de fuego cuando los detuvieron, como si se tratase de delincuentes”.

Entre los enormes daños que el acuerdo infame de López Obrador con Trump en materia migratoria le ha traído a México es socavar, sino es que destruir, el discurso que durante muchos años tuvimos –no siempre de una gran eficacia, es preciso reconocerlo– frente a EU.

Siempre decíamos que no por haber entrado sin papeles a EU eran delincuentes; que deberían respetarse sus derechos humanos; que era importante tomar en cuenta las particularidades de cada caso: ausencia de antecedentes penales, familia norteamericana, sobre todo hijos; pagar impuestos; tener un empleo estable. El mal trato a los indocumentados no se justificaba… por el mero hecho de serlo.

Eran ante todo mexicanos buscando oportunidades, huyendo de distintas circunstancias económicas, políticas y personales. Merecían, en todo caso, derecho de audiencia, debido proceso y un trato respetuoso. Hoy todo eso se lo negamos a los centroamericanos. A ver con qué cara López Obrador, Ebrard y los cónsules se paran en Estados Unidos para denunciar las deportaciones inminentes.
10 Julio 2019 04:04:00
Conflicto de interés = corrupción
Sobran acontecimientos para comentar el día de hoy, y por lo tanto cualquier selección podrá ser tildada de arbitraria.

Pero como el trabajo que aquí se desempeña consiste en escoger, tomar partido, opinar, a sabiendas que nunca es posible tener toda la razón, todo el tiempo, opto por el párrafo de la carta de renuncia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda hasta ayer, a propósito del conflicto de interés dentro del Gobierno de la 4T.

Urzúa expone dos grandes motivos de su partida: desacuerdos de política económica y de método para tomar decisiones en esa materia, de personajes sin conocimiento ni autoridad para tomar esas decisiones, por un lado.

Y por el otro, subraya que han ingresado al área de la Hacienda Pública funcionarios impuestos por otros que se encuentran en una situación de conflicto de interés por las tareas que les han sido encomendadas: “me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública.

Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”.

Varias personas han comentado en los últimos días, a propósito de la persistente popularidad de López Obrador, contra viento y marea, que lo único que realmente lo podría dañar en el corto plazo en las encuestas y en la esperanza que genera entre amplios sectores de la sociedad mexicana, es un escándalo de corrupción en su propio gobierno: una casa blanca.

Que el secretario de Hacienda saliente, parte del círculo más íntimo de López Obrador desde hace casi 20 años, con un conocimiento preciso y detallado de lo que sucede en el Gobierno, acuse a colegas suyos de incurrir en conflictos de interés, no es una casa blanca, pero sí es otro torpedo debajo de la línea de flotación, quizás con ojiva nuclear.

Conflicto de interés, en cualquier país del mundo, en cualquier gobierno del mundo, en México antes de la 4T, y ahora, equivale a corrupción. Corrupción pecuniaria, política, burocrática, administrativa y de cualquier otra índole que a alguien se le ocurra. Eso es lo que afirma Carlos Urzúa.

¿A qué se refiere? Las sospechas son múltiples, porque los diferendos o pleitos entre Urzúa y la Oficina de la Presidencia eran bien conocidos. Los motivos burocráticos de las divergencias también lo eran. A diferencia de muchos de sus predecesores, Urzúa no pudo meter las manos en la designación de funcionarios que normalmente dependen del secretario de Hacienda: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banobras, Bancomext y Nacional Financiera.

Quien haya tenido razón en ese conflicto es, por lo menos hasta ahora, indiferente. Las acusaciones de Urzúa pueden ser resultado de las pasiones que genera cualquier pleito burocrático.

Pero la magnitud de la acusación es mayúscula, y la evidencia de los destinatarios es transparente.

Arturo Herrera deberá ser ratificado por el Congreso. Los diputados de Morena obviamente no van a preguntarle nada complicado, pero los de la oposición la tienen fácil.

Basta con que lean la carta de Urzúa, una y otra y otra vez, para interrogar al nuevo candidato a secretario: ¿A qué se refería cuando hablaba de conflicto de interés? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Si Herrera dice que no sabe y que le pregunten a Urzúa, le podrían responder que él trabajó con Urzúa hace 19 años.

Si no sabe eso ¿cómo sabrá manejar las finanzas del país?
08 Julio 2019 04:04:00
GN: ¿En serio más con menos?
Comentaba en mi nota pasada que una de las grandes interrogantes a las que debiera responder el Gobierno, a propósito de la rebelión en la Policía Federal, yace en las implicaciones presupuestales del esquema de la Guardia Nacional. Quisiera volver sobre este tema. Pienso que no solo no salen las cuentas, sino que ni siquiera las hicieron.

En algún momento, Durazo o el propio López Obrador informaron que al crear inicialmente la GN a partir de la PF y de las policías militares y navales del Ejército y la Marina, sería necesario homologar las condiciones laborales –es decir, presupuestales– de los tres componentes del nuevo cuerpo. Anunciaron que se “emparejarían” salarios y prestaciones, pero no indicaron si hacia arriba o hacia abajo. Parece que fue hacia abajo.

Las prestaciones del Ejército y de la Marina son, se supone, netamente superiores a las de la PF. Los salarios de esta última son mejores que los de la Sedena y la Semar. Homologar solo puede significar entregarle a los policías las prestaciones de los soldados y los marinos, y brindarles a estos los salarios de los policías.

Pensar que iba a resultar factible una homologación inversa, esto es, reducir las prestaciones de las Fuerzas Armadas, y disminuir los sueldos de la Policía era, en su caso, una fantasía absurda. Por el pliego petitorio de los rebeldes de la PF y por las declaraciones de muchos policías, parece que de eso se trató. Se subestimó entonces de manera brutal el impacto presupuestal, en el mundo real, de la Guardia Nacional.

En segundo lugar, el Gobierno da la impresión, de acuerdo con las filtraciones de los policías y las versiones de prensa de los motivos de su protesta, que no se calculó la incidencia de las liquidaciones y/o indemnizaciones que entrañara la “extinción” de la Policía Federal.

Se entiende que por razones de control de confianza o de otro tipo de requisitos, algunos integrantes de la PF no cumplan con las condiciones establecidas para ser incorporados a la GN. Es lógico, asimismo, que algunos de los reprobados, junto con otros que simplemente no desean formar parte de un cuerpo al final de cuentas militar, como lo es obviamente la GN, prefieran declinar la invitación de hacerlo. También se antoja muy natural que quienes no califiquen, o no quieran ser incluidos en la nueva institución, también rechacen las otras opciones que les proponen: INM, Protección Federal, Comar, etc. ¿Y luego?

Pues no queda más que liquidarlos conforme a la ley, o sí aceptan entrar pero en condiciones menos favorables que en la PF, indemnizarlos por la merma en cuestión. En ambos casos, se trata de mucho dinero. Tres meses más 20 días por año de servicio, más el fondo de ahorro, seguro de vida, etc, para una decena o quincena de miles de efectivos con 10 o 20 años de antigüedad es una lana. Encierra un innegable impacto presupuestal, que no parece haber sido previsto por Durazo y compañía.

De repente resulta que los policías, a diferencia de muchos burócratas despedidos, e igual que los migrantes/refugiados cubanos, no se dejan. Hay que pagarles lo que la ley estipula u homologarlos de acuerdo con el principio de derechos adquiridos. No le alcanza el dinero al Gobierno, y aunque Urzúa siempre se pliega, los amotinados no.

La pregunta entonces es muy sencilla, aunque yo carezco por completo de elementos para responderla. En el presupuesto de 2019, descontando los incrementos otorgados a la Sedena para sus nuevos juguetes –Santa Lucía, pipas de Pemex, sembrar arbolitos, etcétera– ¿Cuál fue el monto de aumento real frente al total para seguridad –no tonterías– de 2018?

El azul celeste del Gobierno no parece haber sido integrado al PEF. ¿Se piensa gastar más, en términos reales, este año que el anterior, en materia de seguridad? ¿O se creía en serio que era posible hacer más con menos?
05 Julio 2019 04:03:00
Fronda en la Federal
La rebelión en la Policía Federal podría ser el reto político más importante del Gobierno de López Obrador. El pequeño detalle es que afirmamos lo mismo cada semana a propósito del “flavor of the week”, y casi siempre con razón. Este Gobierno ha mostrado, como ninguno antes, un talento para crear repetidamente problemas de innegable envergadura. Comenzamos a ver como parte de la nueva normalidad el que se presenten desafíos insólitos casi todos los días.

Es cierto que éste parece mayor. Junto con el estancamiento económico, la corrupción y la desigualdad, la inseguridad es el tema de Gobierno que más afecta a la gente. La única propuesta del régimen, al cabo de años de campaña y de 12 meses de mandar, ha sido la Guardia Nacional. La rebelión en la PF constituye un torpedo debajo de la línea de flotación de esa Guardia Nacional.

Desde 2004 he sido partidario de la creación de una policía nacional única. Viví o vi los esfuerzos –tardíos– de Labastida y Zedillo, los de Gertz y Fox –insuficientes–, los de García Luna y Calderón –ambiciosos y corruptos–, y prácticamente nulos de Osorio Chong y Peña Nieto.

No me disgusta la idea de una guardia nacional, si se tratara de una policía nacional civil que sustituyera a las irremediablemente inútiles fuerzas estatales y municipales. No me espanta la sugerencia de López Obrador de desaparecer al Ejército y sustituirlo con una guardia nacional potente y civil, a la costarricense o panameña (impuesta por Bush padre).

Por tanto, no cuestiono al actual Gobierno en esta materia por el fondo del asunto.

Pero su ineptitud, su precipitación y sus compromisos internacionales han dado al traste no con una buena idea –el término es excesivo– pero sí con una alternativa administrativa, no estratégica, interesante. Ese es el peligro mayor que subyace a las protestas, las tomas de instalaciones, los bloqueos de carreteras, y las manifestaciones públicas de descontento.

Siempre fue una mala idea fundir a la PF con el Ejército y la Marina bajo la férula o hegemonía de la Sedena. La tesis original de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, a saber, transferir efectivos de las fuerzas armadas en mayor o menor número a la corporación civil para acelerar su creación, consolidación y crecimiento, era mucho más sensata.

Hoy, al encontrarnos con un Presidente fascinado por los militares, quiere que hagan todo y que todo el mundo se les subordine. Los policías federales, con sus innegables defectos y vicios, no quieren. La pregunta es ¿quién querría?

La PF es tratada, según filtraciones y declaraciones públicas de funcionarios y del propio AMLO, con la punta del pie por los militares. Se les buscaba imponer condiciones laborales, de desempeño, de seguridad y de mando humillantes e inferiores a las que disfrutaban, con o sin razón, antes de la 4T. Se les manda a misiones improvisadas, mal concebidas y casi imposibles, como cazar migrantes centroamericanos en todo el sureste y la frontera norte. Deben realizar estas faenas en condiciones que ellos mismos han denunciado como indignas e inaceptables. Se les responde que son fifís acostumbrados a alojarse en hoteles Holiday Inn. ¿Qué esperaban?

Ahora bien, convendría que además de lanzar acusaciones inverosímiles y absurdas, Durazo explicara algunas cosas. Por ejemplo, si se han despachado a 21 mil guardias nacionales para cumplirle a Trump (6 mil al sur-sur este, 15 mil en la frontera norte), y los 37 mil efectivos de la PF no sirven, y del Ejército y la Marina, por ahora, solo se incorporarán unos 18 mil policías militares y navales ¿cómo cuadran las cuentas?

Por ejemplo, si el traslado a la GN es voluntario, y pocos policías federales, por corruptos, egoístas o sensatos, rechazan las magnificas oportunidades que se les brindan si no les gusta la GN –migración, protección federal, etc.– ¿se les van a liquidar a todos conforme a la ley? ¿Incluyendo a los que tengan ya 20 años de servicio? ¿Ya se conoce el impacto fiscal de esta opción? ¿O se les va a hacer de chivo los tamales y pagarles su indemnización en función de los nuevos salarios y a dos años y medio sin intereses, como el fondo de retiro de los despedidos del sector público?

No era previsible para mí que un costo adicional de la rendición ante Trump fuera la rebelión en la PF. Pero allí está. ¿Sigue siendo una gran idea haber entregado todo a cambio de evitar aranceles?
03 Julio 2019 04:03:00
Paquete versus compartimentos estancos
En su informe de Gobierno/autopanegírico extraño, López Obrador, lógicamente, dejó por completo a un lado la política exterior y la relación con el mundo. Son temas que no le interesan. De haberle preguntado a Ebrard qué podía decir, tal vez éste, en un arrebato de autonomía, le hubiera podido plantear la posibilidad de discutir un tema central en lo que México está viviendo hoy con Estados Unidos. Se trata de la disyuntiva de tratar por separado, o en paquete, los diversos ítems del nexo bilateral. Sueño, obviamente, con otro país, con otro momento, con otro gobierno.

En días y semanas recientes, se ha planteado tanto en círculos oficiales como opositores y de la comentocracia, una especie de ciega fascinación por la idea de la separación radical de temas. En particular, se ha sugerido que Trump viola algún tipo de norma o axioma de las relaciones internacionales, y del comercio en particular, al juntar dos temas que supuestamente no deben nunca unirse: aranceles y migración. Se afirma, como si se tratara de un dogma, que eso no se debe hacer, que México y la gente de bien no lo hacen, y que se trata de una maldad más del Presidente vecino.

Entiendo que mucha gente bien intencionada caiga en el simplismo o ignorancia que lleva al Gobierno a sostener estas tesis. No por ello dejan de ser falsas, en México, y en el mundo. Veamos los dos ámbitos.

En México, como lo recordaba aquí hace un año y medio, la discusión se remonta por lo menos a los años 80, si no es que antes. Fernando Solana en particular insistió siempre en la necesidad de mantener la separación o compartimentación de los temas, para que ninguno contaminara a otro. En particular, hacía hincapié en el imperativo de aislar lo más posible los asuntos de comercio –en esa época la negociación del TLCAN– de los del narco, migración, la ONU, etc.

Otros pensaban –pensamos– desde entonces o mucho antes, que al contrario. México debe hacer exactamente lo que ha hecho Trump: utilizar correlaciones de fuerza favorables en un ámbito para lograr resultados en otros donde dicha correlación no nos es tan ventajosa. No solo eso: las mismas negociaciones comerciales deben incluir, decíamos varios, temas migratorios, de derechos humanos, laborales, ambientales y hasta de defensa de la democracia. En aquel tiempo, los partidarios del paquete perdimos la batalla. A partir de entonces, las hemos ido ganando.

Cuando Trump toma posesión en 2017, el propio Gobierno de Peña Nieto adopta un nuevo enfoque, que denominó integral, según el cual “todo está en todo” y que no se debe separar un tema –por ejemplo, comercio– de otros, por ejemplo, seguridad, migración, drogas, etc. Se subrayó en repetidas ocasiones que a partir de la llegada de Trump éste sería el nuevo enfoque mexicano. No resultó así, por lo menos del lado mexicano, aunque sí por parte de Trump. Debió haberlo sido; muchos propusimos desde entonces que usáramos nuestras cartas fuertes –migración, seguridad, drogas– para lograr mejores desenlaces en donde carecíamos de muchas fichas, sobre todo en comercio.

Lo que ignoran muchos que hoy, con buena o mala fe, suscriben las posturas “compartimentalistas” es que las contrarias son mucho más típicas en el mundo. El Tratado de Roma de 1958, que crea el Mercado común incluye, desde luego, la libre circulación del trabajo; Mercosur, también. Todos los acuerdos comerciales con la Unión Europea hoy –el de México por supuesto– encierran cláusulas democráticas y de derechos humanos. Todos los FTAs con Estados Unidos comprenden capítulos laborales y ambientales. La negociación de Turquía con la UE abarcó toda una gama de temas, mezclando peras con manzanas. Solo en la imaginación de la 4T y de los expertos en comercio internacional existe la idea que eso “no se hace”.

Nosotros, en lugar de haber recurrido a este esquema, dejamos que Trump se nos adelantara. Ahora pagamos el costo. Nos doblegó por completo gracias a un simple ardid: si no me das lo que quiero en materia migratoria, te castigo en materia comercial. Lo volverá a hacer; nosotros, no.
01 Julio 2019 04:00:00
¿Sigue la guerra contra el narco?
Desde hace años he pensado que el repunte de la violencia en México, medido a través del número de homicidios dolosos por año, que vivimos a partir de 2015, se debió en parte a la decisión de comisionar a un número desconocido de efectivos militares y de la Policía Federal a la frontera sur, desde el mes de julio de ese año, para atender la exigencia del presidente Obama de detener a los menores de edad no acompañados procedentes de Centroamérica dirigiéndose a Estados Unidos. Recordemos que a partir de 2013 el número de homicidios dolosos en México comenzó a descender y siguió bajando en el 2014. Es a partir del 2015 cuando vuelve a subir, lo cual sigue haciendo hasta el día de hoy.

Si bien no es posible establecer una correlación mecánica ni exacta entre la dispersión de las fuerzas de seguridad a otras tareas, y el incremento ya mencionado, es posible que sí exista esa relación. Voces más autorizadas que yo, como Eduardo Guerrero y Alejandro Hope, no lo afirman, y algunos corresponsales extranjeros sostienen que no hay tal. No lo sé, simplemente dejo esa hipótesis al lector.

La pertinencia de esta última especulación proviene de una serie de datos publicados el domingo por el periódico Milenio en su primera plana. Según datos obtenidos por el diario a través de una solicitud de información a la unidad de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, “las incautaciones de heroína se redujeron en 75% entre diciembre de 2018 y mayo del 2019 en relación al mismo periodo de 2017-2018.

Las de metanfetamina descendieron 70.1%, el aseguramiento de mariguana 51.2% y el de cocaína 24.7 por ciento”. En cambio, según las autoridades norteamericanas, con información de Homeland Security, de la DEA y de la patrulla fronteriza, los aseguramientos en los estados fronterizos de Estados Unidos aumentaron durante el mismo periodo y en relación al mismo lapso anterior: heroína más 36%, metanfetaminas más 30%, cocaína más 23 por ciento.

En otras palabras, nosotros estamos decomisando menos –mucho menos que hace un año– y ellos están interceptando bastante más en relación también a hace un año. Esto puede deberse a dos motivos diferentes. El primero, que en mi opinión sería altamente deseable y aplaudible, es que el gobierno de México haya decidido dedicar menos recursos financieros, humanos, militares, de seguridad, policiacos, etcétera, a decomisar drogas encaminadas a Estados Unidos.

Habría decidido también dejar esa tarea en manos de los norteamericanos, como parece ser el caso o no, y permitir la salida de drogas a ese país. En todo caso, se vuelve un problema de ellos en lugar de ser un problema nuestro. No descarto que a pesar de la sumisión de López Obrador a Trump en muchos otros aspectos, en este tal vez pueda haber decidido que no va a hacerle el caldo gordo como en los demás. Sería una noticia muy bienvenida. No es que lo crea a pie juntillas, pero no me parece descartable.

La otra posibilidad es que esté sucediendo algo parecido a lo que yo sugiero aconteció en 2015 y 2016. Mandar al Ejército a manejar pipas, construir aeropuertos, crear una Guardia Nacional, perseguir huachicoleros, reprimir y en su caso maltratar a migrantes –centroamericanos y de otros países–, detenerlos e impedir su salida de los centros de detención y de México hacia Estados Unidos, y hacer más o menos lo mismo con lo que queda de la policía federal, son hechos que pueden haber desembocado en una menor concentración de esfuerzos y de recursos en la guerra contra el narcotráfico. No como una política o un resultado deseados, sino simplemente como un “daño colateral” de las políticas públicas decididas en otros ámbitos, por otros motivos. Es un hecho que no alcanza la cobija para todo. Esto lo hemos comprobado en otros momentos, en otros casos.

¿Cuál de las dos explicaciones es la buena? Para empezar, habría que obtener más información de la que de manera muy encomiable ha logrado Milenio para saber en qué estados se redujo el volumen decomisado. Por ejemplo, hay quienes sostienen que el aumento de consumo de fentanilo en Estados Unidos ha traído consigo una disminución del cultivo de amapola en Guerrero, por tanto incluso de la violencia en Guerrero, y por tanto, lógicamente, una caída también del volumen de heroína decomisada camino a Estados Unidos.

Posiblemente esta sea una explicación parcial de estas cifras. También sería necesario saber qué explicación da de estos datos el Ejército y la policía o la Secretaría de Seguridad Pública, que supongo es la responsable de todo ello, y si los propios Estados Unidos confirman estos datos, tanto los de sus decomisos como los de México. Nada de eso ha sucedido y por lo tanto no estamos más que especulando.

Pero estamos especulando a partir de datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa. No se trata de meros inventos. Creo que hay aquí varias hipótesis que conviene explorar, sobre todo por parte de expertos mucho más autorizados que yo para hacerlo.
28 Junio 2019 04:03:00
2018: el tsunami artificial
En el número de julio, la revista Nexos publica un notable ensayo de Jorge Buendía y Javier Márquez titulado ¿2018: Por Qué el Tsunami? Los dos expertos le dan sustento estadístico y demoscópico a las tesis que muchos hemos sostenido con mera argumentación o intuición desde febrero de 2018. Su conclusión es lapidaria: AMLO probablemente hubiera ganado en cualquier caso, pero la embestida del Gobierno contra Anaya distorsionó las cifras de manera significativa. Voy a citar ampliamente el estudio, intercalando algunos comentarios y concluyendo con otros.

Según los autores y la ley, el proceso electoral se dividió en tres partes: “El primer periodo... incluye parte de la llamada “precampaña” (14 de diciembre 2017 a 11 de febrero 2018). El segundo, incluye el tiempo de la llamada “intercampaña” (12 de febrero al 29 de marzo) y el tercero la llamada propiamente “campaña presidencial”, (que inicia formalmente el 30 de marzo y termina el día de la elección, el 1 de julio)... Las cifras del cambio son como sigue: al empezar febrero de 2018, AMLO tenía una ventaja de 9 puntos sobre Anaya (41% vs 32%). Al terminar marzo, la ventaja de AMLO ya era del doble: 18 puntos (46% vs 28 por ciento). El salto en las tendencias está asociado a la acusación por lavado de dinero que difundió la Procuraduría de la República en esos días... La acusación recibió una gran cobertura mediática.

El análisis realizado por Central de Inteligencia Política, y publicado en El Financiero (6 marzo 2018), encontró que durante febrero de 2018 las noticias sobre Anaya fueron mayoritariamente negativas (56%). Sólo un tercio de las noticias sobre él fueron positivas... La acusación contra Anaya se dio en el llamado periodo de “intercampaña”, durante el cual están prohibidos los actos proselitistas, así como spots con la imagen de los candidatos. Ello pudo haber magnificado el impacto electoral de la denuncia. El episodio de la acusación probablemente tuvo un efecto de largo plazo porque afectó un atributo fundamental para muchos ciudadanos: la honestidad”. La boleta real quedó así: tres candidatos corruptos –Peña Nieto, Meade y Anaya– y un candidato honesto.

Existe la confusión en la mente de muchas personas de buena fe sobre la secuencia de los hechos. Piensan que primero vino la amenaza formulada por Anaya de encarcelar a Peña Nieto, y después el revire del mismo contra Barreiro, Anaya, su suegro, etc., y la acusación de lavado de dinero. Nada más falso. La PGR reconoce en público la apertura de una investigación sobre Anaya el 21 de febrero; la conferencia de prensa del par de títeres del Gobierno acusando a Anaya se celebra el 20 de febrero, y la respuesta de Anaya, cuando acudió a la PGR a entregar un escrito al respecto, fue el 3 de marzo.

Siguen los autores, ya con conclusiones más abstractas: “Quien ideó la estrategia de desplazar a Anaya para fortalecer a Meade se equivocó rotundamente... La intención de voto por Meade prácticamente no se movió después de que se dieran a conocer las acusaciones de lavado de dinero... Desde el día 1, AMLO siempre estuvo en primer lugar con una clara ventaja sobre Anaya y éste siempre aventajó a Meade por un margen considerable. A pesar de la narrativa oficial, Meade nunca creció en la campaña por lo que tampoco estuvo cerca del segundo lugar. El rechazo al PRI y a Peña fue un lastre que lo paralizó”.

No les corresponde formular una pregunta evidente: Si Peña Nieto disponía de la misma información que Buendía y Márquez –en realidad mucha más– en materia de encuestas, mítines, menciones en prensa, financiamiento, etc., ¿por qué se equivocó tan “rotundamente”? ¿En verdad montó la campaña contra Anaya para desplazarlo y favorecer a Meade? ¿Podía ser tan ingenuo, en vista de los números aportados por los dos expertos? Sigo convencido que no. Peña Nieto intervino en el proceso electoral, no a favor de Meade, sino de AMLO, en un pacto de impunidad que hasta la fecha no ha sido refutado por los hechos (ya hablaremos if and when caiga Lozoya).

Concluyen Buendía y Márquez: “Siempre es complicado argumentar en forma contrafactual, pero incluso si la denuncia contra Anaya no hubiera existido, AMLO probablemente se hubiera llevado la victoria”.
26 Junio 2019 04:04:00
Vergüenza
La foto de la agencia France Press, de un par de militares mexicanos deteniendo a una mujer y a su hija al tratar de ingresar a territorio norteamericano, es sintomática de lo que está sucediendo en México hoy, para desgracia de todos los mexicanos. Cuando el Gobierno de López Obrador anunció el acuerdo con Estados Unidos dijo una parte de la verdad y calló otra. Poco a poco fue divulgándose lo que se había callado, pero nunca se anunció que las autoridades mexicanas enviarían a casi 15 mil efectivos de la llamada Guardia Nacional a la frontera norte para impedir la salida de nacionales de otros países a Estados Unidos.

Supongo que estos efectivos de la Guardia Nacional están tan bien entrenados que pueden distinguir rápidamente, casi de inmediato y en automático, entre un hondureño y un mexicano y, si la persona que quiere adentrarse a Estados Unidos es mexicana, la dejarán pasar, mientras que si es hondureña la detendrán y la enviarán a un albergue en alguna ciudad fronteriza para que de ahí se procese su regularización o deportación. No sé muy bien cómo le haga el guardia nacional en cuestión para distinguir entre un mexicano y un hondureño: otra vez, la imbecilidad del Himno Nacional, de la alineación de la selección nacional en el mundial del 86 o del 70, o alguna canción de Pedro Infante (por cierto, los hondureños se saben las de Pedro Infante).

La vergüenza consiste en utilizar recursos públicos -humanos y financieros- para detener a centroamericanos que buscan salir de México y entrar a Estados Unidos. No es del todo ilegal. He comentado en muchas ocasiones -en un par de libros y en numerosos artículos- que la Ley General de Población prohíbe la salida del país, salvo por puntos previamente establecidos y con toda la documentación en orden. Es un hecho que constituye una violación de dicha ley el buscar salir de México por cualquier lugar no debidamente inscrito como tal. El problema no es de legalidad. Es de moralidad, de ética, de interés nacional.

No es sencillo entender cómo López Obrador llegó a esto. A tal grado es difícil que él mismo parece no entenderlo. En una declaración, antier o ayer, insinuó que no estaba de acuerdo y que no eran esas las instrucciones de los militares en la frontera. Lo dijo en relación con derechos humanos, no con una política pública. No es una violación a los derechos humanos de los centroamericanos el impedirles salir de México a Estados Unidos, es una violación a principios éticos básicos, de un país que sigue siendo fundamentalmente generador de flujos hacia el exterior. Muchos tontos útiles en México y en Estados Unidos se han convencido desde hace algunos años de la tesis de la suma cero: regresan más mexicanos de Estados Unidos que los que se van. Es totalmente falso, a menos de que se considere a los deportados de Obama y de Trump como retornos voluntarios, y que no se contabilicen las salidas legales con visas H2A y H2B principalmente. México sigue siendo un país de emigrantes, no de inmigrantes mexicanos. Siguen siendo muchos más los mexicanos que se van que los centroamericanos que llegan y se quedan.

Yo me imagino que López Obrador y Ebrard sabían perfectamente a lo que se habían comprometido con Estados Unidos durante esos días infames en Washington, pero no descarto que hasta ahora comprendieron a cabalidad el alcance de su sumisión. Detener a centroamericanos, y de manera inevitable, a mexicanos también que quieren irse a Estados Unidos con o sin papeles, por puntos predeterminados o fuera de ellos, es una infamia, propia en efecto del Ejército Mexicano, que nunca se ha tentado el corazón de poner en práctica las órdenes reprobables, y en su caso criminales, del mando civil. En otros países, desde 1945, la llamada obediencia debida no ha sido aceptada como una exoneración de culpa o de responsabilidad por violar la ley, o peor aún, la ética.

Este es el lío en el que se ha metido López Obrador. A ver cómo le hace para salirse de él. Lo único positivo de todo esto es que un buen segmento de la comentocracia, que hasta hace pocos días había permanecido por completo indiferente al tema migratorio centroamericano y en relación con Estados Unidos, ahora comienza, muy poco a poco, a indignarse. Enhorabuena.

24 Junio 2019 04:05:00
Hacia una nueva social democracia norteamericana
Comenté en mi artículo del viernes pasado cómo pienso que se desarrollará la campaña y la elección presidencial norteamericana en el 2020 y expliqué por qué pensaba que Trump perdería y que prácticamente cualquier candidato demócrata se encontraba en situación de poder ganarle. ¿Pero qué significa cualquier candidato demócrata? La semana pasada mencioné algunos pero quisiera desarrollar un poco mis reflexiones al respecto.

Lo que más interesa y más importa no es tanto la personalidad o los atributos de quien vaya a encabezar el ticket demócrata, si no el proceso mediante el cual sea elegido o elegida, y las posiciones políticas y programáticas que vayan surgiendo durante la campaña y se vuelvan cada vez más consensuales dentro del partido demócrata.

Con la excepción de Joe Biden entre los aspirantes punteros y de algunos contendientes moderados de estados del centro o centro-oeste del país, prácticamente todos los candidatos han abrazado ya posiciones que he llamado “social demócratas” en una nota publicada por Project Syndicate hace un par de meses y próximamente en el número de agosto de la revista Nexos. Elizabeth Warren, Cory Booker, Bernie Sanders, Beto O´Rourke, Pete Buttigieg, y casi todos los demás han adoptado una serie de definiciones que claramente perfilan un nuevo acercamiento norteamericano a lo que podríamos haber llamado hace tiempo la social-democracia europea. Enumero simplemente algunas de esas posturas, empezando por las más importantes.

En primer lugar lo que se ha llamado medicare for all, es decir un sistema nacional universal público y gratuito de salud en Estados Unidos.

No están lejos: conviene recordarlo. Entre los seguros privados, el medicare para los adultos mayores, el medicaid para las personas de menor ingreso, y el obamacare para la mitad de los que faltaban, solo quedan en realidad unos 20 millones de norteamericanos sin seguro médico. No obstante, en muchos casos el seguro que tienen es deficiente, o caro, o disfuncional.

En segundo lugar, un sistema público y universal de guarderías que le permita a la inmensa mayoría de las mujeres que trabajan, recibir, ya sea el equivalente de un aumento de sueldo en la medida en que ya no tendrían que pagar algún otro tipo de apoyo a sus hijos mientras ellas realizan su jornada laboral, y además como un mecanismo de integración y de reducción de las desigualdades. Este es un tema que sobre todo Elizabeth Warren ha subrayado de manera recurrente.

En tercer lugar, la educación pública superior gratuita, que no es ya el caso en la gran mayoría de los estados de la unión americana. Existen en todos universidades públicas, en algunos –California, Michigan, Texas– de altísima calidad, pero en todas ellas hay colegiaturas y otros gastos, que terminan orillando a los estudiantes a endeudarse por lo menos hasta los 40 años.

Sigue el tema del salario mínimo en 15 dólares la hora en todo el país, que significaría, como lo ha sido en México, un gran paso adelante para nivelar la brecha salarial que se ha ensanchado enormemente a lo largo de los últimos 40 años en Estados Unidos. ¿Cómo se financiaría todo esto? Con otras propuestas, en particular, de nuevo, las de Elizabeth Warren. Se trata, por un lado, de un impuesto patrimonial, a partir de fortunas de más de 50 millones de dólares, y un aumento severo del impuesto sobre la renta para quienes reciben ingresos superiores a un determinado monto que aún no se ha fijado con precisión.

Por último, una de las propuestas más controvertidas y a la vez más interesantes, retomando el ensayo de Ta-Nehisi Coates de 2014, The Case for Reparations, todos los candidatos, salvo Biden, quien se acerca cada día más, han aceptado en principio por lo menos la posibilidad del pago de reparaciones a los descendientes de esclavos de origen africano en Estados Unidos, como una manera de comenzar a expiar el pecado original de ese país que sigue vigente y generando daños enormes. Economistas como Paul Krugman han comentado en los meses recientes que todo esto es viable, aunque los detalles deben desglosarse y fundamentarse.

Todo esto equivale a una especie de nueva social democracia norteamericana que constituirá el programa de cualquier mancuerna demócrata para la Presidencia y la vicepresidencia. Si el candidato presidencial es alguien como Warren, Booker o Sanders, se tratará de un programa aceptado con entusiasmo, si es Biden será seguramente a contrapelo, pero sin mayor alternativa. En cualquiera de los casos, gane o pierda el demócrata, creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma de enorme importancia en Estados Unidos.
21 Junio 2019 04:04:00
Arrancan en Estados Unidos
La campaña presidencial en Estados Unidos para el 2020 ya arrancó. Antenoche, Donald Trump lanzó su intento de reelección, con un mitin multitudinario e incendiario en el estado de Florida; los primeros debates entre los candidatos demócratas tendrán lugar el 25 y 26 de junio; tal y como era previsible y como ha sido el caso desde hace algún tiempo, el proceso comienza con un año y medio de
anticipación.

En 2015, cuando Trump inició su búsqueda de la presidencia, fui de los pocos que a lo largo del año y medio siguiente especulé que era factible la victoria de Trump. Me mantuve en lo dicho hasta un mes antes de las elecciones, cuando junto con muchísimos otros integrantes de la comentocracia mundial, y en particular de Estados Unidos, me fui con la finta de las encuestas nacionales. Todos los expertos, en particular Nate Cohn de The New York Times, vaticinaron que Hillary Clinton no solo obtendría una mayoría significativa del llamado voto popular, sino que también esgrimía una probabilidad de más de 80% de ganar con el triunfo en el llamado Colegio Electoral. Debí haber confiado más en mi intuición que en los especialistas, pero son errores que uno comete.

Ahora bien, la mejor manera de no cometer errores es no atreverse a tomar partido, o a intentar algún tipo de pronóstico. Por lo tanto, fiel a mí mismo, es decir, temerario o incluso irresponsable, le entrego al lector algunas ideas para el 2020. En primer lugar, creo que la reelección de Trump no está asegurada; me atrevería a decir que es altamente improbable, si no es que imposible, que obtenga un segundo periodo presidencial. Sé que esto es relativamente contraintuitivo y, en alguna medida, contra la historia.

Primero lo contraintuitivo. Con una economía pujante y posiblemente a salvo de una recesión antes de los comicios de noviembre de 2020, Trump cumple con una de las condiciones sine qua non para ser reelecto: una buena gestión y desempeño económicos. En segundo lugar, no hay una guerra en curso o inminente; tampoco se vislumbra algún escándalo mayúsculo –es decir, mayores a los que ya ha vivido– que pueda hundirlo de aquí a entonces. En términos generales, con la economía hacia arriba, la inflación hacia abajo, el desempleo en los menores niveles desde hace medio siglo, debe de ganar. Históricamente, en tiempos recientes, solo dos presidentes han fracasado en su intento reeleccionista: Jimmy Carter en 1980, y George H.R. Bush en 1992. Se podría agregar a la lista, de alguna manera, a Harry Truman, que no se presentó en 1952 y a Lyndon Johnson que no lo hizo en 1968. Pero la norma es que, en efecto, presidente en funciones es reelecto.

Los apostadores y demás expertos le siguen dando a Trump una posibilidad de casi 60% de ser reelecto, en buena medida por la marcha de la economía y por la historia justamente. Pero todo esto puede no significar gran cosa si revisamos otras cifras y tendencias históricas.

En primer lugar, en todas las encuestas nacionales, el principal candidato demócrata en este momento, el exvicepresidente Joe Biden, le saca una ventaja de aproximadamente 10 puntos a Trump. Esto es entre tres y cuatro veces más que la ventaja que obtuvo Hillary Clinton en el voto popular en 2016. De mantenerse esta tendencia, no existe posibilidad aritmética de reparto de los votos en los cincuenta estados para que Trump vuelva a compensar por su derrota en el voto popular con un triunfo exiguo en algunos estados importantes para el Colegio Electoral. En segundo lugar, la popularidad de Trump, o su nivel de aprobación, nunca ha rebasado los 41-42 puntos desde que llegó a la presidencia, que es un porcentaje semejante al que obtuvo en la elección de 2016. No existe ninguna razón para pensar que pueda rebasar ese umbral ahora. La economía podrá seguir funcionando bien, pero ya lleva dos años haciéndolo; los escándalos podrán no afectarlo, pero tampoco van a desaparecer; y, lo que vuelve odioso a Trump para un sector importante de la sociedad norteamericana desde 2016, tampoco va a desaparecer. Por último, en materia de encuestas, en los cuatro o cinco estados decisivos, ya sean números públicos, o aquellos de la campaña del propio Trump, muestran que cualquier candidato demócrata lleva una ventaja importante en dichas entidades federativas.

¿A cuáles me refiero? A las que le dieron la victoria en 2016. Primero Florida, quizás la joya de la corona, donde en este momento lleva una desventaja de casi 10 puntos con relación a Biden. En seguida, Pennsylvania –de donde es oriundo Biden, y donde ha instalado la sede de su campaña–: ahí también la ventaja es de casi 10 puntos. Luego siguen Michigan y Wisconsin, como estados absolutamente decisivos, y en menor medida, Ohio y Iowa.

Pero la razón más importante por la cual un demócrata va a ganar, en mi opinión, es por la polarización del electorado. De la misma manera que los dos periodos de Obama incendiaron el resentimiento de amplios sectores de la población blanca sin educación universitaria y mayor de 50 años. La presidencia de Trump ha encendido los ánimos de todos los grupos perjudicados por él. Se trata de una serie de minorías, o cuasi mayorías, que han mostrado una propensión a movilizarse y participar en las distintas elecciones intermedias que, si eso es premonitorio, saldrán a votar en masa en el 2020. En primer lugar, desde luego, la población afroamericana; en segundo lugar, los latinos; en tercer lugar, los asiático americanos; en cuarto lugar, las mujeres con educación universitaria y menores de 50 años, y en quinto lugar, los exdemócratas blancos, con educación superior, y de alrededor de 50 años que votaron por Obama, luego por Trump, y ahora volverán con cualquier candidato demó
19 Junio 2019 04:03:00
Mexicanos en su tierra y refugiados en la nuestra
Hace unos 25 años viajé en compañía de Adolfo Aguilar Zínser y Porfirio Muñoz Ledo a Tijuana para presentar un libro. Al llegar al aeropuerto de la ciudad fronteriza, como siempre apareció un filtro del Instituto Nacional de Migración entre la sala de llegada y la salida a la zona de maletas. A la mayoría de los pasajeros, incluyendo a Adolfo y a Porfirio, los agentes del Inami les permitieron el paso sin pedir documentos. A mí no.

Por una razón sencilla y bastante obvia: mi apariencia física sugería que podría yo ser extranjero y por lo tanto debía identificarme. El agente, amablemente, me pidió una identificación y yo con la misma amabilidad me negué a dársela. Me preguntó por qué y le expliqué: yo soy mexicano, estoy en territorio mexicano, no estoy en tránsito hacia otro país ya que el aeropuerto de Tijuana es un aeropuerto nacional.

Por lo tanto, el agente del Inami no tiene derecho a solicitarme la presentación de alguna identificación. En México no tenemos ningún documento de portación obligatoria que nos identifique como mexicanos. Algunos lectores recordarán que desde principios de los años 80 se ha discutido el tema de crear una cédula nacional de identidad. Esa sí sería de portación obligatoria, pero ha sido imposible, por buenas y malas razones, poner en práctica esta propuesta.

según el periódico Reforma, el día lunes, en uno de los cruces del Suchiate, ocho marinos fueron increpados por los balseros y comerciantes que transportan bienes y personas de un lado al otro del río, cuando estos –los marinos– exigieron una identificación a los oriundos. Se congregó un grupo de más de cincuenta balseros y comerciantes que agredieron verbalmente a los marinos y se negaron a mostrar una credencial. Los marinos, siguiendo las acertadas instrucciones de López Obrador de no recurrir al uso de la fuerza, batieron en retirada. Los balseros, comerciantes, y muy posiblemente, algunos migrantes extranjeros, salieron avante.

no hay manera de que los marinos, ya sea vestidos de azul, o de Guardia Nacional, sepan todo esto. No es su chamba saberlo y no van a poder nunca aprenderlo en un plazo razonable y a un costo sostenible. Lo mismo es cierto para el otro caso que es más preocupante, y que se refiere a la supuesta transferencia de 850 Policías federales al Instituto Nacional de Migración hace unos días, ya que el Inami no cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo la política de Trump en territorio mexicano.

Cuando un extranjero es detenido en México, más o menos legalmente, por no portar la documentación que establezca su presencia legal en el país, es remitido por quienes lo detienen o bien al Inami o bien, si solicita asilo, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Tanto el Inami como la Comar revisten la obligación de escuchar al detenido para determinar si tiene la condición de refugiado, solicite asilo o no, pues la mayoría de los refugiados ni siquiera saben si lo son. Sólo saben que huyen por temores fundados y que no quieren ser devueltos. Pero cada vez más migrantes empezarán a pedir asilo. Todos los migrantes van a empezar a hacerlo en México como lo hacen en Estados Unidos y se deberá resolver si tiene derecho a diversos tipos de audiencias y de apoyo de Comar o si debe ser deportado de inmediato. El tema aquí es que aún si los policías federales, ahora incorporados al Inami, saben algo de derecho internacional de refugiados y de derechos humanos, es poco probable que conozcan los cambios importantes que han tenido lugar en México en los últimos años.

El derecho internacional de refugiados se rige por la Convención de 1951 de la ONU. Esa es la que determina que un refugiado era aquella persona que tenía “un temor fundado por su vida” debido a una serie de circunstancias, principalmente de orden político, étnico, racial o religioso. A partir de los años 80 en distintas partes del mundo se empezó a hablar de lo que se llamó la protección complementaria.

Se trataba de asimilar que en el ínterin surgieron otros motivos de temor por la vida, que no necesariamente cabían dentro de la definición restringida de la Convención del 51. A lo largo de los años, y en el caso de América Latina, a partir de la Declaración de Cartagena de 1984, y a través de distintas recomendaciones de ACNUR, se ha ido extendiendo la definición de refugiado. Entre ellas se incluyen la violencia generalizada, la hambruna, el cambio climático, y la violencia intrafamiliar. México incorporó los principales preceptos de la Declaración de Cartagena en la nueva Ley de Refugiados del 2011.

No es que los anteriores agentes del Inami, profundamente corruptos, violentos e inservibles, hayan conocido de cerca la Convención de 51. Tampoco que Comar haya dispuesto antes de los recursos necesarios para hacer su trabajo. No obstante se le está pidiendo a toda esta gente que desempeñen una labor imposible en vista de la complejidad del tema que Trump le ha encargado a las autoridades mexicanas.

Si en México tuviéramos una sociedad civil organizada digna del nombre, todos los abogados decentes en este país –y hay decenas de miles– se pondrían al servicio de los migrantes centroamericanos. Les ayudarían a ampararse o protegerse contra los abusos de la autoridad, las detenciones ilegales, las exigencias de cantar el Himno Nacional, o de nombrar la alineación de la Selección en el Mundial de 1986.
17 Junio 2019 04:06:00
México y Turquía
No cesan las medias verdades, distorsiones y evasiones del Gobierno en materia del acuerdo con Trump sobre migración y aranceles. Tampoco deja de aumentar el número de opositores, disidentes y hasta simpatizantes honestos que detectan las deformaciones recurrentes de las autoridades al respecto. Más que criticar, entonces, prefiero tratar de compartir información pública y privada con la que cuento, por una razón u otra, y que puede ser pertinente para quienes desean formarse una opinión desapasionada del convenio entre López Obrador y Washington.

Tanto funcionarios mexicanos como estadunidenses se han referido en sus conversaciones y en público al precedente turco. Pompeo y los abogados del Departamento de Estado lo citaron como algo deseable en el caso de México; la parte mexicana, sobre todo la embajadora de México ante la Casa Blanca, lo ha invocado también. Pero ni unos ni otras han buscado explicarlo en detalle, ya que compromete las posiciones de ambos.

¿De qué se trata? En marzo de 2016, en plena crisis de los refugiados sirios, la Unión Europea y el Gobierno de Turquía firmaron un acuerdo global de cooperación referente al tema de los refugiados, más no limitado al mismo. En ese momento, ya se encontraban en territorio turco más de 3 millones de refugiados –principalmente sirios, en menor medida afganos e iraquís– muchos de los cuales cruzaban en lancha a varias islas griegas cercanas (sobre todo a Lesbos) para allí encaminarse a otros países de la UE, y finalmente a Alemania. En ese tiempo, la canciller Merkel acogió a un millón de sirios en su país, aceptando las consecuencias adversas de política interna que eso entrañaba. Para los gobiernos involucrados, la situación se tornaba inmanejable; de allí el acuerdo.

¿En qué consistió? En primer lugar, efectivamente en una variante de Tercer País Seguro, o primer país de asilo, o primer país de primer paso (first step). Los refugiados sirios en particular debían solicitar asilo en el primer país cuyo suelo pisaran y permanecer allí, ya que según el acuerdo, Turquía –ese país– era “seguro”. De desembarcar algún sirio en Grecia sin papeles, después de la firma del acuerdo, sería devuelto a Turquía para solicitar asilo allí. Hasta aquí, lo mismo que viene exigiendo Estados Unidos a México desde 2017, y que de hecho ya hemos aceptado, y que incluso formalmente nos impondrán en poco tiempo.

Pero el acuerdo entre Turquía y la UE incluía mucho más. En primer lugar, por cada sirio sin papeles devuelto desde Grecia –o Macedonia, Eslovenia, Bulgaria, etc– Europa aceptaría un sirio con papeles, obtenidos de una manera u otra –reunificación familiar, calificaciones particulares, etc. Se llamó el “one for one”.

Enseguida, la UE se comprometió a entregarle a Turquía 6 mil millones de euros durante los siguientes tres años, para sufragar los costos de absorber a semejante cantidad de refugiados. Asimismo, la UE eliminaría el requisito de visas para ciudadanos turcos que desearan viajar a Europa. Por último, se relanzarían las negociaciones sobre el acceso de Turquía a la Unión Europea, pláticas estancadas desde el auge del autoritarismo de Erdogan.

¿Qué ha sucedido? En cuanto a reducir el número de travesías por el Mar Egeo, el acuerdo ha sido un éxito. El flujo disminuyó enormemente en 2016-2018. En cuanto a deportaciones de Grecia a Turquía, o de algún otro país de la UE, la cifra ha sido muy pequeña. No ha prosperado el “one for one”. El dinero ha sido desembolsado, pero las visas y el acceso a la UE para Turquía no ha avanzado (por otras razones).

Grupos de derechos humanos criticaron el acuerdo desde un principio. Lo consideraron violatorio de los principios humanitarios de la Unión Europea, del derecho internacional de refugiados. Advirtieron que podía convertirse en un mecanismo para “estacionar” a cientos de miles de sirios en las islas griegas sin devolverlos ni permitirles seguir su camino hacia Alemania. La propia Canciller Merkel declaró hace unos meses que el acuerdo no había funcionado, debido a la lentitud del proceso griego de otorgamiento de asilo, que se demoraba meses si no es que años en procesar solicitudes. Nadie lo considera un modelo hoy, a pesar de sus múltiples componentes, que van mucho más allá del Tercer País Seguro. Conste.
14 Junio 2019 04:01:00
Aguas con los migrantes y deportados mexicanos
Más allá de los detalles que iremos descubriendo del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, y de sus consecuencias, buenas o malas, vale la pena detenerse en un aspecto que quizás sea el meollo de la maldad que encierra este convenio. Lo formuló con precisión, claridad y valentía Porfirio Muñoz Ledo.

Existen países que, por ser exclusivamente receptores de migrantes, con papeles o sin ellos, pueden centrar toda su atención en las condiciones de esa recepción. Lo esencial para esos países suele ser el orden, la legalidad, la capacidad de asimilación e inserción que su sociedad tiene de diversos flujos migratorios; las peculiaridades étnicas, religiosas, lingüísticas de dichos flujos, y la permanencia, o no, de quienes llegan.

Por otro lado, existen países exclusivamente generadores de flujos migratorios, que se preocupan más del tipo de acogida que recibirán sus nacionales en otro país, y también –o sobre todo–, de las condiciones de su pertenencia en los países de destino. Algunos países, no muchos, reúnen ambas condiciones; son receptores y a la vez generadores de importantes flujos migratorios.

México pertenece a este último grupo. Turquía de alguna manera lo es: recibe refugiados de Siria, de Afganistán y en menor medida de Irán, pero también genera importantes corrientes migratorias hacia Europa del Norte, en particular Alemania. Otro ejemplo podría ser Marruecos, que es destino, por lo menos de tránsito, de limitados volúmenes de migración de la África subsahariana, y al mismo tiempo generador de corrientes migratorias hacia España principalmente. Habría algunos más, pero la situación de México es más bien excepcional. Por eso es que resulta especialmente aberrante que ahora todo el discurso gubernamental, y de los simpatizantes del Gobierno y de su acuerdo con Trump, se centre exclusivamente en el fenómeno migratorio hacia México, de Centroamérica principalmente, pero también de Cuba, Haití, América del Sur y África. Se enfatiza en la necesidad de poner orden, regularizar, evitar las situaciones ilegales, impedir la entrada de personas sin papeles o que buscan desplazarse hacia Estados Unidos. Pero parece que, si alguna vez López Obrador y Ebrard conocieron el otro discurso, se les ha olvidado por completo.

En efecto, como dijo Muñoz Ledo, la clave para un país como México es que no podemos pedir, mucho menos exigir, un trato de determinado tipo para nuestros connacionales en Estados Unidos, sean “legales” o “ilegales” (no nos gusta este término; por eso usamos el de indocumentados); estacionales o permanentes; motivados por razones exclusivamente económicas o por huir de la violencia; con o sin la anuencia tácita o explícita del país de destino, es decir, Estados Unidos. Cada vez que un alto funcionario mexicano se refiere a los centroamericanos en términos de “legalidad” o “ilegalidad”, de regularidad, orden, identificación, motivación, debería pensar si ese discurso resulta aceptable cuando es esgrimido por algún norteamericano en relación con los mexicanos. Es obvio que no. Pero de eso nos hemos olvidado. No parece estar en la agenda del gobierno de López Obrador.

Algunos, los más tontitos, alegarán que afortunadamente ya no hay migración mexicana a Estados Unidos. Por lo tanto, no debe preocuparnos lo que digan los norteamericanos a propósito de los mexicanos que se van, porque ya no se van. Aún suponiendo que esto fuera cierto, sería muy poco digno –para los que les gusta la dignidad– hablar en esos términos. No se sabría si algún día, a lo mejor, si la mafia en el poder impide el cambio de régimen y de sociedad que quiere López Obrador, se tendrán que ir algunos mexicanos a Estados Unidos.

Pero, sobre todo, es falso. Valdría la pena que el Gobierno de López Obrador le preguntara a Estados Unidos: de los 144 mil detenidos al ingresar a Estados Unidos durante el mes de mayo ¿cuántos fueron mexicanos? ¿Cuántos mexicanos fueron deportados por Estados Unidos en mayo, abril, marzo, febrero, enero? ¿Cuántos mexicanos sin papeles parten para Estados Unidos cada día, cada semana, cada mes?

Es cierto que ha habido una transferencia entre los flujos indocumentados de antes y flujos documentados ahora, es decir, con papeles, visas y permisos de trabajo. Se trata de visas H2A, H2B y muchas más, cuyo número ha aumentado enormemente a lo largo de los últimos 10 años. Pero pensar que todo eso ya no le importa a México porque ya no se va a ir ningún mexicano a Estados Unidos, porque ya no habrá necesidad de hacerlo, es una reverenda estupidez.

Si no lo cree el Gobierno, entonces debe decirlo y recordar que cada vez que se refiere de manera peyorativa o con desprecio a los centroamericanos, africanos, cubanos, etc., está invitando a Estados Unidos a que haga lo mismo con los mexicanos. Y si cree que ya no se van los mexicanos, pues que nos dé los números para cerciorarnos de que así es.
12 Junio 2019 04:01:00
Los acuerdos ya no tan secretos
A reserva de que Donald Trump nos entregue unas nuevas revelaciones mañana, o que el gobierno de López Obrador se anime a contar todo lo que aconteció, disponemos de algunos elementos adicionales para evaluar el acuerdo suscrito entre ambos presidentes el sábado anterior en Washington.

Para empezar, todo sugiere que se trató de un convenio interino. La verdadera sustancia involucrada es aquella que entrará en vigor dentro de 45 días a partir del 8 de junio, si es que las métricas impuestas por Estados Unidos no se cumplen. Existen dos tipos de métricas: las del sur y las del norte. En el norte, se trata de cuántos centroamericanos nos devuelven: muchos más que los 250 diarios en semanas recientes, en tres cruces fronterizos, para alcanzar hasta mil diarios, en 11 puntos fronterizos. En el sur, cuántos deportamos, cuántos detenemos, y sobre todo, cuántos llegan al norte, procedentes del sur. Según The Washington Post –obvio, para enterarnos de lo que sucedió, es necesario revisar la prensa de Estados Unidos; en esta materia, la de México no puede– los mexicanos plantearon una reducción de 144 mil detenidos en mayo a 60 mil en octubre. Asimismo, se trataría de pasar de 700 detenciones de centroamericanos en el sur, hasta 2 mil diarios en los próximos meses, para reducir a la mitad la llegada a la frontera norte.

México también se comprometió, según un alto funcionario norteamericano citado por el WP, a aumentar el patrullaje y las detenciones de su lado de la frontera norte, algo que nunca se había hecho.

En cuanto al Acuerdo de tercer país seguro, tanto el propio Ebrard como el vice-presidente Pence y los documentos secretos (que según los mexicanos no existen) divulgados por Trump y por los medios norteamericanos, las cosas ya están más claras. Si en 45 días no baja la cifra de detenidos en la frontera de México con Estados Unidos entraría en vigor 45 días más tarde lo que eufemísticamente llaman ahora primer país de asilo, o los aranceles. Ebrard dice que ya no habría aranceles, pero Trump, Pompeo y los documentos, que sí. Este convenio, de acuerdo con la hábil y mentirosa maniobra de Ebrard, tendría que ser aprobado por el Senado en México. Non en vero, ma e ben trovato.

¿En qué consiste un acuerdo de primer país de asilo? En lo que comentamos aquí hace una semana. Los africanos tendrían que pedir asilo en Brasil; los cubanos y haitianos en Panamá y Nicaragua; los salvadoreños y hondureños en Guatemala; y los guatemaltecos en México. Con esta “vuelta” (en colombiano), se suprime el término “seguro” que es objeto de burla. Resultaba que Guatemala y México serían países “seguros” para solicitantes de asilo, tesis que no pasa la prueba de la risa, para cualquier mexicano y guatemalteco que se respeta. No son países seguros ni siquiera para sus propios ciudadanos.

Estados Unidos suministraría “decenas de millones de dólares” para sufragar los costos de este trabajo sucio, no para el desarrollo del Triángulo del Norte. Ahora sí México aceptaría. En pocas palabras, se formalizaría, con creces, lo que venimos haciendo, con muchos altos y bajos, desde julio de 2014.

Ahora bien ¿resulta factible todo esto? No lo creo: me parece que les estamos tomando el pelo a los funcionarios de Trump. Los norteamericanos se muestran muy ilusionados con las “novedades” de las concesiones mexicanas, por ejemplo, despachar a 6 mil efectivos de la supuestamente existente Guardia Nacional. Nadie del gobierno anterior quiere revelar cuantos efectivos de Sedena o de la PF incluyó el Plan Frontera Sur en 2014, pero me extrañaría que fueran muchos menos. José Díaz-Briseño de Reforma nos informa que el Gobierno ya tenía la intención de desplegar 600 guardias nacionales a 11 municipios en el sur-sureste. Normalmente, 600 multiplicado por 11 da un poco más de 6 mil. En otras palabras, los mexicanos le vendieron un puente ya construido a los norteamericanos. Bien hecho.

Pero el engaño difícilmente puede durar. Les hemos tomado el pelo demasiadas veces, en ocasiones con su discreto conocimiento, en otras no. La gran pregunta es si no entramos ya en una era nueva de la relación de México con Estados Unidos, en la cual por primera vez desde los años 20, asuntos fundamentales de la política interna mexicana se vuelven de la incumbencia de Washington. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos norteamericanos, desde Coolidge hasta Obama, dejaron en manos de los sucesivos gobiernos mexicanos la inmensa mayoría de los asuntos internos. La economía, no tanto: desde 1982 por lo menos. Lo demás, sí. En parte porque no la entendían, en parte porque suponían, con algo de razón, que “los bárbaros del sur” conocían mejor los vericuetos de sus idiosincrasias, en parte porque no importaba demasiado. Parece que ya no. Gran paradoja que quien lo haya aceptado se crea el heredero de Lázaro Cárdenas.
10 Junio 2019 04:00:00
¿Qué sabemos del acuerdo sobre los centroamericanos?
Para decidir cada quién si el acuerdo entre Trump y López Obrador es bueno o malo para el país, o quién ganó y quién perdió, me parece necesario disponer de respuestas para tres series de preguntas. Las enumero a continuación, sin atreverme a ofrecer respuestas. No las tengo.

En primer término, es preciso saber con claridad si las declaraciones de Trump sobre capítulos del acuerdo no incluidos en el convenio se refieren a algo concreto o son puras ganas de meter cizaña. Como se ha difundido ampliamente, el sábado el Mandatario estadunidense tuiteó que “México se comprometió a comprar de inmediato una gran cantidad de productos agropecuarios”.

También se sabe que el secretario de Agricultura acompañó a la delegación mexicana a Washington, y que a través del sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana, de la fusión de Liconsa y Diconsa y la resurrección de la Conasupo bajo Ignacio Ovalle, el Gobierno de AMLO puede comprar alimentos de nuevo en gran escala.

La Embajadora de México ante la Casa Blanca rechazó negar la versión en Face the Nation el domingo, limitándose a afirmar que gracias a la desaparición de aranceles inexistentes y a la ratificación del T-MEC, aumentará el comercio bilateral agropecuario.

El domingo Trump también tuiteó que “de manera importante, algunas cosas que no fueron mencionadas en el mensaje de prensa, una en particular, fueron acordadas. Se anunciará a su debido tiempo.” ¿A qué se refiere? Según Bloomberg, ni Presidencia, ni la SRE quisieron responder a llamadas al respecto.

Segundo enigma: ¿a quiénes se aplica el programa Remain in México ampliado? Si nos atenemos a las cifras del DHS desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo fueron detenidas aproximadamente 485 mil personas sin papeles en la frontera de México con EU. De estos, un número determinado son mexicanos –que pueden ser deportados de inmediato–, de otros países (Cuba, Haití, Congo, etc), y centroamericanos.

Estos últimos no pueden ser deportados de inmediato. Si viajan con niños no pueden ser detenidos más de 20 días, la mayoría solicitan asilo, y en teoría son los principales clientes del programa impuesto por EU desde enero.

Las preguntas son obvias: El programa ¿es aplicable a todos los detenidos que solicitan asilo, o únicamente a aquellos que entran y lo hacen a partir del lunes 10 de junio? ¿A cuántos? Circula la cifra de 97 mil solicitantes de asilo centroamericanos actualmente dentro de EU, pero no necesariamente se encuentran todos detenidos. ¿Cuantos se encuentran en los centros de detención en la línea o cerca de la misma? Se ha mencionado la cifra de hasta 50 mil.

En otras palabras, es imperativo conocer con precisión el tamaño de la tarea que AMLO se echó a cuestas, para saber si el precio a pagar por evitar el arancel de 5% fue excesivo, justo, o una ganga. Si el esquema vale para todos los que entraron a EU desde enero, detenidos o no, solicitantes de asilo o no, se trata de un tsunami contra el cual no podremos hacer nada, mucho menos darles educación salud, alimentación y vivienda. De ser el caso, el acuerdo constituye uno de los peores errores diplomáticos de un gobierno de México desde el tratado Mclane-Ocampo.

Por último, deberemos informarnos si al margen del entendimiento, Estados Unidos piensa acelerar y dificultar aún más su proceso de otorgamiento de asilo. Hasta ahora, nos han devuelto menos de 10 mil centroamericanos: unos sesenta diarios, en los tres puntos de ingreso (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez).

En parte este lento ritmo se debe a una aletargamiento deliberado de las autoridades mexicanas, en parte a la falta de personal norteamericano y a lo enredado de su procedimiento. Pero si deciden agilizarlo, y colocar a un mayor número de agentes migratorios en los centros de entrevista, la velocidad puede aumentar de manera vertiginosa. Simplemente con acortar la primera entrevista (“credible threat”) y volverla más adversa, y luego acortar la segunda (“well-founded fear”) y transformarla en un trámite pro-forma con un desenlace siempre negativo, las consecuencias serían desastrosas para México.

Nos volveríamos un tercer país seguro en los hechos, ya que las solicitudes de asilo a EU serían rechazadas todas de entrada. Solo quedaría el asilo en México: exactamente lo que el Gobierno dice que no aceptó. Con las respuestas a estas preguntas, podremos tener una idea más clara de que se negoció. Por ahora, sabemos muy poco.
07 Junio 2019 04:01:00
¿Unidad nacional con AMLO?
Las filtraciones del Gobierno de Estados Unidos a los dos principales diarios de noticias de ese país van en el sentido de que México aceptó una especie de acuerdo de Tercer País Seguro light, y el envío de 6 mil efectivos de la nueva Guardia Nacional a la frontera sur, así como una ampliación significativa del programa “Remain in México”. Digo versión light porque solo aceptar el imperativo de solicitud de asilo de quienes pisan el primer país fuera del suyo, en los hechos es prácticamente lo mismo. Los guatemaltecos que lleguen a la frontera norte ya no podrán solicitar asilo, ni tener una audiencia, ni esperar en EU, tendrán que solicitar asilo, en su caso, en México. Los hondureños y salvadoreños deberán solicitar asilo en Guatemala y no en México. Este parece ser el arreglo tentativo al que llegaron ambos gobiernos, junto con el envío de dichos 6 mil efectivos.

Es una vergüenza, pero una vergüenza inevitable una vez que México se había colocado ante esta situación que el propio Ebrard calificó de inaceptable o inmanejable en la reunión de ayer. El hecho de que los detenidos en la línea o dentro de EU durante el mes de mayo haya alcanzado la cifra estratosférica de 144 mil muestra que Trump puede estar utilizando todo esto para fines electorales, pero tiene una base firme para hacerlo. Conviene simplemente ubicar la evolución de esta cifra desde hace algún tiempo. Durante los últimos meses de 2018, y la mayor parte de los meses anteriores, el promedio de aprensiones fue de 55 mil. En enero sube a 60 mil y a partir de febrero se empiezan a disparar los números: 75 mil, 85 mil, 109 mil, 144 mil. El único factor nuevo que interviene en este crecimiento es el anuncio del Gobierno de México de expedir visas humanitarias a quienes entrarán al país, después de la recepción que recibieron las primeras caravanas en octubre y noviembre por parte del gobierno de Peña Nieto. Digo el anuncio y no el número en sí porque lo que contó fue la impresión que se generalizó en el Triángulo del Norte, y seguramente en otros países, de que cualquiera que llegara a México ya tenía el libre tránsito garantizado hacia EU. El hecho de que solo se hayan expedido aproximadamente 15 mil visas carece en cierto sentido de importancia. Esto fue lo que generó la situación que hoy estamos viviendo y que no va a disminuir, sino hasta finales del verano, aunque según cuántos migrantes sean reprimidos por el Gobierno de México, puede descender antes.

El tema aquí es si, como muchos han propuesto o exigido, todos los mexicanos debemos cerrar filas y unirnos al presidente López Obrador en un gran despliegue de “unidad nacional”. En México, quizás el primer caso claramente definido de unidad nacional se da durante la Segunda Guerra Mundial cuando el presidente Ávila Camacho hace ese llamado y, como expresión de la misma, nombra al general Cárdenas secretario de Guerra. La idea era que los partidos, sindicatos, intelectuales, personajes de izquierda, que en ese momento todavía traían el arrastre del cardenismo, se unieran con un gobierno visto como más conservador en aras de defender a la patria frente a la entrada a la guerra en 1943. El llamado funcionó muy bien, aunque los sectores de izquierda nunca pudieron recuperar la fuerza y la identidad perdidas.

¿El acuerdo de Tercer País Seguro light merece un gran pacto de unidad nacional por México como el que pide López Obrador para su manifestación del sábado en Tijuana? ¿Debemos todos apoyar las posturas de López Obrador, aunque no sepamos cuáles son? ¿No es momento de criticar sino de unirnos? Las pocas encuestas disponibles hasta el momento muestran que sí, en el sentido de que eso es lo que quiere la sociedad mexicana. Pero cualquier reflexión un poco más abstracta, compleja y de largo plazo, muestra que es lo peor que pudiera suceder. Quizás la última vez que aconteció algo por el estilo fue en septiembre de 1982 cuando tras la nacionalización de la banca por López Portillo se hizo un llamado a la unidad nacional y muchísimos sectores, desde el recién legalizado Partido Comunista hasta otros más, apoyaron la medida, que a la postre resultó ser desastrosa para la economía y el país.

Sé que formo parte de una pequeña minoría al pensar que si no estoy de acuerdo con lo que hace el Presidente, no debo apoyarlo, ni siquiera en tiempos de guerra, mucho menos en tiempos de lo que es a final de cuentas una escaramuza –seria– pero escaramuza al fin con EU. Porque faltan muchas más. ¿Cuántas escaramuzas incluye una guerra, comercial o de cualquier tipo? No lo sé, pero ésta, para mí, no.
05 Junio 2019 04:01:00
Las No-cumbres de AMLO
El Gobierno confirmó lo que ya se intuía: López Obrador no irá a la reunión del G-20 en Japón a finales de julio. En sí misma no es una decisión de suma gravedad, pero sí parece ser un síntoma grave de una orientación clara de AMLO. No quiere salir del país. El G-20 pasa; lo de Estados Unidos es más complicado.

Se entiende que a nadie le haga una gran ilusión reunirse con Donald Trump. Después del desastre de la visita del Mandatario norteamericano a México como candidato, Peña Nieto no quiso ir a Washington a verlo, siendo el Primer presidente de México en más de medio siglo que no visita a su homólogo estadunidense en su territorio, aunque sí se reunió con Trump en Hamburgo al margen de una reunión del G-20. López Obrador obviamente prefiere ahorrarse ese mal rato.

Pero es un poco complicado el asunto. Desde 1964, los presidentes electo o presidentes de México se han reunido siempre con sus contrapartes de Estados Unidos antes de que transcurra un año a partir de la elección mexicana. En ocasiones se ha tratado de un encuentro entre dos presidentes-electos: Carlos Salinas y George HW Bush en noviembre de 1988 en Houston. Otras veces, un presidente electo mexicano visita al norteamericano ya en funciones: Ernesto Zedillo con Bill Clinton en octubre de 1994. Fox recibió a Bush (hijo) en febrero de 2001; Calderón al mismo Bush en febrero de 2007 en Mérida, después de conocerlo en Washington en noviembre de 2006 como presidente electo. Peña Nieto viajó también a Washington como presidente electo en noviembre de 2012, y después vino Obama a México en mayo de 2013. Ningún encuentro dejó de celebrarse, por una razón u otra.

Los partidarios de la 4T dirán que esta es una serie neoliberal, y que los presidentes anteriores no ponían en práctica estas malas costumbres. Miguel de la Madrid se reunió con Ronald Reagan en Tijuana en octubre de 1982; José López Portillo, con Jimmy Carter, ambos presidentes electos, en noviembre de 1976, en Arizona; y Luis Echeverría con Richard Nixon en Washington, en noviembre de 1970. Hasta Díaz Ordaz visitó a Lyndon Johnson en su rancho de Texas en noviembre de 1964.

En otras palabras, López Obrador será el primer Presidente de México desde López Mateos en no haberse encontrado con su par norteamericano, ya sea como presidente-electo o encontrándose el otro en esas funciones, en México o en Estados Unidos, durante el primer año después de su elección. A menos de que suceda algo i-nesperado de aquí a principios de julio.

La relación entre México y Estados Unidos es demasiado importante para dejarla en manos de segundos, por brillantes, leales o inútiles que sean estos. Es también demasiado compleja para decidir que las únicas personas que pueden tener una visión completa del temario o agenda –los presidentes- dejen de participar. Las otras formas de comunicarse –por teléfono, por cartitas, por correo electrónico- no constituyen sustitutos funcionales. Por varias razones.

Los encuentros bilaterales de jefes de Estado o de gobierno, salvo en contadas ocasiones, no arrojan resultados concretos. Pero representan oportunidades de gran trascendencia para cuando surja una crisis –por ejemplo, Zedillo con Clinton– de haber ya roto el turrón o pasado de las amabilidades o “small-talk”. Por otro lado, y es lo esencial, los encuentros presidenciales programados obligan a los gobiernos enteros a definir posiciones, calendarios, “entregables”, y concesiones mutuas. Sin esas cumbres –estas sí lo son– la inercia manda. Cada quien sigue haciendo lo que hacía antes.

Además, los mandatarios no son sustituibles en las cumbres colectivas, a las cuales un presidente mexicano asiste normalmente a cuatro o cinco cada año. El trato que recibe un secretario de Relaciones es otro: no participa en las “principals only” o retiros, o las comidas o cenas informales; difícilmente logra encuentros bilaterales. O hace un oso, como la pataleta de Fidel Castro en Monterrey en 2002, cuando a fuerzas quería meter a Ricardo Alarcón en su lugar en el retiro de los más de 60 jefes de Estado y de gobierno que asistieron, y cuando le dijo Fox, a mucha honra, que debía limitarse estrictamente a las actividades de la Conferencia de la ONU y luego marcharse.

Hemos tenido a muchos presidentes insulares. Todos han aceptado las responsabilidades del cargo. Ir al G-20, a Washington, a muchas partes, puede o no resultar agradable (mi experiencia es que a todos los presidentes les acaba por gustar) o indispensable. Ejercer plenamente el cargo, sí.
03 Junio 2019 04:01:00
Los aranceles y los hondureños
Tanto el viernes pasado, vía el vicepresidente Mike Pence, como el domingo en boca del jefe de la oficina de la Casa Blanca y el secretario de Seguridad Interna (DHS), el Gobierno de Estados Unidos ha sido muy explícito en formular sus demandas al de López Obrador. Más allá de los lugares comunes, la falsa solemnidad, las denegaciones freudianas y la ausencia de contenido sustantivo de la carta de AMLO a Trump, y de las grandilocuencias de su canciller (llamar cumbre a una reunión de dos secretarios de relaciones), los parámetros de la negociación en Washington el miércoles están claros.

Lo primero: Wash-ington aplicará aranceles a las exportaciones mexicanas (o importaciones desde México) porque a su entender nuestro país no ha hecho lo necesario ni lo deseable para reducir/impedir/contener la migración centroamericana hacia Estados Unidos. No se trata de un conflicto comercial. Trump está haciendo lo que México siempre debió haber hecho, lo que Peña Nieto y Videgaray dijeron que iban a hacer, y que ni ellos ni López Obrador han realizado en realidad: adoptar un enfoque integral de la relación entre ambos países. Desde la época de Salinas se insistió en que todo debía avanzar por vías separadas; hoy el Gobierno repite la misma tonada.

En lo migratorio, Trump exige tres concesiones mexicanas. La primera, la más urgente y lastimosa, consiste en la formalización del Acuerdo de Tercer País Seguro que en los hechos se empezó a poner en práctica con el convenio Remain in Mexico. Formalizarlo significa que al ser México un país “seguro”, no hay necesidad para ningún “tercero” (hondureño, cubano, congolés) de pedir asilo en Estados Unidos. Como Austria y Alemania, pues. Ya ni siquiera tendrían derecho a audiencia; deberán regresarse a sus países, o pedir asilo en México.

Las cifras son elocuentes. Según DHS, entre enero y mayo, fueron detenidos del lado norteamericano de la frontera, unos 470 mil migrantes. La cifra de mayo aún no se divulga pero DHS ya dijo que superaría la de abril (109 mil). Según un funcionario mexicano, citado por The New York Times el sábado, han sido devueltos menos de 9 mil solicitantes de asilo (yo creo, por ejemplo, a partir de mis pláticas con el gobernador Javier Corral de Chihuahua, que son más bien como 20 mil).

Los cuatrocientos cincuenta mil restantes se encuentran en Estados Unidos, y podrían ser devueltos a México. Los que sigan llegando no esperarán su audiencia en México; no habrá audiencia. Con el tiempo, y al entrar el verano, es muy posible que el flujo disminuya. ¿Cuánto?

En segundo lugar, los tres voceros estadunidenses insistieron en el sellamiento de nuestra frontera sur. Lo que se pueda hacer en la frontera, perfecto. Lo que no, en los “check-points” en el camino de Guatemala a Estados Unidos. En otras palabras, lo que AMLO ha intentado, de buena fe y con la peor moralidad imaginable, desde enero. No existe la capacidad en México para hacerlo. En este sentido, debemos agradecerle al INM su infinita corrupción e incompetencia. Y en tercer término, Trump quiere un ataque frontal contra lo que llama las organizaciones criminales transnacionales (TCO) que según él monopolizan el transporte de migrantes centroamericanos del sur al norte. ¿A quiénes se referirá?

México debe decir que no. Así de sencillo. Y no disfrazar un sí con mentiras, cortinas de humo, control de medios, etc. Los vamos a cachar, tarde o temprano.

¿Y los aranceles, apá? Existen varios caminos. El primero es decir: Va. Pon lo de 5%, y vemos qué sucede. Ya con la devaluación del jueves y viernes se compensó más de la mitad. Podemos aguantar hasta 10%, claro, si se deja de gobernar con el tipo de cambio, a la López Portillo. El segundo es aplicar aranceles en represalia, escogidos con criterios electorales en los estados que más le importan a Trump, como lo sabe hacer la tecnocracia de la Secretaría de Hacienda desde hace un cuarto de siglo. El cuarto, esperar que el verano traiga consigo, como cada año, una disminución del flujo centroamericano (Trump espera lo mismo).

Por último, movilizar, y dejar que se movilicen, las fuerzas aliadas en Estados Unidos: voceros mexicanos en los grandes medios nacionales; exportadores afectados por nuestros aranceles; republicanos opuestos al principio mismo; partidarios del T-MEC que saben que así no pasa; abogados que cuestionarán la legalidad de las medidas de Trump; altos funcionarios de la administración opuestos a las medidas que por ahora perdieron pero que pueden ganar después; asociaciones de consumidores norteamericanos opuestos al alza de precios de algunos productos.

Sé que la inmensa mayoría de los mexicanos prefiere que sacrifiquemos a los centroamericanos y no nos peleemos con Trump. Lo que no saben es que los centroamericanos no se van a quedar en Centroamérica, que la decencia mexicana sí tiene un valor incalculable, que las escenas de esbirros mexicanos uniformados arrancando niños a sus madres son intolerables, y que Trump no va a quedar satisfecho con estas concesiones mexicanas. Amor y paz.
31 Mayo 2019 04:00:00
¿Vale la pena jugársela con Trump?
El Gobierno ha tomado la decisión audaz y temeraria de enviar al Senado el nuevo tratado de México con Estados Unidos y Canadá para su ratificación. Audaz y temeraria porque, si bien existen buenas razones para adelantarse a Estados Unidos, también sobran los motivos para pensar que no necesariamente saldrá bien esta postura.

Como se sabe, los tres poderes legislativos de México, Estados Unidos y Canadá deben ratificar el convenio, cada uno a su manera. En México, por ser un tratado, debe ser aprobado por las dos terceras partes del Senado; en Canadá, por una mayoría simple del Parlamento. En Estados Unidos, al no ser un tratado sino un acuerdo comercial, debe ser ratificado por una mayoría simple de ambas Cámaras. México y Canadá, prácticamente de manera simultánea y coordinada, decidieron buscar su aprobación respectiva no solo antes de Estados Unidos sino sin saber cuándo Estados Unidos procederá a dicha aprobación, o incluso si esta tendrá lugar antes del 2021. Sin conocer de primera mano los motivos de esta decisión, podemos adelantar algunas hipótesis.

En primer lugar, probablemente se trata de una maniobra consultada con, o incluso sugerida por el yerno de Donald Trump, quien ha llevado las negociaciones del tratado desde un principio. Tendría un doble propósito. En primer lugar, mandarle un mensaje a la mayoría Demócrata en la Cámara de Representantes de Washington que no podrá reabrirse el tratado, ya que habrá sido ratificado por los poderes legislativos de los otros países. La opción de volver a negociar aspectos de la industria farmacéutica, del cumplimiento de la reforma laboral y de los temas ambientales, quedaría descartada. Seguiría abierta la posibilidad de acuerdos paralelos, como en 1993, pero no de una nueva negociación. No es una mala jugada en ese sentido.

En segundo lugar, Kushner, López Obrador y Trudeau quizás pensaron que también podían presionar a los demócratas en la Cámara baja al advertirles que urgía ya una ratificación por su parte para no quedarse atrás. Buscan acelerar un proceso que si se prolonga más allá de agosto –en mi opinión– o de octubre o noviembre -en la opinión de algunos colegas- no sería susceptible de ser aprobado hasta la primavera del 2021.

En este sentido, si esta especulación es correcta, la decisión que se tomó de manera concertada con Canadá y con la administración Trump, puede resultar. O en todo caso, por lo menos cerrar la puerta ante la eventualidad de una renegociación, y ejercer una cierta presión sobre Nancy Pelosi y los demócratas para que no se eternice el proceso en Washington.

Pero si la decisión es audaz, también es temeraria. Ya hemos dicho en estas páginas, y muchos otros lo han comentado con mayor autoridad que yo, que el nivel de antagonismo que impera hoy entre los demócratas de la Cámara baja y la Casa Blanca es inusitado. No habíamos visto algo así desde 1974 y el intento de destitución, seguido por la renuncia de Richard Nixon. No necesariamente va a durar para siempre, y Trump es lo suficientemente pragmático para buscar opciones. Pero las últimas tres semanas han mostrado una intensidad de desprecio, insultos, odios y resentimientos de ambas partes que vuelven muy difícil cualquier acercamiento. Y también vuelve muy difícil pensar que México deba involucrarse con uno de los bandos, sin comprometer o perjudicar seriamente la relación con el otro.

Me explico. Pelosi y los demócratas entienden muy bien la urgencia de México y la importancia de una pronta ratificación del T-MEC. También saben que lo que a ellos les importa más que nada en este momento es ganarle la elección a Trump. Comprenden que si ellos le aprueban a Trump su USMCA, él lo utilizará como bandera en la campaña. Lo hará por lo menos en aquellos estados donde puede ser popular la tesis según la cual él echó a la basura el viejo NAFTA, que no servía de nada, y lo sustituyó con un magnífico USMCA, que resolverá todos los problemas de empleo y de exportaciones de tal o cual estado de la Unión norteamericana.

Se corre el riesgo, seguramente calculado por la Cancillería y por Palacio, de que la decisión mexicana, y la presión concertada con Kushner y con Trudeau, sea vista como hacerle el juego a la reelección de Trump. Con lo encendidos que se encuentran los ánimos hoy en Washington, y como se encontrarán a partir de septiembre, cuando empieza la campaña electoral, por lo menos del Partido Demócrata, no sé si la jugada resulte tan inteligente o perspicaz como pueda parecerlo hoy.

En todo caso la decisión ya se tomó. No hay marcha atrás. Ahora todo depende de que Trump se entienda con los demócratas; que estos no decidan buscar su destitución; y que todos antepongan la trascendencia de la relación con México a las pugnas políticas internas. Ya anoche Pelosi le advirtió a Trump que no la chantajeara. Y Trump, por su parte, anunció anoche que a partir del 10 de junio impondrá un arancel del 5% a todas las importaciones procedentes de México. Al abordaje mis valientes.
29 Mayo 2019 04:00:00
La del sobre en los tiempos de la 4T
Si Emilio Lozoya es detenido, juzgado y condenado por el tema de Agro Nitrogenados, podremos reiniciar la discusión sobre el pacto de impunidad. Algunos sostendrán que la aprehensión de Lozoya y su hipotético encarcelamiento constituyen una prueba definitiva de que no hubo tal pacto, y que López Obrador va en serio contra la corrupción, con todos los lugares comunes del caso: caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias. Otros diremos que una golondrina no hace verano, y que Lozoya, en su caso, es la excepción que confirma la regla. Alonso Ancira no entra en el debate, ya que ha sido objeto de investigaciones y órdenes de aprehensión bajo otros sexenios.

Argumentaremos que el exdirector de Pemex habrá sido el chivo expiatorio –como siempre alega AMLO– necesario e inevitable para proteger a Peña Nieto y a una parte del resto de su equipo. Insistiré en que, por lo menos desde el sexenio de López Portillo, todos los presidentes priistas meten a la cárcel a un alto funcionario o aliado decisivo del gobierno anterior. Pocos recuerdan los nombres; yo, sí.

Son, entre otros: Félix Barra y Eugenio Méndez Docurro, bajo JLP; Jorge Díaz Serrano, bajo Miguel de la Madrid; “La Quina”, bajo Carlos Salinas; Raúl Salinas, bajo Ernesto Zedillo; Fox y Calderón, nadie; Elba Esther Gordillo, bajo Peña Nieto; Lozoya, en su caso, bajo AMLO.

Cada quien afirmará la inocencia o culpabilidad de uno u otro de los detenidos, pero será difícil rechazar la citada continuidad de procedimientos. Por mi parte, subrayaré que el pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador representa una ruptura con el pasado, si es que se mantiene.

Implica una ruptura porque aunque algunos piensen que Zedillo le despejó el camino a Fox, y otros crean que Fox pactó con Calderón o este último con EPN, nada de eso fue cierto. Zedillo ayudó a Labastida hasta un mes antes de las elecciones del 2000; Fox apoyó a Calderón sin pacto ni simpatía, sino únicamente porque prefería, tanto en lo personal como en lo sustantivo, al candidato de su partido que a AMLO; y Calderón sacrificó a la aspirante de su partido porque concluyó que Vázquez Mota no podía ganar, y que Peña Nieto seguiría adelante con su guerra y su modelo en general.

AMLO y Peña, no. EPN sabía que Morena echaría para atrás todo lo que hizo; que le haría un enorme daño al país; y que Anaya mantendría una parte del rumbo sustantivo de los 25 años anteriores. Pero también sabía que podía pactar con AMLO su propia integridad y libertad personales, la de la mayoría de sus colaboradores, y que eso probablemente no sería factible con Anaya.

Meade obviamente no figuraba en la ecuación. ¿Lozoya sería incluido en el pacto? A juzgar por la cercanía con Peña en la campaña de 2012, y por su desfachatez en Pemex, en principio sí. Las sumas que habría recibido de Odebrecht, si es que lo acusan más adelante por eso, podrían haber caído en parte en manos de la propia campaña. A juzgar por la manera en que fue defenestrado por Videgaray, al cabo de una larga tentativa inicialmente infructuosa, tal vez nunca figuró en las listas “blancas” del pacto.

Lo que sí deben saber los jóvenes que defienden a la 4T con pasión y constancia, aunque no siempre con veracidad y pertinencia, es que además de la anécdota de los tres sobres, existe una tradición priista de gobierno.

Cuando se complican las cosas, es recomendable, o incluso imperativo, echarle la culpa al predecesor. Los tres focos rojos de la 4T, por ahora, son salud, el tema migratorio, y Pemex. Si la situación de Pemex es peor de lo que nos han dicho, o de lo que sabemos los que no sabemos mucho, o de lo que empiezan a sospechar los mercados, qué mejor que aplicar la del sobre al caso concreto del mayor peligro.

¿Por qué se encuentra Pemex en peligro y en desgracia? Así lo dejó Lozoya, lo cual no sería para nada falso.
27 Mayo 2019 04:00:00
El verdadero blanco: Cuba
Al empezar con cierta seriedad los contactos entre el presidente Guaidó de Venezuela, en Noruega, con el usurpador Nicolás Maduro, uno puede pensar que comienza ya a divisarse una salida a la terrible tragedia que azota a ese país.

Claro, existe el riesgo de que otra vez Maduro y el chavismo aprovechen el supuesto diálogo para eternizarse en el poder; asimismo puede resquebrajarse el frente internacional de apoyo a Guaidó si empiezan unos países a pedirle mayores concesiones y otros países a exigirle que se mantenga firme. Pero el verdadero problema, quizás no se encuentre en Venezuela, sino en Cuba.

Una serie de pláticas en Washington, Nueva York y en México con personas cercanas al Gobierno de Donald Trump y con ciertos sectores republicanos de Florida, llevan a pensar que la postura de la administración Trump frente a Venezuela, en el fondo es una mera finta. Muchos piensan que el verdadero objetivo de la Casa Blanca y sobre todo del Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton y del senador cubano-americano por Florida, Marco Rubio, es el Gobierno de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel en La Habana. Podría parecer absurdo que, al cabo de casi 60 años de intentos por lograr un cambio de régimen en la isla, los estadunidenses quieran volver a intentarlo. Sin embargo, hay motivos para creer que de eso se trata.

Hasta donde entiendo el cálculo de estos personajes en Washington, piensan que existen hoy en Cuba, elementos nuevos, anteriormente ausentes, para convencerse de que un nuevo intento de derrocamiento es viable.

En primer lugar, antes que nada, desde luego, la ausencia de Fidel Castro. Conviene recordar, que en cada uno de los momentos más difíciles que ha vivido la dictadura cubana, el mantenimiento de la misma se debió al involucramiento personal de Fidel Castro.

La última vez fue desde luego El Maleconazo en agosto de 1994, en pleno periodo especial, provocado por la caída de la Unión Soviética y el fin del subsidio de Moscú al régimen castrista. Hoy ya no está Fidel ni Raúl tiene la capacidad de pararse frente a la gente y disuadirlos de cualquier tipo de motín, y Díaz Canel desde luego que carece por completo de esa capacidad.

Segundo elemento: la situación económica en Cuba se ha agravado seriamente durante los últimos meses. Apenas hace unas dos semanas se reintrodujo el racionamiento de algunos productos de primera necesidad como huevo, pollo, jabón, leche. El desabastecimiento ya es una realidad renovada.

De la misma manera, la reducción draconiana de los envíos de petróleo, de Venezuela a La Habana, ha generado una serie de apagones que se van a agudizar seguramente durante el verano. No existe ninguna alternativa ahorita para la dictadura, ya que la única posible, que sería el Gobierno de López Obrador en México, no está en condiciones de hacerlo. Al grado que cuando vino a México el canciller cubano Bruno Rodríguez, hace un par de semanas, ni siquiera lo recibió el Presidente.

En tercer lugar, las medidas de la administración Trump para revertir la normalización de Obama sí pueden surtir cierto efecto. Se trata de limitaciones al envío de remesas –quizás la medida menos importante– aunado a los crecientes obstáculos impuestos por el Gobierno de EU al turismo norteamericano en Cuba; y sobre todo la no suspensión de los llamados títulos III y IV de la Ley Helms-Burton de 1995, que actúan como un disuasivo muy importante para la inversión, no solo norteamericana sino europea y también latinoamericana.

En cuarto lugar, el mismo drama venezolano repercute en Cuba. No solo por la reducción de las entregas de petróleo, tanto para consumo cubano como para re-exportación, y también con motivo de la restricción de divisas en Venezuela que ha generado una disminución del pago venezolano por todo el dispositivo médico, deportivo, de inteligencia y de seguridad cubano en Venezuela. Todo esto no tiene mayor sustitución posible.

La gente que cree estar enterada en Washington, en México y Nueva York, concluye de todo esto que el verdadero objetivo de Trump, Bolton y Rubio, es La Habana. Sostienen que seguramente se equivocan pero que no carece de cierta lógica su posición. Les están brillando los ojitos. Venezuela en esta hipótesis, como dije, sería una mera finta. El verdadero objetivo es La Habana.
24 Mayo 2019 04:00:00
Ya mero está  el T-MEC…
En el Gobierno y dentro del empresariado se ha producido un pequeño brote de optimismo después de varios días de malas noticias económicas. Donald Trump anunció la semana pasada que levantaría ya los aranceles sobre las importaciones norteamericanas de acero y aluminio procedentes de México y Canadá.

Como las autoridades de este último país habían puesto dicho levantamiento como condición para ratificar el T-MEC (o USMCA en inglés), la decisión de Washington liberaba el paso a la ratificación. O eso pensaban, en todo caso.

Por lo tanto, junto con la aprobación por el Congreso mexicano de la reforma laboral impuesta por EU como su condición para el nuevo acuerdo, ya parecía despejarse el camino hacia el paraíso.

Afloraron múltiples declaraciones de funcionarios y empresarios en ese sentido, incluyendo algunas muy divertidas sobre el éxito negociador mexicano en lograr la eliminación de una medida adoptada por EU a cambio de nada. Sin embargo, ahora resulta que el camino despejado luce más tortuoso que nunca, y casi infranqueable.

Los que siguen de cerca –para el Gobierno y el sector privado– la evolución del T-MEC en Washington saben que la ecuación política en esa ciudad se ha complicado enormemente después del mes de noviembre. Se conjugó la nueva mayoría Demócrata en la Cámara de Diputados con el final inconcluso del Informe Mueller sobre las travesuras de Trump y de su familia durante la campaña del 2016 y los primeros meses del Gobierno.

A esto se sumó la decisión –lógica pero temeraria– de Trump de negarse a entregar a la Cámara baja cualquier documento que le solicite: ni sus declaraciones de impuestos, ni las notas de sus abogados, ni sus estados financieros, ni el Informe Mueller en su totalidad.

De tal suerte que hoy los Demócratas en la Cámara de Representantes, sin unos 40 de los cuales no pasa el T-MEC, se encuentran enfurecidos con Trump por el tema de los documentos.

Si antes de los enfrentamientos casi violentos entre Nancy Pelosi y Trump de los últimos días, esta no veía muchos motivos para regalarle a su adversario cualquier medalla –como el T-MEC–, ahora menos.

El propio Presidente estadunidense advirtió anteayer que mientras no cesaran las investigaciones y solicitudes de comparecencias y papeles, no habría ningún trato con los demócratas. Si no lo hay en temas en los que las tropas de Pelosi se hallan unidas y que le reditúen a su partido, menos lo habrá en otras materias, que le ayuden a Trump. El tema es un simple y llano cálculo político.

La tesis un poco ingenua de que los empresarios estadunidenses van a presionar a los congresistas en su distritos para que voten a favor del convenio trilateral podía haber sido cierta en 1993 (con Clinton de presidente, por cierto) o hace unas semanas. Hoy parece ilusa. Además, todo eso requiere tiempo.

La ventana legislativa real en Washington para un tema comercial es bien conocida. No habrá aprobación por el Congreso (ambas cámaras) una vez que arranque la campaña presidencial de 2020, es decir en septiembre de este año, aunque de hecho ya empezó. Hay demasiados legisladores demócratas buscando la candidatura de su partido para arriesgarse a un voto en el Capitolio en plenas primarias. Es por ello que si no se llega a votar el T-MEC antes de que concluya la sesión de verano en agosto, es altamente probable que el tema se vaya hasta la primavera de 202l, suponiendo que Trump sea reelecto.

A AMLO y a los empresarios del cuarto de junto les quedan un poco menos de tres meses para sacar adelante el nuevo tratado. Solo hace falta juntar los votos en ambas cámaras de Washington, reconciliar a Pelosi con Trump, convencer a este último que le entregue a los demócratas lo que piden y a Pelosi que esta vez los mexicanos sí van a cumplir con las disposiciones del acuerdo. Ah, y que no empiece un proceso de destitución y que Trump no caiga en las encuestas frente a Biden. Suerte.
22 Mayo 2019 04:00:00
El caos en Palacio
La renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS se supo en una comida hace una decena de días. Dijo, según testigos, que iba a renunciar porque si bien López Obrador tenía todo el derecho de efectuar una serie de recortes demoledores al personal, al gasto, al proyecto del IMSS, y transferir esos recursos a Pemex, él tenía todo el derecho de no ser el agente de esa salvajada. Detalles más, detalles menos es lo que cuenta Martínez en su carta de renuncia, salvo que lo hace a la mexicana: los malos son los de Hacienda. A López Obrador simplemente no le llega la información de las fechorías de la dictadura de la SHCP.

En realidad, el fondo del asunto es la hipercentralización del Gobierno que está llevando a cabo Presidencia y Hacienda. El haber eliminado la función de los oficiales mayores en las Secretarías para que solo haya enviados de Hacienda en cada dependencia, puede, en efecto, reducir la corrupción en las dependencias que gastan mucho dinero. Pero entraña una parálisis completa y un gran temor por parte de los demás funcionarios de gastar lo que tienen que gastar. Sin hablar de que en muchos casos los enviados de Hacienda son unos auténticos trogloditas, ya no los integrantes de la tecnocracia hacendaria, sino los nuevos cuadros de Morena. La centralización de todas las compras en la Oficialía Mayor de Hacienda crea una segunda complicación. Todo se compra en Hacienda, todo lo decide la oficial mayor junto con el Secretario. Pero las dimensiones del Estado mexicano son tales que pensar que se puede hacer eso sin paralizar al Gobierno es aberrante.

Ahora bien, junto con toda esta hipercentralización en Hacienda, se está produciendo una centralización en Presidencia que llega a niveles de caricatura. Hay dos ejemplos en los que quisiera centrarme porque son sintomáticos. López Obrador reveló hace un par de días que desde que decidió que él iba a palomear cada comisión al extranjero de cualquier funcionario del Gobierno, recibió en los primeros días 100 solicitudes de funcionarios para viajar al extranjero y solo aprobó 20. No puede haber peor uso del tiempo del Presidente que palomear viáticos.

Hay muchísimos funcionarios que tienen que atender compromisos internacionales de México, no solo desde la Cancillería sino en cada dependencia. Existe una cierta especialización: es difícil que Salud atienda sus compromisos en la OPS o en la OMS sin que vayan sus funcionarios; lo mismo sucede con la OIT y la Secretaría del Trabajo; con la PGR –ahora Fiscalía– o la Secretaría de Seguridad Pública, con la infinidad de reuniones que hay. Si López Obrador va a aprobar las comisiones de cada Secretaría, lo único que va a suceder es que no van a viajar los funcionarios. Van a atender los compromisos o bien un funcionario de la Cancillería en la sede de la organización internacional a la que se asista, o simplemente nadie.

El otro caso, ese sí francamente divertido, es el de María Novaro, directora de IMCINE, que financia, a través de los mecanismos del fisco, la realización de películas en México. También, debe acudir a una serie de festivales de cine en el mundo.

¿Quién va generalmente a los festivales de cine? Pues básicamente gente fifí: actores y actrices, directores y productores de cine, empresarios, músicos, camarógrafos; en fin, a los festivales de cine va gente de cine. Algunos son muy importantes, otros lo son menos. Pero desde la Segunda Guerra Mundial por lo menos, el principal festival de cine del mundo tiene lugar en Cannes, en la Riviera Francesa. Un lugar muy fifí, lleno de hoteles caros, de playas con modelos, de fiestas, de champaña, de caviar; es el gran festival. Que, por cierto, en esta ocasión tiene a un mexicano como presidente del jurado: Alejandro González Iñárritu.

Pues María Novaro ya se había ido a Cannes, acompañada de tres funcionarios de IMCINE, según El Sol de México, pero resultó que no había solicitado autorización de Palacio para el viaje. Cuando se enteraron ahí de que se había desplazado sin permiso, la obligaron a regresar. En otras palabras, se le prohibió a la directora de IMCINE ir al principal festival de cine del mundo.

Quizás lo que pensaba López Obrador, o quien la mandó traer de vuelta a México desde Cannes, es que, si hay un par de festivales de cine importantes en México, como el de Morelia y Guadalajara, pues que el IMCINE vaya a esos y no ande gastando dinero del pueblo en Cannes. Pues sí, puede tener mucho sentido eso, pero también puede uno preguntarse si realmente queremos volvernos Tabasco en el mundo, porque en el año de México en el cine mundial, no sé si este tipo de conductas sea la más sensata.
17 Mayo 2019 04:07:00
Ya no el Fondo. ¿Y luego?
El presidente López obrador acaba de anunciar que no se utilizarán recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para refinanciar a Pemex o en todo caso para evitar que saliera a los mercados a refinanciar los casi 7 mil millones de dólares que se vencen este año. Así en apariencia se pone fin a un debate que venía produciéndose dentro del Gobierno desde hace un par de meses.

A partir de marzo comenzaron a filtrarse las versiones en columnas y periódicos especializados, de que la Secretaría de Hacienda, tal vez también Pemex, preferían esa solución, es decir aprovechar un poco menos de la mitad del Fondo para capitalizar a Pemex y sobre todo evitar el oso de buscar fondos de refinanciamiento en los mercados. A diferencia de simplemente aumentar y prolongar la línea de crédito, a un precio mayor que tenía Pemex desde antes para refinanciar los 6.8 mil millones de dólares que se vencen este año, Pemex tendría que salir a conseguirlos. No enfrentaría ninguna dificultad para hacerlo, pero habría un pequeño problema. ¿A qué tasa iba a poder conseguir dinero de largo plazo Pemex hoy? Probablemente a una tasa muy superior a la que se venía pagando desde hace algún tiempo. Eso hubiera sido visto por los mercados y por los poderes fácticos en México como un revés para el Gobierno, revés que prefería evitar.

Según se decía, López Obrador nunca estuvo del todo de acuerdo con la idea de allegarse recursos del Fondo. Decía que en los hechos equivalía a aumentar la deuda del Gobierno; a utilizar un recurso que de cualquier manera solo funcionaría una sola vez; y que además seguramente implicaría algún cambio en el mandato del Fondo, ya que no está estipulado que pueda utilizarse para ese propósito, aunque tampoco se prohíbe lo contrario. Tenía algo de razón. En cambio, Urzúa y Arturo Herrera parecían ser partidarios de utilizar el Fondo porque pensaban que era la mejor manera de resolver un problema no catastrófico, pero nada despreciable.

La línea de crédito anunciada con bombo y platillo el lunes por López Obrador y ejecutivos locales de banca internacional puede o no constituir un esquema rentable, pero en principio no sirve para liquidar los vencimientos este año de la deuda de largo plazo de Pemex. O de serlo, representaría un procedimiento un poco extraño ya que implicaría usar deuda de corto plazo para pagar la de largo plazo, lo cual no sería muy lógico que digamos. Quizás buscan hacer eso. O a lo mejor, en efecto quieren canalizar directamente dinero de Hacienda a Pemex, pero como Hacienda no tiene dinero propio, esto tendría que provenir de otras dependencias. Tal vez ahí se encuentre la solución del acertijo.

Ya anunció el secretario de Hacienda hace un par de semanas un nuevo recorte en las dependencias. No dijo cuáles, ni cuánto ni cuándo. Pero según se escucha de personas que trabajan en una u otra dependencia, hasta al Seguro Social le quieren imponer recortes adicionales a pesar de todos los problemas de abastecimiento de medicamentos y de atención a usuarios, para transferirlos a Pemex. Quizás el Gobierno tenga la peregrina idea de llevar a cabo mayores recortes en todas las dependencias y canalizar todos esos ahorros a Pemex, lo cual de alguna manera fue dicho por Hacienda hace unas semanas. Habrá que ver si de ahí salen 6.8 mil millones de dólares, en primer lugar, y cuánto van a doler esos recortes en esas dependencias, en segundo lugar.

El Fondo no era quizás la mejor idea para refinanciar la deuda de Pemex y salir al mercado a hacerlo tampoco era una gran ocurrencia porque Pemex se hubiera auto ventaneado: teniendo que pagar bastante más por su dinero de ahora al que pagaba antes. Pero arrebatarle recursos al Seguro Social, a Seguridad, a Sedesol, a Educación para rellenar las arcas de Pemex, cuando ni siquiera existe el famoso plan de negocios, y cuando el propio banco que le amplió la línea de crédito a López Obrador a principios de semana ya ha criticado todo el esquema de salvación de Pemex, no parece ser el método más inteligente.

En estos días supongo que López Obrador, o Pemex o Energía o Hacienda, nos informarán exactamente qué piensan hacer para atender los vencimientos de Pemex. Ya entonces sabremos que sí se va a hacer: por ahora ya sabemos lo que no: sacar recursos del FIEP.
15 Mayo 2019 03:32:00
Otro oso (otra marginación de SRE): el embajador de Venezuela
Haber otorgado el beneplácito al embajador de la dictadura de Nicolás Maduro en México constituye una vergüenza para el país, un error político, pero sobre todo una pifia diplomática innecesaria. Lo es por la persona al que le fue concedido, por las explicaciones que se dieron, y por la incapacidad o renuencia a adoptar una solución factible, fácil y económica.

Francisco Arias Cárdenas fue golpista con Chávez en 1992. Se dirá que se trataba de una buena causa, contra un régimen neoliberal, que Chávez también lo fue, pero nada de todo eso justifica su aceptación por un tercer país. Los venezolanos eligieron a Chávez en 1998, pero México no tenía por qué aceptar a uno de sus colegas. Ya me imagino si el Gobierno chileno de Patricio Aylwin en 1990 nos hubiera mandado de nuevo embajador a un exmiembro de la junta que derrocó a Salvador Allende. Que por cierto Carlos Andrés Pérez, el presidente venezolano contra el cual se alzaron, entre otros, Chávez y Arias Cárdenas, era tan amigo de México como el “Chicho”.

En segundo lugar, la Cancillería inventó una serie de mentiras o medias verdades para justificar el otorgamiento del beneplácito. La Convención de Viena no obliga a otorgar o negar beneplácitos en un plazo determinado, y la supuesta, anacrónica y absurda Doctrina Estrada no dice absolutamente nada al respecto. La tesis según la cual en los archivos de la Cancillería no figura ningún trazo de un beneplácito anteriormente negado es un argumento para tontos e ignorantes. Los beneplácitos no se niegan por escrito, se hace palpable de manera indirecta u oficiosa que un determinado país no desea que fulano de tal sea el embajador de otro determinado país y punto.

Me remito a los dos casos que sí conozco, de dos beneplácitos negados en los hechos a México, en los años 80. Tanto el Reino de Holanda como el Reino Unido le comunicaron a los gobiernos de De la Madrid y de Salinas de Gortari que sus candidatos a ocupar la representación diplomática de México en La Haya y Londres no eran aceptables, y que mejor los retiraran. Si no deseaban hacerlo, no habría un rechazo formal, pero jamás una aceptación. Se retiraron ambas candidaturas, después de un “intervalo decente”.

Por último, acceder a la petición de Maduro fue un error político. La embajadora anterior del dictador había sido por lo menos aprobada por la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoritaria. Arias Cárdenas es el embajador de la Asamblea Constituyente, espuria, desconocida por buena parte del mundo, y repudiada por el pueblo venezolano. Maduro lo es también. Incluso en términos jurídicos no queda claro si podrá tomar posesión de la representación diplomática en la Ciudad de México.

Pero, sobre todo, la metida de pata trae dos consecuencias lamentables. En primer lugar, cualquier taparrabos de neutralidad al que hubiera podido aspirar López Obrador se destruyó. Por razones de pura afinidad ideológica, se otorgó un beneplácito innecesario. ¿Por qué innecesario? La respuesta es evidente para cualquiera con un mínimo de experiencia. Bastaba con no dar respuesta a la solicitud de Maduro: ni sí, ni no. Nos lo han hecho muchas veces; todos los países recurren a esta medida; nadie puede reclamar nada, y si reclaman, ni siquiera es pertinente responder. “Estamos estudiando el caso”.

Al desaparecer todo viso de neutralidad, queda patente la toma de partido de AMLO por Maduro, y la marginación completa de la Cancillería. Sabíamos que no metió ni las manos en el tema del Rey de España; conocimos las objeciones del secretario a las modalidades de la visita de Kushner a México y cómo fue informado a última hora; ahora nos enteramos que tampoco incide en la política hacia Venezuela. Nadie nos va a convencer que Ebrard no sabía que existía una alternativa, y que prefirió el oso de Arias Cárdenas a la demora indefinida. Fue MORENA, y las huestes chavistas mexicanas, que obviamente se brincaron a Ebrard y convencieron a quienes mandan que sí había que aceptar al enviado de Maduro. Golpista, ilegal e
innecesario.

13 Mayo 2019 04:01:00
Más migrantes que nunca; más trabajo sucio que antes
En vista de las barbaridades que se siguen cometiendo en ambas fronteras, mexicanos contra migrantes centroamericanos, cubanos y ahora del mundo entero, parece que no me queda más remedio que insistir en el tema. Sobre todo cuando compruebo que los colegas de la comentocracia guardan un silencio al respecto difícil de comprender.

Lo más impactante en días recientes ya no son las escenas –nos estamos acostumbrando– sino los números.

En abril, las autoridades norteamericanas detuvieron a 109 mil migrantes sin papeles en la frontera con México, un incremento de 5% en relación con marzo, un mes de 31 días, en lugar de los 30 de abril. Es la cifra más elevada desde 2007. Equivale a más de 3 mil migrantes diarios, y más o menos a un total correspondiente de solicitudes de asilo.

Desde principios de año, casi suman 400 mil los extranjeros que han llegado a Estados Unidos vía México.

Si nos devolvieran la décima parte, gracias al infame acuerdo negociado por el Gobierno de López Obrador con Washington llamado Remain in Mexico, tendríamos que ocuparnos, por ahora, de 40 mil centroamericanos durante varios meses, en un puñado de puntos fronterizos.

Pero el dato más preocupante es el de deportaciones realizadas por México en estos meses, y sobre todo en abril. No por el monto, sino por el contraste con las cifras norteamericanas. Según el Instituto Nacional de Migración, el mes pasado sus agentes deportaron a 15 mil migrantes, principalmente centroamericanos; tres veces más que en diciembre.

Lógicamente las autoridades, tan mentirosas en esta materia como las de los sexenios anteriores, sostienen que el aumento corresponde a un incremento de la migración. Sin duda, pero no de 200%. Proviene de un cambio evidente de la estrategia migratoria de AMLO, impuesta por Estados Unidos.

Pero hasta cierto punto, eso es lo de menos. La catástrofe migratoria consiste en el contraste entre los datos de Estados Unidos y México. Llegaron 109 mil; deportamos a 15 mil, echándole muchas ganas, golpeando a mujeres y niños, engañando a la gente.

Surgen dos preguntas: ¿Trump se va a quedar satisfecho con que solo deportemos a un 12% de los que llegan? ¿Qué tantas violaciones a la decencia y a los derechos humanos deberemos cometer para deportar siquiera a la mitad de los que se “cuelan”, digamos 50 mil?

Las dimensiones del reto son, en efecto, gigantescas. Pero un gobierno serio, honesto y competente le explicaría al país esas dimensiones y las complejidades que las acompañan.

Olvidémonos de la inmoralidad de hacerle el trabajo sucio a Trump a cambio de nada (T-MEC no parece que vaya a haber, y se supone que les conviene a ellos igual que a nosotros). No tenemos la capacidad de cumplirle a Trump la odiosa faena que nos encomendó y que aceptamos realizar.

Por cada centroamericano que deportamos, pasan seis. Por cada detenido en las estaciones migratorias de Tapachula, etc., se escapan decenas, sobre todo los cubanos, para los cuales la perspectiva de volver a la isla es intolerable.

Por cada niño que los esbirros del INM le arrancan a su madre, pasan 8 mil 800, según las cifras del propio instituto. ¿Cuál es el sentido de aumentar las deportaciones, y de recibir a los hondureños que solicitan asilo a Estados Unidos, si nunca podremos lidiar con estas cifras?

Una política más sensata consistiría en decirle públicamente a Trump –no en lo oscurito, como le gusta a AMLO– que no podemos seguir así. Estados Unidos debe hacer lo necesario –con recursos, presiones, en su caso presencia– en los países del Triángulo del Norte para que la gente no se quiera ir. Luego, debe darle asilo expedito a quien llegue y lo merezca, sin exagerar los requisitos.

Por último, México debe tratar de disuadir, sin mentiras ni golpes, a los que pretenden llegar a la frontera norte, para que permanezcan en el país. Pero si no quieren, es mil veces preferible trasladar el problema a Estados Unidos que cargar con el nosotros. ¿O no es justamente lo que busca hacer Trump con México?
10 Mayo 2019 04:05:00
Dos Bocas PMH
La decisión de Andrés Manuel López Obrador de construir su refinería en Dos Bocas por su cuenta, y PMH, puede convertirse en un parteaguas de su sexenio.

No solo por la imprudencia de la medida; no solo por el carácter autoritario de la opción; no solo por su naturaleza probablemente violatoria tanto del TLCAN como del T-MEC; sino sobre todo por la obcecación que ilustra.

No hay un solo estudio que demuestre que la refinería representa una asignación sensata de recursos. Aún aceptando la necedad de preferir refinar que importar gasolinas, la misma cantidad de dinero canalizada a re-re-configurar las seis refinerías existentes rinde más que Dos Bocas.

Hacer caso omiso del escepticismo de las cuatro empresas escogidas por el equipo gubernamental es irreal. Las cuatro expresaron, según el propio Presidente, que era imposible realizar la obra en tres años y a un costo de 8 mil millones de dólares. Pues entonces que la haga Pemex y tal y como yo diga.

Esto presupone que Pemex puede construir una refinería –si fuera cierto que la última, Salina Cruz, la haya edificado la paraestatal, fue hace 40 años–, que puede hacerlo a un costo menor que los grandes consorcios seleccionados por AMLO, y en un tiempo récord.

No existe ninguna razón para creer que esto sea posible.

Es simplemente un deseo presidencial.
Asimismo, se da por sentado que las calificadoras de Pemex no brincarán al comprobar que el Gobierno prefiere inyectarle 8 mil millones de dólares en tres años a una refinería que no es costeable, y tal vez no sea viable, en lugar de utilizar ese dinero para rescatar a la empresa.

El único motivo para construir una refinería así es el que dice AMLO: beneficiar a su tierra, y buscar la autosuficiencia en gasolinas. Ninguna calificadora; ningún inversionista; ningún organismo internacional, acepta ese tipo de justificaciones.

Es invendible la idea, salvo entre las huestes de Morena.

Pero además, posiblemente sea ilegal. Ya haber limitado la licitación a cuatro empresas o consorcios previamente seleccionados lo era. Los tratados firmados por México con Canadá, Japón y la Unión Europea, por lo menos, así lo señalan. El Gobierno tuvo la suerte que nadie quiso entrarle al negocio, y por lo tanto no se presentó ninguna demanda. Pero todos los instrumentos internacionales de libre comercio prevén condiciones de acceso equitativo a cualquier licitación, sobre todo para un contrato gubernamental (y Pemex lo sigue siendo); está prohibido favorecer a unos y excluir a otros.

Pero entregarle el contrato a una empresa estatal, sin licitación, casi seguramente viola el principio de trato nacional, consagrado en todos los convenios ratificados por México. Dicho principio significa que todas las empresas, públicas y privadas, de todos los países partes de un tratado, deberán recibir el mismo trato que las del país otorgante del contrato.

Ya dijimos en estas páginas que la idea de reservar el proyecto Trans-ístmico a inversionistas mexicanos violaba dichos tratados; la decisión sobre Dos Bocas, también.

A menos de que se afirme que una refinería es un asunto de seguridad nacional... exactamente lo que le cuestionamos a Trump a propósito del acero, el aluminio, y tal vez los automóviles.

De allí la contradicción que muchos negociadores del TLC original le reclaman a AMLO. Dice que busca que se apruebe tal cual, este año. Pero en los hechos pone en práctica políticas públicas –licitaciones, precios de garantía, exclusiones y preferencias– que contradicen la letra y el espíritu de cualquier tratado de esta índole.

Tal vez no lo sabe; quizás no lo entiende; posiblemente no le importa. Poco a poco, sin embargo, los mercados le van a cobrar la factura. Si sus colaboradores no se la cobran antes.

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